Por: Pablo Corso
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La defensa de los derechos humanos ambientales atraviesa una situación dramática en América Latina, la región más riesgosa para desplegar esas reivindicaciones.
Solo en 2022, la quinta parte de los 177 asesinatos de activistas en el mundo sucedieron en la selva amazónica, según la ONG Global Witness.
Con vistas a revertir esta situación, la tercera conferencia de las partes (COP) del Acuerdo de Escazú aprobó este 23 de abril en Santiago de Chile un Plan de Acción que contempla medidas de protección para los activistas ambientales. El desafío será involucrar a los estados en su implementación activa, advierten cuatro especialistas a SciDev.Net.
Entre avances y tensiones
Vigente desde 2021, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado hasta ahora por 15 estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
El tratado garantiza el respeto de los derechos de las comunidades sobre sus entornos y permite a los países cumplir con los compromisos sobre prevención del cambio climático y pérdida de biodiversidad.
Pero su alcance y efectividad han sido limitados, según el último informe del Instituto para los Recursos Globales (WRI por sus siglas en inglés).
“Vamos a seguir presionando para que los países que aún no ratificaron el acuerdo lo hagan, y para que los que ya lo hicieron, amplíen su implementación”.
Elsa Juc Suc, coordinadora de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
Algunas de las barreras incluyen falta de información sobre proyectos productivos y falencias en los procesos participativos, acceso a la justicia y protección de activistas.
“La falta de transparencia termina siendo un agravio para los pueblos indígenas, porque no podemos tomar decisiones informadas o pedir rendición de cuentas a las autoridades”, explica vía WhatsApp Elaine Shajian Shawit, coordinadora regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, en el nororiente del Perú.
“Vamos a seguir presionando para que los países que aún no ratificaron el acuerdo lo hagan, y para que los que ya lo hicieron, amplíen su implementación”, adelanta Elsa Juc Suc, coordinadora de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.
El Plan de Acción aprobado en Santiago establece que cada país garantizará un entorno seguro para los ambientalistas y que se tomarán medidas para proteger sus derechos, prevenir, investigar y sancionar los ataques.
Es un logro “significativo”, pondera Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. “Ahora el gran desafío es que los países redoblen esfuerzos para poner fin a la impunidad que desgarra el tejido social y normaliza la violencia”.
En la última década fueron asesinados casi 2.000 defensores del ambiente, tres de cada cuatro en Latinoamérica, aseguró durante la conferencia Marcelo Cousillas, presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo.
A pesar de ello, los representantes indígenas vieron frustrado su pedido de que el foro que aborda la problemática de los defensores ambientales se realice de forma anual.
“Esperar que los gobiernos rindan cuentas y presentar nuestras propuestas solo cada dos años implica que al final seguimos siendo parte del público”, lamenta Juc Suc.
El malestar se incrementó este 26 de abril, cuando a su regreso de la COP, Miguel Guimaraes (vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) encontró su casa vandalizada por personas que dejaron el mensaje intimidatorio “No vive”.
Semanas antes había denunciado una presunta complicidad de las autoridades con la empresa agroindustrial Ocho Sur, que deforestó 7000 hectáreas en la Amazonía peruana.
Amenazas presentes y futuras
“Por décadas, las industrias extractivas han sido responsables de violaciones a los derechos humanos, particularmente de pueblos indígenas y comunidades locales en zonas de sacrificio ambiental”, advierte Orellana.
Algunos ejemplos son la presencia de niveles peligrosos de toxinas en la sangre de diez millones de peruanos tras décadas de actividad minera, y el hostigamiento continuo a ambientalistas que luchan contra incendios ilegales y ocupación de tierras en la Amazonía brasileña.
La subdirectora de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres, recuerda que -mientras su país demora la ratificación del Acuerdo de Escazú- Colombia sigue siendo el lugar más peligroso para la defensa del ambiente, con 64 asesinatos registrados solo el año pasado.
Pese a la firma del tratado de paz con las FARC en 2016, otras bandas “siguen teniendo intereses en estos territorios, tanto de avanzar con la venta de hoja de coca como para la ganadería extensiva, lo que provoca desplazamientos forzados y hostigamiento contra pueblos étnicos y campesinos”, explica.
Las comunidades locales tampoco suelen ser informadas en tiempo y forma sobre el impacto de las actividades productivas en sus territorios.
El informe del WRI cita los casos de un proyecto minero en la selva de Los Cedros, en la Amazonía ecuatoriana, y una represa que dragaría cuatro grandes ríos amazónicos en Perú, donde se proveyeron datos con demasiado lenguaje técnico, lejos de las recomendaciones usuales.
El reporte también critica la falta de información sufrida por las comunidades afectadas por un derrame de petróleo en la costa brasileña de Paraiba a fines de agosto del año pasado, que además debieron encargarse de liderar las tareas de limpieza.
El abandono progresivo de las fuentes fósiles supone un desafío extra para la región.
“La transición energética está situando gran presión para la extracción de litio, zinc, cobre y cobalto”, detalla Orellana, que cita el ejemplo del “Triángulo del Litio” en Argentina, Bolivia y Chile, de interés para la fabricación de baterías de autos eléctricos.
Seis proyectos de extracción al norte de Argentina llevaron a que las comunidades reclamaran el cese de actividades, temerosas de que su elevado consumo de agua provocara escasez en los poblados.
El respeto a derechos colectivos como la consulta previa, la transparencia y la participación, en cambio, puede propiciar procesos de desarrollo más justos e inclusivos, plantea el informe del WRI, que recomienda a los gobiernos optimizar mecanismos de acceso a la información, y asegurar que los procesos judiciales sean accesibles y oportunos.
En cuanto a la protección de la integridad física de los luchadores, Torres pondera el fenómeno de las guardias indígenas de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, “formadas no solamente en conocimientos de seguridad, sino también en temas de protección ambiental”.
Se trata de “mecanismos que deben continuar siendo apoyados y visibilizados, para evidenciar el nivel de articulación que existe al interior de estos pueblos, que conocen perfectamente al alcance que pueden tener los escenarios organizativos”, precisó.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
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