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Entre 2002 y 2017, las muertes de defensores ambientales ocurridas en el mundo se duplicaron, y del total de decesos (1.558), 75 por ciento (1.171) tuvieron lugar en Latinoamérica, según revela un estudio publicado en Nature Sustainability.

El estudio —realizado por científicos de las universidades de Queensland  (Australia), Oxford y Sussex (Inglaterra)— consideró como defensores ambientales a activistas comunitarios, abogados, periodistas, miembros de movimientos sociales, personal de ONGs y pueblos indígenas. Sobre las razones de esta violencia, destacó principalmente los conflictos generados por el acceso a recursos naturales como el agua, madera, tierra (para la agricultura o el desarrollo), y minerales.

“La fuerte demanda de recursos naturales combinada con un débil estado de derecho convierte a Latinoamérica en una de las peores regiones del mundo en este tema”.

Nathalie Butt, Universidad de Queensland (Australia)


Según la investigación, de los 16 países de América Latina que concentran dos tercios de las muertes, Brasil lidera la lista con 609 asesinatos, seguido por Colombia (164),  Honduras (138), Perú (79), y México (66). El único país fuera de la región que llega a este nivel de violencia, señaló el trabajo, es Filipinas con 192 muertes.

El aumento de la cantidad de asesinatos a lo largo del tiempo podría ser real, pero también podría estar relacionado con el mejor acceso a la información, dijo a SciDev.Net Nathalie Butt, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Queensland y líder del estudio. “La falta de información es un problema en países con un estado de derecho débil. Aún así, podemos decir definitivamente que hay un gran aumento en la cantidad de muertes reportada, lo que puede ser un reflejo de la cifra real”, agregó.

“Por un lado, son muy preocupantes los númeross que entrega este trabajo, pero, por otro, es positivo que se estudie el tema, porque hay muchas cifras oscuras”, opinó a SciDev.Net Patricia Araya, abogada de la ONG Fima, que no participó endel estudio. No solo se trata de los casos extremos que terminan en muertes, continuó, sino también de las amenazas, amedrentamientos y agresiones que no son reportadas.

mapa muertes defensores tierras 2002-2017
El mapa muestra la distribución espacial de las muertes de defensores del ambiente entre 2014 y 2017, por sectores clave de recursos naturales: agronegocios, tala, minería y extracción, agua y represas, y caza furtiva.
Crédito: Butt et al. Nature Sustainability.

Si bien la lucha por los recursos sería la principal causa de la violencia, la corrupción también tiene un rol relevante. Los investigadores realizaron una correlación espacial en cuatro sectores con recursos naturales —agricultura, industria forestal, minería, y agua— con la cantidad de muertes por millón de habitantes para cada país, e hicieron ese mismo análisis respecto del estado de derecho en cada nación.

“No hubo una correlación significativa entre esos cuatro sectores y las muertes, pero sí una muy fuerte entre los asesinatos y la corrupción”, explica Nathalie Butt. “La fuerte demanda de recursos naturales combinada con un débil estado de derecho convierte a Latinoamérica en una de las peores regiones del mundo en este tema”, lamentó.

Para Araya esto tiene que ver, en parte, con el desarrollo político que ha tenido la región. “En el pasado, al no haber institucionalidad democrática durante las dictaduras de la región, la legalidad e instituciones eran permisivas con la extracción de recursos naturales”, opinó. Por ello no eran necesarios los asesinatos o amedrentamientos, ya que la explotación se daba en el “marco legal” del momento, cuando los ejércitos eran los garantes del orden. Eso cambió al caer las dictaduras.

A ello se suma que Latinoamérica no solo tiene un gran porcentaje de los recursos naturales del mundo, sino también la mayor concentración de comunidades indígenas, dijo a SciDev.Net Andrea Sanhueza, representante electa de la sociedad civil para la negociación del Acuerdo de Escazú de Chile, que no participó en el estudio. “Es en esas zonas donde se están haciendo explotaciones mineras y de energía con el consiguiente conflicto con las comunidades”, especifica. Entre 2015 y 2017, al menos 121 activista indígenas fueron asesinados en el mundo. De esas muertes, 82 ocurrieron en América Latina, y Colombia, Nicaragua y México encabezan la lista.

El Acuerdo de Escazú es una iniciativa regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que podrá ayudar a esclarecer estos casos. “Se necesita que 11 países lo ratifiquen para que pueda entrar en operación. Esperamos que esto se logre a fines de 2020”, destacó Sanhueza.

Enlace al estudio en Nature Sustainability