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De los 300 asesinatos ocurridos en Brasil desde 2009 cuyas víctimas defensores de la Amazonia, solo 14 fueron llevados a juicio, según un reporte de la ONG Human Rights Watch (HRW).

La investigación de 170 páginas analizó 28 de los 300 asesinatos registrados desde 2009 por la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la iglesia católica brasileña que colabora en la resolución de conflictos por la tenencia de la tierra, los derechos y los procesos de liberación campesina. Es uno de las principales instituciones en el país que lleva registros de casos.

Sobre esos datos, el trabajo de HRW investiga las causas de la impunidad y la violencia en los conflictos por el uso de la tierra en la región. Así halló que de las 40 denuncias de amenazas y ataques realizadas en su mayoría desde 2015 solo una fue denunciado y ninguno llevada a juicio.

César Acebes, investigador senior de HRW para Brasil, dijo a SciDev.Net que en los casos analizados en el informe, especialmente en los estados de Pará y Maranhão, la violencia está claramente relacionada con la tala ilegal.

hermanas Guajajara
Jaciane Guajajara (izquierda) y Graça Guajajara recuerdan a su padre Tomé Guajajara, quien fue asesinado en 2007 por madereros que invadieron su aldea para recuperar un camión de tala que los indígenas capturaron en el territorio indígena de Araribóia. Doce años después, no ha habido juicio.

Según el estudio, en muchos de estos casos están vinculados a redes criminales que se dedican a actividades que generan deforestación, y utilizan la violencia y la intimidación contra quienes intentan detenerlos.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos relevaron detalles de lo sucedido en esos asesinato durante dos años y entrevistaron a más de 160 activistas, funcionarios públicos, miembros de tribus indígenas y fiscales, entre otros.

Una de las principales causas de la impunidad de estas muertes, según HRW, es que los lugares donde ocurre la violencia están lejos de las seccionales policiales. “Los recursos limitados son una realidad en estos lugares: faltan automóviles, faltan personas”, detalló Acebes.

Pero no es el único factor: muchos asesinatos analizados fueron en las ciudades. Además, agregó, “tampoco se hicieron autopsias, que son el paso básico de cualquier investigación”. Cuando no se realiza una autopsia, información básica como la trayectoria de entrada de la bala, la distancia del tirador, se pierde y dificulta el trabajo posterior.

El informe presenta algunos casos que muestran negligencia de las autoridades. Un ejemplo es el de Davi Mulato Gavião, indígena asesinado en una plaza a menos de un kilómetro de las comisarías de policía civil y militar de Maranhão. Según los familiares de la víctima, la policía acudió al lugar más de 30 horas después del incidente. “La policía me dijo que no estaba allí porque era un fin de semana”, contó Acebes a SciDev.Net. Para Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y que no participó en el informe, la mayoría de estos asesinatos “ocurren en el contexto de grandes empresas cuyos propietarios tienen influencia en todas las instancias de la sociedad”.

El investigador, que es el subcoordinador del Mapa de Conflictos Ambientales elaborado por el Grupo de Estudio de Asuntos Ambientales de la UFMG, también afirmó a SciDev.Net que es muy difícil enjuiciar a los asesinos porque usan formas indirectas para instigar la violencia. “Los rumores se propagan, crean situaciones conflictivas y la violencia continúa sin la posibilidad de llegar a los verdaderos autores de estos crímenes”.

A menudo no solo no se investiga sino que la policía tampoco registra las denuncias de amenazas. Los lazos políticos y económicos entre los madereros y la policía local pueden ser una razón. “Hemos visto que algunas facciones de delincuentes tienen contacto con la policía. En un caso, la policía militar fue contratada para matar a un defensor ambiental en Maranhão. Pero obviamente, hay policía que están muy comprometidos con su trabajo”, dijo Acebes.

El hecho de que el gobierno brasileño no tenga una encuesta oficial sobre la cantidad de muertes resultantes de los conflictos por el uso de la tierra dificulta la posibilidad de acción. Las encuestas más confiables en Brasil son de la Comisión Pastoral de la Tierra y el Consejo Misionero Indio, ambos vinculados a la Iglesia Católica.

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Eýy Cy, de 31 años, sostiene a su hijo en la plaza principal de la aldea de Governador, donde es jefe, en el Territorio Indígena de Governador en el estado de Maranhão en junio de 2018. Los habitantes de Pyhcop Catiji que viven allí han establecido un grupo de "Guardianes del Bosque", que patrullan el bosque para detectar la tala ilegal.

Brasil, sin embargo, tiene un buen marco legal para defender a las personas que luchan por causas ambientales a través del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos. El problema, señalan los expertos, es que la puesta en práctica es limitada.

“Bajo el gobierno de (Jair) Bolsonaro, la aplicación ambiental se debilitó, tanto en el discurso como en la práctica. Los inspectores ambientales temen actuar ante posibles represalias de sus superiores, y el resultado es una explosión en las tasas de deforestación y quemas forestales”, opinó Acebes.

Los pocos casos que se investigan y van a juicio suelen ser historias que tuvieron gran repercusión en los medios de prensa. Esto sucedió, por ejemplo, con la llamada masacre de Colniza, ocurrida en abril de 2017 y en la que nueve personas fueron asesinadas a tiros y cuchillazos en ese pequeño municipio del centro-oeste de Brasil.

Los asesinatos tuvo amplia cobertura en los medios locales, nacionales e incluso internacionales, y en su momento se denunció que se debieron a conflictos por la propiedad de la tierra pues en la zona hay un largo historial de este tipo de problemas.

Colniza está lejos de las zonas urbanas, ubicado en una zona de la selva amazónica de muy difícil acceso, “pero aún así hubo investigaciones e informes”, recordó Acebes. “Esto muestra que la investigación es posible en centros urbanos o remotos. Solo quiero hacerlo”, concluyó el investigador.

Enlace al informe de Human Right Watch.