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El gobierno mexicano anunció un plan de eliminación progresiva del glifosato y su reemplazo por métodos alternativos para 2024, “ante las evidencias científicas de su toxicidad”, según anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
 
“En primera instancia se considera controlar el uso en jardines y áreas recreativas, y evitarlo por el propio gobierno. Para el sector agrícola se plantea establecer con claridad su uso en los diferentes cultivos”, explicó en un mail a SciDev.Net Adelita San Vicente Tello, directora del Sector Primario y Recursos Naturales de la Semarnat.
 
Desde noviembre de 2019 ese organismo negó la importación de 67.000 toneladas de glifosato bajo el principio precautorio de la prevención de riesgos.
 
La decisión gubernamental tiene el antecedente en dos investigaciones: la presencia del herbicida en tortillas, el principal alimento del país (2018), y en la orina de niños en la región agrícola de Autlán (2019). Por otra parte, la comunidad maya de Yucatán denunció que la introducción del herbicida redujo a la mitad su producción de miel.
 
“Estamos totalmente de acuerdo con la decisión”, escribió en otro correo electrónico Fernando Bejarano, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). La implementación deberá acordarse con los organismos reguladores, “para entonces negociar con el Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa a los poderosos intereses de las empresas transnacionales”.
 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca la transición hacia “una producción agroecológica más segura y saludable, garantizando los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación nutritiva de calidad”.

Adelita San Vicente Tello, directora del Sector Primario y Recursos Naturales de la Semarnat, México

En tanto, consultado por SciDev.Net vía mail, Carly Scaduto, jefa de Relaciones con los Medios de la casa matriz de Bayer —propietaria de Monsanto, principal productora del herbicida— criticó a las autoridades aztecas por una decisión que “no tiene basamento científico y causaría graves perturbaciones a los granjeros mexicanos que confían en el glifosato para alcanzar cultivos saludables en forma sostenible y efectiva”.
 
La empresa insistió en que agencias reguladoras como la estadounidense EPA, la mexicana COFEPRIS y la europea EFSA concluyeron que los productos basados en el herbicida “son seguros cuando se usan como está indicado” y que “el glifosato no es cancerígeno”.
 

Riesgos del herbicida

Monsanto comercializa el herbicida Roundup desde 1974. A partir de 2000, cuando venció su patente, competidoras como Nidera y Syngenta crearon productos similares. Hacia mediados de esta década se habían volcado 8,6 millones de toneladas de glifosato en todo el mundo.
 
Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mexicano, en el organismo el glifosato “se absorbe fácilmente por vía oral, tracto digestivo y en baja medida por vía cutánea”. Entre los efectos agudos están las dificultades respiratorias, la ataxia y las convulsiones.
 
Por eso, hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud puso al glifosfato en su lista de “probables cancerígenos”, algo que una revisión posterior consideró “poco probable”. Desclasificados en Estados Unidos en 2017, los Monsanto Papers —una demanda colectiva por daños en la salud causados por la empresa— revelaron que la multinacional influyó sobre reportes científicos que minimizaban los peligros de su producto.
 
A pesar de ello, a fines de junio de 2020 Bayer anunció un paquete de indemnizaciones por unos US$ 10 mil millones para 75 por ciento de los 125.000 demandantes que aseguran haber enfermado de cáncer por culpa del Roundup.

Monsanto comercializa el glifosato desde 1974 bajo la marca Roundup. Su casa matriz, Bayer, anunció un paquete de indemnizaciones a presuntas víctimas del herbicida.
Crédito de la imagen: Mike Mozart / Flickr, bajo una licencia Creative Commons 2.0


Antecedentes en la región

En la actualidad, el glifosato está provocando un conflicto entre las agencias internacionales, que siguen permitiéndolo, y los gobiernos locales, más permeables a la presión ciudadana en contra. Alemania anunció la prohibición total para fines de 2023 y en Europa lo restringen otros siete países.
 
En Argentina, donde se vierten 200 millones de litros anuales, una investigación de 2010 con gran repercusión a cargo del biólogo Andrés Carrasco, comprobó malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en pollos y anfibios, con resultados extrapolables al resto de los vertebrados.
 
El herbicida también es de uso extendido en Brasil, Paraguay y Uruguay, con limitaciones en algunas ciudades. “También se usó en Colombia, para eliminar cultivos de coca no autorizados”, recordó en comunicación telefónica Damián Verzeñassi, director de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral (Argentina).
 
El parlamento salvadoreño también lo prohibió (en 2013), porque generaba daños renales en comunidades campesinas, pero el presidente de entonces (Mauricio Funes) vetó la ley por presión de las corporaciones de agroquímicos, aseguró Verzeñassi. Costa Rica, por su parte, lo prohíbe en 21 municipios y en 11 reservas naturales.
 

Dudas para la transición

Mientras analiza esos antecedentes, la mexicana Sermanat busca desarrollar programas que impulsen la transición hacia “una producción agroecológica más segura y saludable, garantizando los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación nutritiva de calidad”, dijo San Vicente Tello.
 
En esa línea, RAPAM demanda que se prohíban “los permisos para usarlo en entornos urbanos y como desecante a nivel agrícola”, ante el riesgo de su presencia en alimentos y harinas procesadas.
 
Bejarano también pide por el derecho público a saber cuánto y dónde se sigue usando, además de un mayor presupuesto para capacitar a los agricultores en las alternativas inocuas al control de plagas.
 
“Cualquier restricción al uso de glifosato en territorio latinoamericano es destacable”, celebra Verzeñassi, para quien los tiempos deberían acelerarse. “Si es dañino, ¿por qué lo seguimos permitiendo?”.