Los empleos verdes pagan más en América Latina

[RIO DE JANEIRO, BRASIL, SciDev.Net] Los trabajadores latinoamericanos en “empleos verdes” reciben, en promedio, un 15,8 por ciento más que aquellos en ocupaciones tradicionales, según un estudio que se publicará en la edición impresa de abril de la revista Structural Change and Economic Dynamics.

La investigación analizó los mercados laborales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Los resultados muestran que el “wage greenium” —término en inglés que se refiere al premio salarial asociado a empleos verdes; en español, prima salarial verde— está presente en la mayoría de países, aunque con intensidades distintas.

México registró la mayor diferencia, con un 20,5  por ciento más que en ocupaciones no verdes. Brasil (16,3 por ciento) y Uruguay (14,8 por ciento) se acercan al promedio. Chile (9,5 por ciento), Ecuador (8,8 por ciento) y Argentina (8,2 por ciento) presentan diferencias menores, mientras que Bolivia, Colombia y Perú no muestran variaciones salariales significativas.

Según el estudio, la proporción de empleos verdes es mayor en la construcción (67 por ciento), otras industrias (39 por ciento) y actividades primarias (26 por ciento), y menor en educación, salud y servicios personales (9 por ciento), pero esto no significa que estos sectores tengan necesariamente salarios verdes más altos o más bajos.

El estudio define “empleo verde” no por el sector, sino por tareas vinculadas a la sostenibilidad ambiental, como la eficiencia energética, la gestión de recursos naturales o la reducción de emisiones.

El economista Pablo de La Vega, coautor del estudio, explicó a SciDev.Net que esta definición tiene la ventaja de permitir la identificación de empleos verdes incluso en sectores “marrones”, es decir, grandes emisores de gases de efecto invernadero.

“Un ingeniero que instala paneles solares tiene un empleo verde, al igual que alguien responsable de reducir la contaminación ambiental en una fábrica industrial”, ejemplificó de La Vega, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Si bien el estudio no atribuye directamente la diferencia salarial a la sostenibilidad del empleo, De La Vega explicó que la literatura científica sugiere que la acumulación de capital humano —nivel educativo, formación profesional y experiencia— es un mecanismo que puede explicar esta situación.

Según la investigación, mientras una persona con nueve años de estudios gana alrededor de 9 por ciento más en un puesto verde, aquella con 18 años de escolaridad recibe un 27 por ciento adicional.

Otra interpretación para la diferencia salarial son los llamados “diferenciales compensatorios”, variaciones salariales destinadas a equilibrar características no monetarias de un empleo, como riesgos e incomodidades.

En ese sentido, los empleos verdes pueden presentar características que justificarían una remuneración más alta.

“Si, por ejemplo, estos empleos están concentrados en industrias altamente contaminantes, implicando una mayor exposición a condiciones de trabajo adversas —como la contaminación—, es razonable esperar un premio salarial que compense la desutilidad —concepto económico referido a la disminución de la calidad de vida o bienestar— que enfrentan los trabajadores”, ilustró el investigador.

Sector formal es predominante

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la transición energética podría aumentar en 10,5 por ciento la cantidad de nuevos empleos hacia 2030 en la región.

Sin embargo, el nuevo estudio muestra que los beneficios económicos de la transición verde son desiguales, concentrándose predominantemente en el sector formal. Esta disparidad, según De La Vega, representa un punto crítico para las políticas públicas.

“A menos que la informalidad y la segmentación del mercado laboral se aborden directamente, la transición verde puede intensificar las desigualdades salariales y las disparidades estructurales en el mercado laboral en América Latina”, advirtió.

El economista Nelson Karam, del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de Brasil y que no formó parte del estudio, mencionó el ejemplo de los recicladores de residuos sólidos en ese país, que “realizan una labor ambiental excelente, aunque mayoritariamente se encuentran en la informalidad”.

Por eso, según él, los resultados del estudio deben ser interpretados críticamente. “El hecho de que sea verde no significa que sea un empleo de calidad, con buenos salarios, protección social y formalización”, dijo el investigador a SciDev.Net.

“A menos que la informalidad y la segmentación del mercado laboral se aborden directamente, la transición verde puede intensificar las desigualdades salariales y las disparidades estructurales en el mercado laboral en América Latina”.

Pablo de La Vega, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

A esto se suma la desigualdad entre hombres y mujeres. Aunque el estudio no analizó las diferencias de salario por género, se observó que solo algo más del 13 por ciento de las mujeres empleadas en América Latina trabaja en ocupaciones verdes, frente al 31 por ciento de los hombres.

Políticas públicas

Para De La Vega, los gobiernos de la región deben incorporar la promoción de empleos verdes a las políticas laborales ya existentes.

Además, ante el atractivo financiero de los empleos verdes, podrían implementarse políticas públicas que ayuden a hacer más verde el mercado laboral, favoreciendo en especial a trabajadores con menores niveles de escolaridad.

Karam añadió que no hay transición energética justa sin protección y garantía de empleo —sobre todo para categorías amenazadas por la transición—, además de cualificación profesional para los sectores que están siendo transformados y para las nuevas ocupaciones.

“Es necesario contar con fondos financieros robustos que hagan viable la transición y protejan a los trabajadores afectados. Y todo esto no se logra sin la presencia y coordinación del Estado en diálogo con todos los actores sociales involucrados”, opinó Karam.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net