Argentina: polémica ante derogación de ley de alimentación saludable

[BUENOS AIRES, SciDev.Net] Más de 300 organizaciones —entre ellas asociaciones médicas y académicas, y colectivos de la sociedad civil de Argentina y otros países, especializadas en nutrición y salud alimentaria— manifestaron su rechazo a la propuesta del presidente argentino Javier Milei para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, presentada recientemente ante el Parlamento argentino.

En una carta pública, las asociaciones firmantes piden que se priorice la evidencia científica que avala las herramientas incluidas en la norma e instan a los diputados y senadores a votar en contra del proyecto de derogación. La medida ya ingreso al Senado de la Nación para ser discutida en las comisiones de industria y comercio y de salud, la fecha de votación no ha sido revelada.

Esto ocurre mientras nuevas evidencias en la región refuerzan el impacto de las políticas alimentarias integrales. Un estudio realizado en Chile y publicado en The Lancet el 11 de junio muestra que la combinación de medidas —como el etiquetado frontal, las restricciones a la publicidad y la regulación de la alimentación escolar— pueden reducir el riesgo de obesidad infantil, incluso en edades tempranas.

En Argentina, donde se discute su posible derogación, la ley N° 27.642 fue aprobada en 2021, y considerada un “hito histórico” por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la calificaron como “una medida clave para prevenir el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la mala alimentación, como la hipertensión arterial, diabetes, colesterol e hiperglucemia”.

Argentina, según datos de 2019 de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina, y la obesidad afecta a más del 40 por ciento de niños y niñas entre 5 y 17 años, y al 70 por ciento de la población adulta.

“En 2024 habían aparecido dos proyectos de derogación y las justificaciones eran las mismas narrativas que sostenía la industria en 2020 y 2021 (cuando se discutía la Ley 27.642). Ahora, el contexto empeora con la aparición de un nuevo proyecto firmado por Milei”, dijo a SciDev.Net María Belén Núñez, directora de la Fundación Sanar, entidad argentina que promueve políticas públicas sobre temas de alimentación saludable.

La Fundación Sanar es una de las organizaciones que firman la denuncia pública, que destaca que, desde una perspectiva sanitaria, no existen argumentos que puedan justificar la modificación de la norma existente y menos aún su derogación.

“Solicitamos que se priorice la evidencia científica que avala la efectividad de los sistemas de etiquetado frontal de alimentos y la implementación de la ley de Promoción de Alimentación Saludable”, sentencian en el comunicado.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para solicitar la derogación es que los sellos negros generan confusión en los consumidores, y afirma que “el esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto al perfil nutricional de determinados alimentos”.

Sin embargo, un estudio publicado de 2024 evidencia que más del 90 por ciento de las personas encuestadas reconoce los sellos de advertencia en los envases y comprende total o parcialmente su significado. Además, casi el 80 por ciento reportó haber realizado cambios en sus hábitos de compra a partir de la implementación de la ley.

“No existe ninguna persona experta en salud pública y nutrición en Latinoamérica que no apoye a este sistema de etiquetados frontales en los productos. Quienes están preocupados por la salud de la población saben que no hay otra opción mejor”, señala a SciDev.Net Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

Para Barquera, quien coordinó en 2020 el grupo que impulsó la legislación de etiquetado frontal en México, la propuesta de derogación del gobierno argentino no responde a criterios científicos ni busca el beneficio de la población, sino que cede a las presiones del sector corporativo.

El proyecto de ley de Milei también alega que la ley promueve sobrecostos y tiene limitaciones técnicas.

“Los únicos que están cuestionando (la ley) son grupos que tienen conflictos de interés. La mayoría ni siquiera son de Argentina; son corporaciones transnacionales con mucho poder político y económico que influyen en las decisiones locales, pero no representan a las personas expertas en salud pública de Argentina”, opinó el especialista.

México, Colombia y Argentina son los países de la región cuyas normativas están más alineadas con las mejores prácticas recomendadas por la OPS.

“La OPS recomienda avanzar en cuatro políticas: el etiquetado frontal, la regulación de la publicidad, la protección de los entornos escolares y políticas fiscales. De esas cuatro grandes políticas públicas, la Ley argentina contiene tres. Por eso es una ley de avanzada”, dijo a SciDev.Net Andrea Graciano, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de esa universidad.

Sostiene que cualquier intento de retroceso o derogación de esta ley enciende de inmediato las alarmas globales, porque vulnera de forma directa uno de los principios fundamentales de los derechos humanos.

“Si la ley se deroga estamos perdiendo un derecho básico que esta ley propicia, que es el derecho a la información”, advierte.

SciDev.Net intentó contactar a legisladores que defienden la propuesta de derogación de ley y a la oficina de prensa de Jefatura de Gabinete de la Nación, pero hasta el cierre de edición de esta nota no tuvo respuesta.

Etiquetado sí protege, según estudio en Chile

Por su parte, el estudio de The Lancet analizó datos nacionales de más de 300.000 escolares de entre 4 y 6 años, comparando su peso y talla antes de la entrada en vigor de la Ley de Alimentación y Nutrición Infantil con registros posteriores a la implementación de su primera fase en 2016. Los resultados indican un riesgo 2,9 por ciento menor de sobrepeso u obesidad en niñas y de 2,4 por ciento en niños.

Aunque la reducción parece modesta, su impacto podría haber aumentado tras el endurecimiento de la ley en 2018 y 2019, cuando se registró una mayor caída en las ventas de productos etiquetados, señaló en una nota de prensa la economista Nieves Valdés, coautora del estudio. Añadió que incluso pequeños descensos de peso en edades tempranas pueden generar beneficios sustanciales para la salud a largo plazo.

En un comentario publicado en la misma revista, Simone Pettigrew y Daisy Coyle, investigadores del Instituto George para la Salud Global que no participaron en el estudio, opinaron que “los hallazgos refuerzan la necesidad de que los gobiernos implementen estrategias integrales para mejorar los entornos alimentarios”.

Añadieron que medidas como las etiquetas de advertencia obligatorias, restricciones de comercialización y estándares mínimos para la alimentación escolar “pueden generar resultados significativos”.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net