Por: Zoraida Portillo
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[LIMA] Tras nueve años de debates, el gobierno peruano aprobó el reglamento de bioseguridad agrícola que intenta promover la investigación biotecnológica y ayudar a los investigadores del país a ponerse al día con otros países latinoamericanos.
El Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad para Productos Agrícolas y Forestales normará la investigación, producción y comercialización de los organismos genéticamente modificados (OGM), actividades que no estaban previamente permitidas, a excepción de la importación de OGM para alimentación y permisos especiales para el estudio de papas transgénicas.
Sin embargo el reglamento, firmado por el presidente Alan García el mes pasado (15 de abril), ha tenido una fría recepción tanto en el sector público como en el privado, incluidos algunos científicos. Los críticos temen que la regulación abrirá las puertas a los transgénicos, poniendo en peligro la biodiversidad del país. Perú alberga muchas especies silvestres únicas de cultivos alimenticios básicos como papa y maíz.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha expresado que los agricultores no necesitan cultivos transgénicos para ser productivos y ha pedido prestar atención al principio precautorio del Protocolo de Biodiversidad de Cartagena, firmado por el Perú en 2004.
Jorge Alcántara, jefe de recursos genéticos y biotecnología del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), negó que el reglamento abra las puertas a la producción indiscriminada de transgénicos. “Por el contrario, regulará todas las actividades relacionadas con el uso de OGM bajo estrictas medidas de control científico”, señaló a SciDev.Net.
De acuerdo con la ley, el INIA será responsable de la seguridad de las actividades de biotecnología y del desarrollo de investigación con OGM en el sector agrícola. Para los críticos, esto convierte al INIA en “juez y parte” sobre cualquier decisión relacionada con los cultivos transgénicos
Para disminuir las inquietudes, el INIA ha comenzado a levantar mapas georeferenciados de las zonas con variedades nativas de maíz, algodón y papa, para minimizar el riesgo de polinización cruzada entre cultivos GM con los que no lo son, en eventuales ensayos futuros en campo.
Si se presentase una solicitud para sembrar transgénicos cerca de esas variedades nativas “sería muy difícil aprobar una liberación”, precisó Alcántara.
Añadió que las universidades privadas Cayetano Heredia y San Martín de Porres, el Centro Internacional de la Papa y el INIA serán los primeros beneficiarios del reglamento porque les permitirá realizar investigaciones propias.
La fitogenetista María Scurrah, consultora internacional y especialista en derecho de los obtentores, con sede en Lima, dijo a SciDev.Net que una ventaja del reglamento es que permitirá realizar investigación con cultivares transgénicos verdaderos y no solamente con modelos simulados en computador.
Según Scurrah, se requiere más investigación tanto sobre los beneficios potenciales como de los riesgos de la tecnología GM para el Perú y “el reglamento es una buena manera de comenzar”.
Marcel Gutiérrez-Correa, director del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, indicó que el reglamento facilitará obtener fondos para la investigación de cultivos en áreas en las que las grandes corporaciones no están interesadas, como el desarrollo de una papaya transgénica resistente al virus de la mancha anillada.
Sin embargo, hay algunas iniciativas para restringir la vigencia de la ley. Esta semana, el Congreso tiene previsto el debate de un proyecto de ley para establecer una moratoria de 15 años a la entrada de los transgénicos al país, con excepción de OGM para fines de investigación o de fármacos que contienen organismos modificados que no están disponibles en otras formas.
El ministro del ambiente, Antonio Brack Egg, que lidera la iniciativa, dijo a SciDev.Net que la moratoria es necesaria “para analizar científicamente los impactos potenciales, y desarrollar la infraestructura y la capacidad institucional necesaria para hacer frente a la eventual presencia de transgénicos en el país”.
Pero el ministro de agricultura, Rafael Quevedo, subrayó que si se aprueba la moratoria, el Perú sufrirá represalias comerciales y se pondrán en peligro los tratados de libre comercio, todo ello sin tener evidencia científica alguna sobre el riesgo para la salud humana o el medioambiente.
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