Por: Aleida Rueda
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Activistas ecuatorianos instan al gobierno a respetar los resultados de la consulta popular realizada el domingo 20, en la que casi el 60 por ciento votó a favor de detener el desarrollo de nuevos pozos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, un área protegida de la selva amazónica.
Las organizaciones de la sociedad civil calificaron el resultado de la votación del domingo como una victoria histórica, pero el posterior anuncio del gobierno ecuatoriano de que rechazaba el resultado arroja dudas sobre su implementación.
El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, declaró a medios locales el miércoles (23 de agosto) que el gobierno continuará con las actividades de extracción de petróleo como de costumbre, argumentando que, según la constitución, sólo las personas que viven en las cercanías pueden decidir si un proyecto de explotación puede realizarse, iniciarse o detenerse.
Los resultados actuales, respaldados por la Corte Constitucional, obligan al gobierno ecuatoriano a prohibir nuevos contratos de explotación petrolera en la zona de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocida como bloque 43, de la que se extraen 55 mil barriles de petróleo por día, y cuya explotación comenzó en 2016.
Esto implicaría mantener bajo tierra alrededor de 726 millones de barriles de petróleo en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y hogar del pueblo Waorani, y de las comunidades Tagaeri y Taromenane, las últimas que permanecen en aislamiento voluntario en el país.
El gobierno, además, tendría que realizar un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera en la zona en un máximo de 18 meses, lo que implica retirar la maquinaria y cerrar los pozos en operación.
Según datos del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, aproximadamente 10,4 millones de personas –más de la mitad de la población– participaron en este ejercicio de democracia directa, de los cuales el 59 por ciento votó a favor de mantener el crudo bajo tierra, mientras que el 41,03 por ciento votó en contra.
La consulta popular en la que se decidió la preservación del Parque Nacional Yasuní se realizó el domingo 20 de agosto junto con las elecciones presidenciales de Ecuador. Crédito de la imagen: Cortesía de Amazon Frontlines para SciDev.Net
Esta es la primera vez que la ciudadanía de un país productor de petróleo ha tenido la potestad de decidir sobre los límites de la extracción del recurso, lo que sienta un precedente jurídico muy importante.
No obstante, en Orellana, provincia donde se ubica la zona ITT, el 42 por ciento votó a favor de detener la extracción petrolera, frente al 58 por ciento en contra. Éstas son las cifras que el gobierno ha tomado como base para rechazar el resultado general del referéndum.
Activistas de Yasunidos, organización que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios, y que luchó durante diez años por la realización del referéndum, publicaron a última hora del martes un comunicado en sus redes sociales calificando de “desafortunado” el anuncio de Santos e instando a cumplir los resultados de la consulta.
“En caso de que existan indicios de que el gobierno o sus funcionarios quieran incumplir lo que elegimos las y los ecuatorianos solicitaremos inmediatamente a la Corte Constitucional que haga cumplir su dictamen y que destituya a los funcionarios que pretendan poner en riesgo el orden constitucional”, advirtió Yasunidos.
El portavoz de Yasunidos, Pedro Bermeo, dijo a SciDev.Net que ésta era una posición esperada del gobierno.
“Nos han bloqueado esta consulta por 10 años, no les ha importado vulnerar los derechos de la naturaleza y de los pueblos aislados, ¿por qué no lo harían ahora que ya ganó el sí?”, afirmó Bermeo.
El referéndum es el resultado de una década de lucha de la sociedad civil y grupos indígenas, quienes, en 2013, reunieron cerca de 750.000 firmas para realizar el referéndum, como respuesta a la decisión del expresidente Rafael Correa de iniciar la explotación petrolera en el Bloque 43.
Este esfuerzo fue bloqueado por los sucesivos gobiernos durante años, hasta que finalmente, en mayo de 2023, la Corte Constitucional emitió el dictamen a favor de realizar a consulta.
“La experiencia en Ecuador nos demuestra que no sólo tenemos que ganar los resultados en las urnas, sino que luego debemos defenderlos”, subrayó Bermeo.
Para Carlos Larrea, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, el triunfo fue resultado de la fuerza y creatividad de Yasunidos en redes sociales. Sin embargo, aseguró que esperaba este tipo de reacción por parte de los políticos.
El gobierno encontrará “algún artificio jurídico para violar la ley, por eso es importante mantener una movilización y una presión política muy grande”, señaló.
Contexto violento
La controversia se produce en medio de una de las peores crisis políticas y de violencia en la historia del país. En los días previos a las elecciones y consulta popular del pasado domingo, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros, así como un alcalde, un aspirante a congresista y un líder local del movimiento de Correa.
Tras los resultados, uno de los temas emergentes es la remediación ambiental.
“Tendría que haber un proceso de reforestación de árboles nativos de la zona. Evidentemente la biodiversidad que había en esas hectáreas ya se perdió, sin embargo, con un proceso de remediación se puede evitar, por ejemplo, la colonización o la cacería ilegal”, dijo Bermeo a SciDev.Net.
Parte del desafío de llevar a cabo esta remediación es la ausencia de datos sobre el impacto ecológico que ha tenido la industria petrolera en la reserva del Yasuní.
“Ha sido una zona que ha estado constantemente militarizada, y se ha prohibido el acceso a cualquier tipo de investigación independiente”, denuncia Bermeo.
La zona está habitada mayoritariamente por los Waorani, que viven de la caza, la pesca y la agricultura, aunque hay reportes de que varios de ellos han migrado en busca de trabajo en las compañías petroleras.
En conferencia de prensa (21 de agosto), varios representantes de estos grupos hablaron del desastre ecológico que ha provocado la explotación del crudo en la zona, que incluye contaminación de agua y cultivos por derrames de petróleo, así como una intensa contaminación lumínica y acústica.
La sociedad civil también deberá enfrentar el embate de la industria petrolera y extractivista que, durante los meses previos a la consulta, promovió votar por no detener la explotación, con el argumento de que ello traería grandes pérdidas económicas.
“Nos han bloqueado esta consulta por 10 años, no les ha importado vulnerar los derechos de la naturaleza y de los pueblos aislados, ¿por qué no lo harían ahora que ya ganó el sí? (…) La experiencia en Ecuador nos demuestra que no sólo tenemos que ganar los resultados en las urnas, sino que luego debemos defenderlos”.
Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos
El gerente del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán, informó a medios de comunicación locales que de ganar el sí, habría pérdidas de US$ 14.709 millones hasta 2043, aumentaría el déficit y se perderían 107.098 empleos hasta 2025.
Pero investigadores de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador afirmaron en una carta publicada el 16 de agosto que “un análisis económico y de costos de oportunidad resulta incompleto sin la valoración de todos los servicios ecosistémicos e implicaciones sociales”.
Pero en algunas comunidades involucradas ha permeado la idea de que la extracción petrolera es la única vía de desarrollo.
“Vamos a garantizar los derechos de las poblaciones que estuvieron secuestradas por las actividades petroleras a las que convencieron que la única manera de tener empleo, salud y educación era con la petrolera”, dijo en conferencia de prensa Esperanza Martínez, representante de la organización Acción Ecológica de Ecuador.
Ahora, los defensores del territorio deberán presionar para que los dos candidatos que disputarán la presidencia el próximo 15 de octubre, Luisa González y Daniel Noboa, respeten el resultado de la consulta.
* Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net y publicado originalmente el 23 de agosto. Ha sido actualizado el 24 de agosto luego de las declaraciones del Ministro de Energía y la respuesta de Yasunidos.
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