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  • Brasil ‘necesita revisar sus leyes sobre biopiratería’

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[RIO DE JANEIRO] Varias universidades e instituciones de investigación brasileños continúan apoyando el tráfico de especies salvajes y la exportación ilegal de material genético y de datos, a pesar de la existencia de leyes y normativas encaminadas a detener estas prácticas, según un informe realizado por los miembros de la comisión parlamentaria brasileña.

Dicho informe fue encargado para investigar varias acusaciones de biopiratería y expone la insuficiencia de los sistemas institucionales y legales brasileños para combatir el problema. Propone también la creación por parte del gobierno de una nueva legislación sobre exportación de animales salvajes y material genético, planteando que “incluso
aunque los acuerdos (actuales) de cooperación son legales, los beneficios que Brasil obtiene son insignificantes y, por tanto, inaceptables”.

El informe hace un llamamiento para conseguir una mejor integración entre las políticas proyectadas para combatir la biopiratería y otras políticas encaminadas a sectores como el científico y tecnológico, la industria, el comercio y la agricultura.  

Hace también un llamamiento para reorganizar las responsabilidades, tanto en
el ámbito local como en el federal, para clarificar cuáles son los organismos responsables de la implementación de políticas y control de la biopiratería.

El informe expone la necesidad de incrementar la vigilancia en puertos y aeropuertos, junto con los países vecinos de Brasil y recomienda la creación de un programa de educación medioambiental para combatir este tipo de piratería.

Después del tráfico de armas y de drogas, el de animales salvajes representa la tercera mayor actividad ilegal del mundo. Sólo en Brasil el tráfico de animales mueve una cantidad cercana a un billón de dólares por año.

Según Marcus Barros, director del Ibama, la agencia oficial de medio ambiente en Brasil y principal responsable del control de la biopiratería en el país, los recursos disponibles para el control del tráfico ilegal son insuficientes. “Cerca de 5.700 oficiales y 1.300 analistas medioambientales trabajan en el control de la biopiratería
”, dice. “Necesitaríamos doblar el número de colaboradores”.

Según él, el Ibama es incapaz de hacer frente a la gran cantidad de
solicitudes de autorización para captura y exportación de animales salvajes provenientes de instituciones científicas. Además, si la Institución no responde a alguna solicitud en un plazo de 60 días, la ley establece que la respuesta es provisionalmente positiva. Barros comenta que algunas personas se aprovechan de esta laguna legal para capturar animales salvajes y plantas.

Miembros de las comunidades locales están también implicados en actividades relacionadas con biopiratería y captura de animales salvajes, tanto para su propio uso como para fines comerciales.  "En algunas áreas de Brasil, algunas personas de pocos recursos se ven obligadas a capturar animales salvajes y recoger plantas para su propia supervivencia", comenta. “Necesitamos ofrecer a estas personas un medio de vida alternativo,  a pesar de que no es fácil convencerles de cambiar estas actividades por otras menos lucrativas”.

El informe, publicado a finales de enero, se basa en las declaraciones de 100 líderes de grupos de interés sometidos a la comisión parlamentaria como parte de su investigación.
 
Enlace del informe de la comisión parlamentaria sobre biopiratería (en portugués)

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