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  • Tras siete años, Uruguay vuelve a autorizar transgénicos

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[MONTEVIDEO] Siete años después de autorizar los dos primeros maíces transgénicos en Uruguay, el gobierno de ese país aprobó (21 de junio) el cultivo y producción comercial de cinco nuevas variedades, decisión que generó polémica entre expertos y organizaciones ambientalistas. 

Las nuevas variedades son las GA21 y NK603 de Monsanto —resistentes al glifosato— y las GA21XBT11 y MON810XNK603, de Monsanto y TC1507, de Dow AgroSciences y Pioneer, resistentes a insectos lepidópteros. 

Uruguay ya había aprobado las variedades MON 810 (Monsanto) en 2003 y BT11 (Syngenta) en 2004.
Pero en 2006, el gobierno estableció una moratoria de 18 meses para que se elaborara un marco para el análisis y autorización de transgénicos. 

Finalmente, en 2008 se aprobó un decreto que definió la manera de trabajar para la gestión y análisis de riesgo asociado a transgénicos en Uruguay. 

“Desde entonces y hasta la fecha se realizaron análisis de riesgo de 13 eventos nuevos para soja y maíz”, y las nuevas autorizaciones son resultado de esos estudios, dijo a SciDev.Net Cecilia Jones, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Semillas. 

No fue un cambio filosófico respecto a los transgénicos, sino “un cambio de normativa”, agregó Jones, pues “el decreto de 2008 explicita el interés de llevar adelante una política de coexistencia entre vegetales GM y no GM”, detalló. 

Durante el proceso de análisis, la medida generó cuestionamientos de expertos y ambientalistas, pero Jones aseguró que “todas las consultas recibidas fueron analizadas y la Comisión de Gestión de Riesgo en Bioseguridad se reunió con las organizaciones para dar respuesta y analizar esas preocupaciones”. 

Sin embargo, Pablo Galeano —autor de un estudio que halló contaminación cruzada de maíz GM y no GM en Uruguay—, cuestionó también el mecanismo de consulta. 

Según dijo a SciDev.Net, mientras para las autorizaciones de las dos primeras variedades se usaron audiencias públicas, ahora el gobierno anunció en la prensa que se abría un espacio por dos semanas para enviar comentarios a una dirección de correo electrónico, y luego en una página oficial colgó informes sobre evaluación de riesgos de las variedades estudiadas.
 
Pero Galeano detalló que hubo informes a los que sólo se pudo acceder yendo personalmente a una oficina gubernamental relacionada. “Esto hace que para cualquier ciudadano interesado en participar en el proceso de consulta pública sea muy difícil acceder a la información y desestimula la participación”, lamentó. 

Por su parte, la ONG Redes-Amigos de la Tierra alertó en un comunicado de prensa que “existen vacíos de información tanto en lo referente a la seguridad ambiental como a la inocuidad alimentaria” para la aprobación de estas variedades.

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