Por: Fabíola Ortiz , Redacción, SciDev.Net

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El conocimiento científico es cada vez más relevante para la formulación, ejecución y monitoreo de políticas públicas más apropiadas, consistentes y sostenibles, pero en la práctica no siempre se usa la evidencia científica al tomarse decisiones políticas.
 
En Brasil, la información científica fue “relevante  y claramente comunicada” por la comunidad científica durante el proceso de construcción de dos políticas ambientales: el Código Forestal y los pesticidas, pero no tuvo ninguna influencia en las decisiones políticas, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Science and Public Policy.
 
El primer caso analizado por dicho estudio fue la reformulación de las leyes de preservación forestal, el ‘Código Forestal Brasileño’ en 2012, que impactó las áreas de preservación forestal y la restauración obligatoria de áreas que habían sido ilegalmente deforestadas en propiedades privadas.
 
Las modificaciones de la legislación incluyeron cambios en los requisitos mínimos para la preservación del área ribereña en propiedades privadas, que se redujeron del rango inicial de 30-500 metros (dependiendo del tamaño del río) a 8-100 metros (dependiendo del tamaño de la propiedad). Asimismo, todas las deforestaciones ilegales ocurridas antes de julio de 2008 y cuyos propietarios estaban usando las áreas para otras actividades, quedaron exonerados de los requisitos de restauración.
 
El segundo caso abordó los cambios en las políticas de pesticidas. Brasil es líder mundial en consumo de pesticidas y el sector ha sido regulado en el país desde 1989. Desde principios de la década de 2000, sin embargo, los controles previamente establecidos se debilitaron, y con la nueva ley de los agrotóxicos (un proyecto de ley de 2002) que aún necesita la aprobación del Senado, se promueven cambios para estimular el uso de pesticidas.
 
Esos cambios incluyen exoneraciones de impuestos a los pesticidas, ampliación de los tipos de pesticidas permitidos, y la introducción de procedimientos menos exigentes de autorización para el registro de nuevos productos.

investigadores by concytec
Las evidencias científicas no pueden quedarse en el laboratorio: son un instrumento eficaz para la formulación de políticas.
Crédito de la imagen: Concytec Perú.
 
Para la autora del artículo, Flavia Donadelli, politóloga brasileña y profesora de políticas y gestión pública de la universidad neozelandesa Victoria de Wellington, Brasil se caracteriza por ser un país de poca apertura y participación popular en la toma de decisiones, y con una necesidad reducida de consenso para aprobar leyes, lo que propicia “una tendencia a ignorar la ciencia para la toma de decisiones”.
 
“Incluso si hay oposición popular y por parte de los congresistas a la aprobación de alguna ley, lo que cuenta en las decisiones legislativas es la mayoría de votos. Las coaliciones dominantes del Congreso [referencia a los grupos religiosos, ruralistas y pro armamentos representados en el Congreso actual] tienen mucho poder y no necesitan comprometerse con otras coaliciones para aprobar sus proyectos”, señaló a SciDev.Net.
 
“Los dos casos analizados aquí demuestran que la evidencia científica puede ignorarse cuando contradice los intereses dominantes en sistemas políticos mayoritarios y relativamente cerrados como Brasil”, concluye la autora.
 
En su opinión, eso refuerza la tesis de que los países con bajo nivel de apertura política y pluralismo, son los que suelen poner más barreras a la formulación de políticas basadas en evidencias científicas y a buscar requisitos de consenso.
 
Ildeu Moreira, presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), es menos pesimista que Donadelli. Moreira indica que el estudio publicado en la revista Science and Public Policy es importante porque aporta elementos relevantes para analizar el proceso de formulación de políticas públicas en Brasil, pero está en desacuerdo con una conclusión “tan perentoria”.
 
“La SBPC actuó intensamente en uno de los casos analizados [en el estudio], el del Código Forestal, y ciertamente no se tomaron en cuenta varias e importantes propuestas defendidas por los investigadores. Pero algunos otros lo fueron, o logramos revertir propuestas aún más dañinas”, precisa.

“El desempeño de la comunidad científica en el Congreso es una lucha política en la que, en general, predominan los intereses de los sectores dominantes y más poderosos del país, lo que sucede, de hecho, en todas las áreas de la vida social y económica. Pero en varias ocasiones se ha logrado aprobar una legislación más apropiada colectivamente o para evitar nuevos contratiempos”.

Ildeu Moreira – Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.

 
Concuerda con Donadelli en que en general en Brasil no se toman en cuenta los datos ni el conocimiento científico en las políticas y en la gestión pública. “Pero el hecho de que esta tendencia sea fuerte no significa que ocurra en todos los casos y que la evidencia científica siempre se ignore, tanto a nivel federal, estatal como municipal”, subraya.
 
Moreira recuerda que el proceso de construcción de una legislación es complejo. “El desempeño de la comunidad científica en el Congreso es una lucha política en la que, en general, predominan los intereses de los sectores dominantes y más poderosos del país, lo que sucede, de hecho, en todas las áreas de la vida social y económica. Pero en varias ocasiones se ha logrado aprobar una legislación más apropiada colectivamente o para evitar nuevos contratiempos”, afirma Moreira a SciDev.Net.
 
Un ejemplo exitoso de que las organizaciones científicas lograron ser escuchadas ocurrió el año pasado, cuando solicitaron al Congreso Nacional que el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico –una de la más importantes agencias de apoyo de la investigación científica–  no fuera desarticulado.
 
Otro buen ejemplo de la interacción entre la comunidad científica y el parlamento fue su participación  en el debate público para la aprobación del llamado Marco Legal de CT&I, entre 2008 y 2009.
 
Como resultado, en 2015, se aprobó la enmienda del artículo 218 de la Constitución brasileña, que señala que “El Estado promoverá y fomentará el desarrollo científico, la investigación, la capacitación científica y tecnológica y la innovación”, y cuyo inciso 1 afirma: “La investigación científica básica y tecnológica recibirá un tratamiento prioritario por parte del Estado, con miras al bien público y al progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación”.
 
Precisamente, la SBPC y la comunidad científica llevan a cabo una serie de acciones para aumentar la participación de la comunidad científica brasileña en la toma de decisiones. Por ejemplo, el año pasado se lanzó la Iniciativa Ciencia y Tecnología en el Parlamento (ICTP.br), con la participación de más de 60 organizaciones científicas,  para comprometer a los parlamentarios en la recuperación del presupuesto para la CTI y la puesta en valor de las universidades públicas.
 
Según Moreira, “es importante continuar defendiendo el pensamiento crítico, la racionalidad y la ciencia de calidad, en todas sus áreas, como elementos importantes para el desarrollo sostenible del país y para superar la crisis en la que estamos”.
 
Y añade: hay que seguir actuando de manera integrada y articulada con otros sectores sociales, como empresarios progresistas, trabajadores, y también con los movimientos sociales.

Enlace al artículo en Science and Public Policy

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