17/11/26
Políticas sobre sexualidad deben basarse en la ciencia
Por: Aleida Rueda
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[CIUDAD DE MÉXICO, SciDev.Net] Con el fin de que las personas en América Latina vivan una sexualidad plena, alejada de sesgos moralistas, fundamentalistas o punitivos, especialistas en sexología y educación sexual lanzaron una declaración política para exigir que los gobiernos de la región implementen políticas sobre sexualidad basadas en evidencia científica.
La declaración se dio durante el XXIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (CLASES 2026) y el XV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), celebrados en la Ciudad de México del 28 al 30 de octubre, con participación de especialistas, activistas, educadores y profesionales de la salud.
En el documento, los líderes de las organizaciones participantes reconocieron que en la región persisten fundamentalismos y desigualdades estructurales que generan injusticias sexuales y vulneran el derecho de las personas al goce, la salud y la vivencia plena de su sexualidad.
“Debido a la influencia de grupos políticos religiosos y a posturas de extrema derecha, han surgido resistencias ideológicas que obstaculizan el desarrollo de políticas educativas orientadas a promover la salud sexual, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el placer y la prevención de diversas formas de violencia”, dijo a SciDev.Net la sexóloga brasileña Yeda Portela.
Por eso, añadió, los gobiernos deben responder con políticas basadas en la ciencia, respetando la laicidad, la interseccionalidad, la dignidad, la igualdad, la equidad y la redistribución como principios fundamentales de la justicia sexual.
“Cuando las políticas sobre sexualidad se construyen a partir de creencias personales o doctrinas particulares y no de la evidencia, los riesgos son graves”, comentó a SciDev.Net Verónica Delgado, presidenta de la FEMESS.
“Se difunde información falsa, se legitima la discriminación y eso abre la puerta a violencias, como la física, psicológica y sexual. Además, se deja a niñas, niños y adolescentes sin herramientas para reconocer el abuso y protegerse”, explicó.
En la declaración se señala que debe haber un mayor acercamiento con la comunidad científica y que la investigación sexológica “debe estar al servicio de las comunidades, de todas las personas y de la transformación de las realidades de injusticia que aquejan a nuestra región”.
La medición de políticas públicas que inciden en la salud es una de las contribuciones más importantes que puede hacer la ciencia, ya que el método científico reduce los sesgos de apreciación y permite comprobar si una intervención produce beneficios reales o si, por el contrario, genera daño.
“Necesitamos medir porque así podemos tener datos empíricos que nos permitan vigilar y evaluar la actuación de los gobiernos para proteger los derechos sexuales y reproductivos de nuestros países. Si tenemos indicadores, ya no partimos de cero”, dijo a SciDev.Net Víctor Hugo Flores, secretario general de la FEMESS.
Los especialistas coincidieron, además, en que la información científica ayuda a aportar evidencia y desmitificar creencias en contra de los derechos sexuales.
“Cuando las políticas sobre sexualidad se construyen a partir de creencias personales o doctrinas particulares y no de la evidencia, los riesgos son graves”.
Verónica Delgado, presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología
Por ejemplo, dijo Delgado, mucha gente cree que la educación sexual en la infancia provoca un “despertar temprano” de la sexualidad, pero la evidencia muestra que “la educación sexual adecuada a cada edad ayuda a que niñas y niños conozcan su cuerpo, lo nombren correctamente, entiendan qué contacto no está permitido y sepan pedir ayuda. Así es como se identifica y se previene a tiempo el abuso sexual”.
Otro mito es que la homosexualidad es una moda y “se pega”, cuando en realidad “la orientación sexual no se elige, no se contagia y no se modifica con ‘terapias’. La investigación científica indica que surge de una interacción compleja de factores biológicos y del desarrollo, y muchas personas la reconocen desde la infancia o la adolescencia”, afirmó la especialista.
Y recordó que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud ya no la considera un trastorno: ninguna orientación sexual es anormal. Los llamados “esfuerzos de conversión” causan daños documentados (depresión, ansiedad, riesgo suicida).
Una educación sexual laica y científica
En su declaración política, los especialistas también exigieron que los países de la región implementen una Educación Sexual Integral (ESI) laica y científica en todos los niveles educativos de la región.
Propusieron programas educativos con contenidos verídicos y actualizados que permitan distinguir lo que beneficia de lo que perjudica, que promuevan pautas de comportamiento saludables, permitan identificar situaciones de riesgo y que estén libres de interferencias de intereses políticos y económicos.
Necesitamos “basar nuestros programas educativos sobre sexualidad en evidencia, y no en creencias particulares; esa es la manera de garantizar que respondan al bienestar de todas las personas, sin discriminación”, aseguró Delgado.
Esta exigencia responde a políticas en distintos países de la región que van en contra de la educación sexual integral. Por ejemplo, en Paraguay una resolución de 2025 del Ministerio de Educación prohibió la difusión de materiales que abordan la cuestión de género en instituciones educativas.
En Argentina, a principios de 2025, el gobierno nacional retiró los materiales de Educación Sexual Integral destinados a estudiantes y docentes, por considerarlos “adoctrinamiento”. Además, según la organización ELA-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el gobierno asignó a la ESI apenas 30 millones de pesos, alrededor del 2 por ciento de lo que se destinó 2023.
Otro caso es Perú, donde en mayo de este año el Ministerio de Educación eliminó toda referencia a la ESI y al enfoque de igualdad de género que contenía una norma previa, al tiempo que reforzó la participación y el protagonismo de las familias en la formación y en los valores éticos o morales de los estudiantes.
De acuerdo con Portela, la política educativa de Brasil tampoco contempla la educación sexual integral, lo que deja de lado varias dimensiones de la sexualidad que van más allá de lo biológico.
Una ESI implica “debatir sobre el machismo estructural, la violencia de género, el feminicidio, la homofobia y la diversidad sexual. Esto favorece la reconstrucción de los sistemas de conocimiento y creencias, promueve reflexiones y cambios significativos en la forma de relacionarse con los demás y con el mundo”, añadió Portela.
Para Flores, “la ciencia tiene una deuda con el estudio de la sexualidad, y es entender que la sexualidad es compleja, y que no estamos exentos de tener sesgos cognitivos que pueden propiciar desigualdad, violencia y discriminación. Por eso es necesario estudiarla”.
Según Portela, la declaración no sólo exige respuestas sobre violaciones a los derechos sexuales individuales, “también sobre las fuerzas sistémicas que criminalizan y patologizan las expresiones sexuales, censuran el conocimiento científico, invisibilizan el placer, restringen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y niegan a las personas el derecho a la sexualidad”.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
