12/10/20
Subir impuestos, una solución clave contra el tabaquismo
Por: Pablo Corso
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Una suba de 50 por ciento en el precio de los cigarrillos evitaría 314.000 muertes y 1,3 millones de eventos de enfermedades en América Latina en la próxima década, según un estudio publicado en la revista The Lancet firmada por 21 expertos en tabaquismo de siete países latinoamericanos.
La medida también ahorraría US$ 26,7 mil millones en costos de atención médica, de acuerdo con la investigación.
“A pesar de ser una de las medidas más efectivas para reducir el tabaquismo, los impuestos al tabaco están sub-utilizados y los cigarrillos son más asequibles en América Latina que en otras regiones”, señala el reporte.
La adicción al tabaco “es uno de los principales factores de riesgo de muerte y discapacidad, genera pobreza e impone una carga económica a los sistemas de salud”, advierte el reporte. Responsable de 12 por ciento de los fallecimientos de adultos latinoamericanos, sus costos médicos representan casi 7 por ciento de los presupuestos de la región.
Esa decisión impactaría “en la iniciación y la cesación del consumo de los jóvenes, y disminuiría la probabilidad de re-incidencia de ex-fumadores, además de reducir el consumo entre los fumadores”.
Ariel Bardach, Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina
El cigarrillo causa la mayor parte de las muertes por cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con datos de 2015, los países latinoamericanos con las tasas de prevalencia masculina más altas son Chile (44 por ciento), Argentina (29) y Ecuador (28).
Si los impuestos subieran al 50 por ciento, “unas 20 millones de personas podrían escapar de la pobreza, se evitarían millones de muertes prematuras y el ingreso extra podría financiar parcialmente los cuidados de salud”, plantean los autores de Argentina, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Bolivia.
Esa decisión también impactaría “en la iniciación y la cesación del consumo de los jóvenes, y disminuiría la probabilidad de re-incidencia de ex-fumadores, además de reducir el consumo entre los fumadores”, agregó a SciDev.Net Ariel Bardach, director del Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, y uno de los autores del estudio.
Entre 2004 y 2013, por ejemplo, en Argentina el precio de los cigarros aumentó, “pero al ajustar por inflación hay un estancamiento o incluso una reducción del precio real”, escribe Bardach.
“La industria del tabaco interfiere en las políticas regionales sobre la salud pública y el bienestar social”, critica el médico. Un reporte que monitoreó su comportamiento durante la pandemia revela acciones como el refuerzo de publicidad en redes sociales, el uso de influencers, ofertas de dispositivos electrónicos y anuncios en aplicaciones de envíos a domicilio.
Contra lo que califica como “una guerra de desinformación dirigida hacia los tomadores de decisiones y la opinión pública”, la experta recordó que Colombia triplicó el impuesto entre 2016 y 2018, y la cantidad de fumadores cayó de 3,3 a 3 millones, su mínimo histórico.
El caso colombiano está en línea con la entrada en vigor, hace tres lustros, del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Entre 1980 y 2015, los fumadores de la región bajaron de 77,3 millones a 69,1 millones.
En ese lapso Brasil redujo el consumo más de la mitad, mientras que en Uruguay la prevalencia pasó de 40 por ciento en 2006 a 21,6 por ciento en 2017. Hoy es el único país de la región en implementar el empaquetado neutro (sin logo, color ni imágenes) en los cigarrillos de venta al público.
Los investigadores también advierten que sus estimaciones son conservadoras, ya que “la carga financiera del tabaquismo podría ser el doble o el triple de la estimada por costos médicos directos, si se consideraran los costos de la productividad perdida y otros costos sociales”. Tampoco se tuvieron en cuenta las consecuencias de fumar pasivamente, los efectos perinatales y otros indirectos, como los daños por incendios.
Si los decisores de políticas realmente buscan limitar a esta industria, advierte Llorente, es imprescindible intensificar los esfuerzos por divulgar evidencia científica libre de conflictos de interés, fortalecer la rendición de cuentas de los políticos y abrir litigios que se traduzcan en acciones de remediación de daños.
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