Investigación revela tretas de industria de refrescos

Mediante el financiamiento directo o indirecto de científicos, instituciones y organizaciones académicas, la industria de refrescos de México impulsó una estrategia para “demostrar” que el impuesto especial a las bebidas azucaradas, aprobado en 2014, no servía a los fines para los que se había implementado, revela un nuevo estudio.

Este resultado muestra que la industria de bebidas azucaradas puede movilizar recursos rápidamente para producir mensajes basados en investigación de conveniencia propia y sin sustento, como en su momento lo hizo la industria tabacalera.

La campaña se inició un año después de la aprobación del impuesto e incluyó la difusión de artículos científicos no revisados por pares y solventados por la propia industria, así como un aumento en las discusiones públicas sobre políticas de salud global pero argumentando que el impuesto no funcionaba.

México es el mayor consumidor mundial de refrescos azucarados. Se estima que cada persona bebe en promedio 151 litros al año de estos productos. Según datos de la Secretaría de Salud, 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 adolescentes y 1 de cada 3 niños padecen sobrepeso u obesidad.

Aún así, la industria de refrescos sostiene que el impuesto a sus bebidas no tiene impacto sobre este problema debido a que la tasa de obesidad en el país no ha disminuido sustancialmente desde su aplicación.

“Ninguna política pública es una varita mágica […] causa más desempleo la baja de trabajadores por enfermedades cardiovasculares y diabetes que la misma implementación del impuesto (a las bebidas azucaradas)”.

Andrea Pedroza, Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California San Francisco

Para Andrea Pedroza, autora principal de la investigación publicada en The British Medical Journal, los argumentos de la industria son falaces, ya que el índice de obesidad no puede medirse en lapsos de tiempo tan cortos porque “ninguna política pública es una varita mágica”.

El estudio analizó documentos internos y previamente secretos del “Acervo de Documentos de la Industria Alimentaria” de la Universidad de California San Francisco, que incluye correos y conversaciones privadas entre Coca-Cola Company y otras industrias refresqueras con científicos de organizaciones e instituciones financiadas por las mismas empresas.

También comparó los resultados de investigaciones científicas no revisadas por pares, producidas principalmente entre la aprobación del impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 y la publicación de la primera investigación que sí cumplía con el protocolo de revisión científica internacional en 2016. En ellas se sostenía que el impuesto no tenía ningún efecto sobre el descenso en la tasa de obesidad del país, y que por el contrario, tenía efectos económicos negativos para los trabajadores y tiendas locales.

Los estudios científicos favorables a la industria fueron realizados por investigadores de universidades públicas y privadas de renombre como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), El Colegio de México (COLMEX) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y recién este año fueron revisadas por pares. No obstante, se difundieron rápidamente en medios de comunicación internacionales, muestra el estudio.

Uno de esos estudios, a cargo de la UANL en 2015, estimó que el impuesto a las bebidas azucaradas produjo una pérdida de entre 10,815 y 42,385 empleos y una pérdida económica de US$378 millones en el primer año de aprobación del impuesto.

Pero en 2017 una investigación independiente y revisada por pares, reportó no haber detectado un “cambio significativo en el empleo” y que en ese periodo de tiempo la venta de bebidas no azucaradas se incrementó.

Para Pedroza, “causa más desempleo la baja de trabajadores por enfermedades cardiovasculares y diabetes que la misma implementación del impuesto”.

Según ella, la industria de bebidas azucaradas aprovechó el tiempo que los estudios científicos legítimos tardan en publicarse para usar los resultados de las investigaciones no revisadas y así oponerse al impuesto en conferencias internacionales.

Tal fue el caso del simposio nacional “Edulcorantes y salud”, organizado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), financiado por Coca-Cola Company, y que en 2015 cerró sus oficinas en México tras demostrarse que era una organización de cabildeo que buscaba influir y bloquear la política de salud para proteger los intereses económicos de la empresa tras una fachada de organización que buscaba “ciencia para el bienestar público”.

El simposio fue copatrocinado por el Rippe Lifestyle Institute, centro que provee servicios de investigación a corporaciones de bebidas, Coca-Cola y Pepsico incluídas.

Dentro de las conversaciones privadas obtenidas por los autores del estudio, se encontraron correos electrónicos donde James Rippe, fundador del centro, pedía a académicos de Estados Unidos reclutar científicos para presentar su investigación, prometiendo “un modesto honorario” si decidían enviar su presentación en una de las revistas de la Sociedad Americana de Nutrición (ASN).

SciDev.Net buscó en reiteradas oportunidades un comentario de representantes de Coca-Cola Company en México sobre estas imputaciones y los resultados del estudio, pero no obtuvo respuesta.
Quienes sí respondieron por escrito fueron dos de los investigadores que dirigieron los estudios que según el artículo de BMJ no fueron revisados por pares: Arturo Aguilar, del ITAM, y Joana Chapa, de la UANL. Ambos sostuvieron que los trabajos fueron realizados de “manera objetiva y con libertad académica”.

Sus investigaciones fueron publicadas este año ^1, 2. La de Aguilar fue financiada por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, asociación patrocinada por Coca-Cola y otras empresas de la industria alimentaria. Aunque la investigación de Chapa no fue financiada por la industria refresquera, dos de los autores sí han trabajado en investigaciones para la misma.

Al preguntársele sobre los daños que las bebidas azucaradas estarían causando en la salud mexicana más allá de la ingesta de calorías, Aguilar señaló: “no me corresponde hacer esa evaluación, ya que no soy un experto en salud”. “Hay que dar información a la gente y permitirle elegir”, afirmó.

México marcó la pauta

Desde que México implementó el impuesto sobre bebidas azucaradas, treinta y cinco países han adoptado políticas similares.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y activista durante más de 14 años contra la industria de bebidas azucaradas, explicó a SciDev.Net que la industria alimentaria “se ha consolidado más como un poder político que económico”, al punto que logró disminuir a 10 por ciento el impuesto sobre bebidas, que en un principio se planteó de 20%.

Y aunque las leyes se ponen en marcha, la industria “no para”, puntualizó.

“Han diseñado productos adictivos que desplazan el consumo de alimentos saludables, han acabado con las dietas en todo el mundo, desde Nepal hasta la Sierra Mixteca […] Si queremos buena salud, y más con esto de la pandemia, la respuesta no está en los alimentos reformulados, sino en los mínima o nulamente procesados”, concluyó.

> Enlace al artículo completo en The British Medical Journal