Por: Roberto González
Enviar a un amigo
Los detalles proporcionados en esta página no serán usados para enviar correo electrónico no solicitado y no se venderán a terceros. Ver política de privacidad.
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado peruano por violar el derecho al medioambiente sano y a la salud de la población de una ciudad de los Andes centrales, sienta un precedente importante para toda la región en caso de que alguna población perciba que se están vulnerando esos derechos.
En el fallo, dado el viernes 22 de marzo, la Corte IDH responsabilizó a las autoridades de Perú por no haber supervisado la contaminación por metales pesados emitidos desde un complejo metalúrgico que opera en La Oroya, a 3745 m.s.n.m. y una de las ciudades más contaminadas del mundo.
No obstante, la contaminación con metales y metaloides parece ser una constante en el país, pues una reciente revisión de literatura científica sobre el tema encontró que diversas investigaciones han registrado en productos alimenticios de diferentes partes del Perú la presencia de metales como plomo, cadmio y arsénico en concentraciones por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio también encontró altas concentraciones de otros tipos de metales –como aluminio, mercurio, cromo y níquel– en comparación con las encontradas en otros países. Sin embargo, para la mayoría de ellos la OMS no ofrece ninguna regulación.
Perú ya no puede basarse en las regulaciones de la OMS para normar sus alimentos, sino que debe tener su propia reglamentación, para poder asegurar la salud de su población, dijo a SciDev.Net Pablo García Chevesich, coautor de la investigación.
Para Teresa Tejada Purizaca, ingeniera alimentaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú, y autora líder de la investigación, el estudio que realizaron viene “como anillo al dedo” para la sentencia de la Corte IDH.
En efecto, dicha sentencia señala que la falta de fiscalización de las autoridades originó que el complejo metalúrgico minero genere altos niveles de contaminación que dañaron severa e irreversiblemente la salud de los ciudadanos. Entre los derechos violados por el estado peruano, además del ambiental, se incluyen los de protección a la vida, la salud –especialmente de la niñez– al acceso a la información y la protección judicial, este último porque los pobladores llevan más de dos décadas exigiendo justicia ante los tribunales.
Ahora, el estado deberá indemnizar económicamente a las víctimas y proporcionarles un plan de reubicación y tratamiento médico, incluyendo apoyo psicológico. Hasta el cierre de esta información, el Perú no se había pronunciando sobre el fallo aunque en la práctica dispone de un año para entregar un informe al Tribunal de la Corte IDH explicando las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.
Maricruz Aliaga, una de las víctimas de la contaminación dando su testimonio en la Corte IDH. Crédito: Corte IDH, cortesía para SciDev.Net
Más de un siglo de contaminación
El Complejo Metalúrgico de La Oroya tiene más de 100 años. Empezó en 1922 bajo la administración de una empresa norteamericana que procesaba metales altamente contaminantes como plomo y dióxido de azufre, lo que originó múltiples enfrentamientos con los campesinos de la zona. En 1974 pasó a manos del Estado y en 1997 la administración de Alberto Fujimori lo vendió a Doe Run, una empresa propiedad del estadounidense Ira Rennert.
En 2006 los pobladores organizados en el Movimiento por la Salud de La Oroya elevaron sus reclamos a tribunales internacionales porque las afectaciones a la salud eran evidentes. Por ejemplo, los niños presentaban altos niveles de plomo en la sangre que les ocasionaban diversos problemas en sus habilidades psicomotrices y cognitivas.
Al mismo tiempo, la empresa Doe Run Perú continuaba operando sin un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el cual siguió prorrogando hasta que en 2009 se declaró insolvente. Tras el proceso de liquidación, el año pasado el complejo fue entregado a sus trabajadores, quienes integraron la empresa Metalúrgica Business Perú SAA.
Sin embargo, las personas que se unieron al Movimiento por la Salud fueron hostigadas por sus propios familiares, quienes muchas veces son trabajadores del complejo metalúrgico y ven amenazada su fuente de ingreso por las acciones de las activistas.
“Toda actividad privada que es fuente de trabajo, bienvenido, porque también el derecho al trabajo es un derecho de una vida digna. Pero también nosotros pensamos, esta actividad económica no puede ser a costa del sufrimiento de una población […] de la degradación de la salud de sus trabajadores”.
Yolanda Zurita Trujillo – Movimiento por la Salud de La Oroya
Crédito de la imagen: Julieta Bugacoff/ AIDA, cortesía para SciDev.Net
Yolanda Zurita Trujillo, quien forma para de la comunidad y el Movimiento por la Salud de La Oroya, explica a SciDev.Net que sus denuncias no son en contra del complejo metalúrgico.
“Toda actividad privada que es fuente de trabajo, bienvenido, porque también el derecho al trabajo es un derecho de una vida digna. Pero también nosotros pensamos, esta actividad económica no puede ser a costa del sufrimiento de una población […] de la degradación de la salud de sus trabajadores”, añade.
Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien ha acompañado la denuncia de las víctimas en La Oroya, explica a SciDev.Net que la sentencia de la Corte IDH obliga al estado peruano a vigilar y fiscalizar a las empresas mineras para garantizar el derecho al medioambiente sano.
Además, la decisión añade que el derecho al ambiente sano está relacionado con el acceso a la información y participación de la ciudanía.
La sentencia de la Corte IDH es aplicable a todos los países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, por lo cual establece un precedente de los derechos que puede exigir cualquier comunidad afectada por un proyecto minero en el continente, explica Peña.
“Una población que sepa que hay inicios de un proyecto minero tiene derecho a la información. Hay un deber de transparencia activa y es a que el Estado empiece no solamente a exigir la información a la empresa, sino a generar información”, explica la abogada.
Poner fin a la contaminación a nivel nacional
Tejada cree que con la sentencia de la Corte IDH ha llegado el momento de evitar que la contaminación por metales siga haciendo estragos en la población peruana.
Subraya que en su estudio está “la base prácticamente a nivel nacional de todos aquellos alimentos contaminados que están ubicados por zonas. Se puede retomar toda esta información”, y agrega que podría ser un punto de partida para comenzar a regular dentro de Perú, complementando los estándares de la OMS
Sin embargo, para Eloisa Domínguez Mariani, hidroquímica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien no participó de esa investigación, la interferencia de la industria minera en el proceso legislativo podría llegar a ser un reto.
Aunque considera que los resultados de la investigación de Purizaca y la sentencia de la Corte IDH son prometedores, advierte que en su experiencia, en México “las empresas interesadas tienen abogados contratados 24/7. Están todo el tiempo en el cabildeo, y entonces lo que ocurre es que las normas no logran ser tan estrictas”, afirma.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
Más sobre Conservación
