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Las promesas de desarrollo económico regional asociadas a la construcción del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el estado de Pará, región norte de Brasil, no se han cumplido. En vez de ello, Altamira, la ciudad más cercana a la megapresa, aumentó sus tasas demográficas, experimentó escasez de mano de obra en las zonas rurales y vio aumentar los costos de trabajo de las actividades agrícolas.

A esa conclusión llegó un estudio publicado este mes en la revista Land Use Policy que analizó los impactos sociales y ambientales de la construcción de la hidroeléctrica —uno de los proyectos de infraestructura más grandes del planeta— especialmente sobre la dinámica laboral y las actividades pastoriles en las áreas rurales de Altamira.

Su construcción comenzó en 2011 con un costo estimado de R$ 40 mil millones (aproximadamente US$ 9.5 mil millones). El complejo consta de dos centrales eléctricas con un total de 24 turbinas con capacidad de producir 11.200 megavatios, lo que la convierte en la tercera más grande del mundo en cuanto a capacidad instalada.

En ese momento, el gobierno de Brasil dijo que la presa era de urgente necesidad para que el país pudiera mantener el ritmo de la creciente demanda interna de energía.

El área estudiada incluyó cuatro municipios en el oeste de la ciudad de Altamira, a lo largo de la carretera transamazónica, una vía de 5.000 km que atraviesa la selva amazónica, y se realizó en 402 propiedades rurales en diferentes periodos mediante entrevistas en hogares y encuestas de campo.

“Paradójicamente, esto hace que estos proyectos en la región amazónica aumenten aún más las asimetrías socioeconómicas en relación con el resto del país. Tanto es así que el estado de Pará, que alberga alguna de las plantas hidroeléctrica más grandes de Brasil y del mundo, mantiene una de las tasas de desarrollo humano más bajas del país”.

María Elena López - Universidad Federal de Pará.


Miquéias Calvi, profesor de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Federal de Pará, y coautor del estudio, recuerda que se esperaba que la construcción de Belo Monte aumentara la demanda en los mercados locales e impulsaría la producción de alimentos en las áreas rurales cercanas.

Pero, en la práctica, la demanda de mano de obra para trabajar en la construcción de la hidroeléctrica o en establecimientos del área urbana provocó el éxodo de los trabajadores rurales, con los consiguientes problemas para las actividades agrícolas.

Aproximadamente el 90 por ciento de los entrevistados en 2015 declaró que después de comenzada la construcción de Belo Monte observaron una fuerte disminución de trabajadores en las comunidades rurales, pues habían migrado a la ciudad en busca de trabajo. Como resultado, aumentaron los costos salariales en el campo.

“Esta situación condujo a una escasez de mano de obra rural, lo que elevó los costos de producción en esas áreas, afectando a todo el sector agrícola de la región de Altamira”, precisa Calvi. “Los establecimientos rurales con menor capacidad financiera y baja disponibilidad de mano de obra familiar fueron los más afectados”, subraya.

Se estima que el 60 por ciento de los agricultores familiares de la región abandonaron sus cultivos anuales, como arroz, frejoles y maíz, al tiempo que la producción de cacao y ganado vacuno aumentó entre 2011 y 2014. Altamira ahora importa alimentos de otros estados de Brasil, como fruta de Sao Paulo, pescado de Santa Catarina y arroz de Rio Grande do Sul.

Belo Monte 2 by PAC
La construcción de Belo Monte comenzó en 2011.

Es verdad que las tasas de empleo formal aumentaron fuertemente entre 2011 y 2013 en la región, alcanzando su máximo en 2014, con 43.207 empleos formales. “El problema es que muchos de esos empleos fueron de corta duración”, afirma Calvi. En 2017, las tasas de empleo formal regresaron a los niveles previos a la construcción de la hidroeléctrica en todos los sectores económicos, principalmente debido a que terminó su construcción.

“Creo que es poco probable que esta tendencia se revierta porque una parte significativa de esos migrantes no quieren regresar al campo después de haber experimentado mejores condiciones de vida en la construcción de represas”, señala a SciDev.Net María Elena López, bioquímica del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Pará. Ella, hace varios años estudia el impacto de los proyectos de represas sobre la biodiversidad brasileña.

El estudio también encontró que la población de Altamira casi se duplicó en el pico de la construcción de Belo Monte —entre 2011 y 2014— pasando de 75.000 a casi 150.000 habitantes.

Este flujo demográfico tuvo consecuencias sobre la salud de la población. Un estudio de Márcia Grisoti, profesora asociada del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Santa Catarina, encontró un aumento en los registros de sífilis en mujeres embarazadas en Altamira, que pasó de un caso por cada mil niños nacidos en 2010 a 15 casos en 2015.

La violencia también aumentó. En 2015, la ciudad ganó el título de ser la más violenta de Brasil. Según datos del Ministerio de Salud, hubo 124,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cinco años antes, la tasa era 60,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según López, los partidarios de estos megaproyectos los defienden basándose en la promesa de que fomentarán el desarrollo especialmente en las regiones menos desarrolladas. Pero subraya: “un aspecto interesante es que este estudio presenta datos cuantitativos de empleabilidad —contratos y despidos— que revelan que eso no siempre es cierto”.

Explica que a pesar del aumento significativo de la oferta de empleos durante la construcción de la hidroeléctrica, una vez terminada, el número de trabajos en todos los sectores económicos cayó a niveles similares a los existentes antes de la construcción, “lo que demuestra que megaproyectos como este generan pocos nuevos trabajos permanentes a la región”.

“Paradójicamente, esto hace que estos proyectos en la región amazónica aumenten aún más las asimetrías socioeconómicas en relación con el resto del país. Tanto es así que el estado de Pará, que alberga alguna de las plantas hidroeléctrica más grandes de Brasil y del mundo, mantiene una de las tasas de desarrollo humano más bajas del país”, puntualiza.

Se podrían haber tomado algunas medidas, añade. “Como medida preventiva, además de mejorar la infraestructura en la región, sería esencial que se llevaran a cabo planes de desarrollo rural y social antes de que comience la construcción para minimizar el impacto de la migración”.

“Y después de la construcción, el monitoreo ambiental asociado con un amplio acceso a los servicios de salud pública proporcionaría el respaldo necesario para realizar intervenciones que prevengan consecuencias en el mediano y largo plazo”, finaliza.

El estudio publicado en Land Use Policy fue apoyado por FAPESP, donante de SciDev.Net

Enlace al estudio en Land Use Policy