Radar Latinoamericano: Política ambiental y deforestación

En el área ambiental no hay diálogo entre la sociedad civil, la comunidad científica, el gobierno y el Parlamento, dice Carla Almeida.

En un año marcado por las malas noticias en el área ambiental —la aceleración del derretimiento de los casquetes de hielo polares, la pérdida de biodiversidad, el fracaso de la negociación de los acuerdos climáticos, entre otras—, la divulgación de datos que muestran una reducción significativa de la deforestación en la Amazonía, uno de los biomas más importantes del planeta, llegó como un respiro al final de 2012.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) —organismo brasileño que lleva a cabo programas de vigilancia vía satélite en la región—, 4.600 km² de selva en territorio brasileño fueron deforestados entre agosto de 2011 y julio de 2012, una caída de 27 por ciento en relación con el mismo período del año anterior.

Las cifras fueron anunciadas durante la Conferencia sobre el Clima realizada en noviembre en Doha (Qatar), donde se llamó la atención sobre los esfuerzos brasileños para combatir el cambio climático.

La meta voluntaria de Brasil, que tiene a la deforestación como el principal factor de emisión, es reducir la expansión anual de la zona de tala ilegal en la Amazonía a 3.900 km² en 2020. Con el nuevo índice estaría faltando apenas una reducción de cuatro por ciento para que el país alcance la meta.

La celebración, sin embargo, duró poco. Los sistemas de alerta mensuales de deforestación de la Amazonía ya indican un disparado aumento en la región en los últimos cinco meses de 2012.

Según datos registrados por satélites de la ONG Imazon entre agosto y diciembre, se deforestaron 1.280 km² de bosques, un aumento de 127 por ciento en relación con el mismo período de 2011.

Pero, ¿qué explicaría un cambio tan radical en el escenario ambiental brasileño? ¿El aumento de la deforestación no entraría en conflicto con el compromiso del país para hacer frente al cambio climático? ¿Por qué la preocupación cada vez mayor en Brasil y otros países de América Latina por el ambiente —expresada en nuevas políticas ambientales y en la creciente concientización social— todavía no se traduce en respuestas positivas y duraderas para el sector?

Política interna por política externa

Para quien solo sigue el papel de Brasil en las negociaciones internacionales sobre el ambiente, las noticias sobre el aumento de la deforestación en la Amazonía pueden haberlo sorprendido. Pero para quien ve de cerca las acciones internas en el área tal vez no resulten tan extrañas.

Al mismo tiempo que Brasil construye una imagen global de país fuertemente involucrado en la discusión ambiental, internamente estimula la exploración de petróleo, promueve el retorno a la minería —incluso en la Amazonía—, recurre a las termoeléctricas y aprueba legislación que flexibiliza las leyes ambientales estrictas.

De estas medidas vale destacar el nuevo código forestal, promulgado por la Presidenta Dilma Rousseff en octubre de 2012, después de 13 años de debate en el Congreso y tres años de intensas disputas entre los ambientalistas, los ruralistas y el gobierno.

La ley, cuya versión anterior era de 1965, reglamenta el uso de la tierra y establece dónde debe mantenerse la vegetación nativa. Por la presión de los ruralistas —grupo que tiene gran poder político en Brasil—, eso se modificó para, supuestamente, adecuarse a las nuevas exigencias de productividad y competitividad en el siglo XXI.

Redactado por los principales interesados en el agronegocio, sin participación de la comunidad científica —que ofreció, repetidas veces, aparentemente en vano, datos que apuntan a las inconsistencias técnicas de la propuesta— ni de la sociedad civil, el texto reduce la fracción de vegetación nativa a ser preservada en propiedades rurales, dejando de lado la vegetación alrededor de los cursos de agua intermitentes y cambia el pago de multas derivadas de la recuperación de áreas degradadas.

Algunos vetos importantes hechos por la presidenta brasileña —como la prohibición de repoblar con especies frutales exóticas y la amnistía total a los pequeños productores que deforestaron ilegalmente antes de 2008— impidieron que la nueva ley se transformase en una verdadera catástrofe ambiental, pero los ruralistas con peso en el Congreso ya se movilizan para revertir los puntos perdidos en la disputa.

El caso boliviano

Brasil no es el único país latinoamericano que presenta novedades en la legislación ambiental. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó en enero de este año la nueva Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques con el objetivo de reglamentar el uso del suelo en la Amazonía boliviana.

De acuerdo con la nueva ley, para reducir las multas y evitar que sus tierras sean confiscadas por el Estado, los productores que deforestaron ilegalmente antes de 2011 tendrán que reforestar durante cinco años las áreas taladas y/o producir alimentos que proveerán al mercado interno por el mismo período. Con esto, Morales pretende aumentar hasta en 20 por ciento la tímida producción de alimentos del país, sin sacrificar el ambiente.

A pesar de las buenas intenciones y la recepción positiva de la ley en el sector productivo de Bolivia, hay quienes ponen en duda la eficacia de las nuevas medidas, en un país marcado por índices crecientes de deforestación, poca fiscalización y fuerte lobby de la agroindustria.

Algunos lo ven como un amortiguador de la recientemente sancionada Ley de la Madre Tierra, más exigente en relación con la conservación y otras cuestiones ambientales, y creen que puede llegar incluso a incentivar más deforestación, pues crea precedentes para futuras amnistías a las actividades ilegales.

En Brasil ya hay quien asocia las altas tasas de deforestación en los últimos meses con la aprobación del nuevo código forestal.

Fiscalización, conciliación y compromiso

Los casos de Brasil y Bolivia ayudan a explicar el modesto impacto de las políticas ambientales y de la concientización social para las cuestiones del sector en América Latina.

En primer lugar, observamos que no siempre las nuevas medidas que dicen ser ambientales están efectivamente dirigidas a conservar el ambiente. Algunas de ellas surgen, al contrario, para flexibilizar leyes más estrictas que no fueron respetadas en el pasado, lo cual nos lleva al segundo punto.

No faltan en los países latinoamericanos los marcos legales, los programas gubernamentales ni las políticas públicas para proteger el ambiente. Lo que falta son recursos, infraestructura y, sobre todo, voluntad política para implementar correctamente estas directrices, fiscalizarlas y garantizar su adecuada ejecución.

También vemos que la fuerza política de algunos sectores de la sociedad, cuyos intereses van directamente en contra de las acciones de conservación del ambiente, han contribuido al fracaso de esas medidas. Nadie niega que los países necesitan aumentar su producción agropecuaria, ya sea para alimentar a su población o incrementar su balanza comercial, pero asociar ese aumento a una mayor deforestación es la peor opción.

Para preservar realmente el ambiente será preciso aprender a conciliar la creciente demanda por alimentos y los intereses relacionados con el agronegocio en América Latina, las necesidades globales de mantenimiento de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por último, identificamos una profunda falta de diálogo entre la sociedad civil, la comunidad científica, el gobierno y el Parlamento en los procesos de toma de decisiones mencionados. Para transformar la conciencia ambiental en acción, los ciudadanos tendrán que conquistar el espacio que les corresponde por derecho en las discusiones y decisiones sobre el ambiente en que viven y el futuro del planeta.

 

Carla Almeida es periodista científica brasileña y ha colaborado con SciDev.Net desde 2005. Actualmente es editora de Ciência Hoje en línea, un sitio web de comunicación de la ciencia, y hace investigaciones en el área de la comprensión pública de la ciencia.