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[SANTIAGO] Un grupo de investigadores chilenos y extranjeros lanzó un llamado de atención a las autoridades chilenas ante lo que califican como una “creciente tolerancia hacia las especies invasoras en Chile, en contra de la evidencia científica”.

En una carta publicada en la edición en línea de la revista Science (8 de octubre), ocho profesionales del área de conservación —incluyendo al Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, Fabián Jaksic, y a Hugg Possingham, científico jefe de The Natural Conservancy— advierten que las especies invasoras modifican los ecosistemas, transmiten enfermedades, depredan especies vulnerables y son la principal causa del declive y extinción de estas últimas a nivel mundial.

Un estudio divulgado en 2017 determinó que solo siete de las 128 especies exóticas que habitan en Chile generan pérdidas por US$87 millones anuales. No obstante, se estima también que perros y gatos asilvestrados o que vagan libremente —la mayoría tras ser abandonados por sus dueños— generan un daño igual o mayor.

Los firmantes de la carta, encabezados por Hernán Cáceres, médico veterinario e investigador en ciencias de la conservación de la Universidad de Queensland (Australia), indican que “el gobierno chileno decidió restringir o, incluso, retirar medidas para controlar a los perros y gatos de vida libre, tales como el sacrificio” y que “algunos activistas por los derechos de los animales han sido fuertes defensores de actuales regulaciones inadecuadas, retrasando la discusión política sobre especies invasoras”.

Aunque la carta no lo especifica se refieren a que en 2015, bajo la solicitud de agrupaciones defensoras de animales, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile suspendió una modificación a la Ley de Caza que iba a permitir la caza de perros salvajes o asilvestrados que se encontraran en jaurías en zonas rurales.

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Los perros asilvestrados atacan la fauna nativa, como este guanaco en el Parque Nacional Llanos de Challe.
Crédito: Conaf.

En este sentido, Cáceres dice a SciDev.Net que “para el desarrollo de una política efectiva de control a nivel nacional, primero hay definir el objetivo del manejo a nivel local”. Por ejemplo, reducir la pérdida de individuos en una zona ganadera, la tasa de mordeduras en áreas urbanas o los impactos sobre la fauna nativa.

Dependiendo del caso, agrega, se pueden determinar las acciones más eficientes, que ya han mostrado efectividad en países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y que suelen combinar estrategias como capturar, albergar, dar en adopción, esterilizar, soltar o sacrificar al animal invasor.

“Coincido con el diagnóstico general que hacen los autores de la carta”, dice a SciDev.Net Miguel Díaz, veterinario e investigador del Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica, de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Chile.

Su análisis es que “la institucionalidad que debería hacerse cargo del control de especies invasoras no existe y no se cautelan sus impactos ambientales”. 

Díaz se refiere al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un proyecto de ley presentado por el gobierno de Michelle Bachelet en 2014 y que todavía está en trámite en el Parlamento. Mientras, existen 17 instituciones que tienen alguna injerencia en protección de especies animales, vegetales o marinas, pero que no cuentan con los medios, políticas o estrategias suficientes para hacer un adecuado control. El experto menciona riesgos como la expansión del visón, el castor y jaurías de perros asilvestrados. Por caza directa o transmisión de enfermedades, señala, estos últimos “están propiciando la extinción de muchos animales silvestres, cuyas poblaciones son muy pequeñas”. Entre la fauna nativa más atacada por los perros de vida libre hay huemules, pudúes (ciervos pequeños), zorros, guanacos, vicuñas, coipos y diversas aves.

Considerando que el Ministerio de Medio Ambiente actualmente trabaja en una estrategia para prevenir, controlar y/o erradicar especies exóticas invasoras, Cáceres señala que se debería priorizar cuatro aspectos.

Eso son, la participación de actores que identifiquen correctamente los beneficios y necesidades sociecológicas y las limitaciones que pueden afectar a los programas, tener claridad sobre la disponibilidad de fondos para implementar dichos programas y las acciones que se priorizarán en función de éstos.

Además, basar los programas de manejo en evidencia científica y tener claridad del tiempo disponible para proteger las especies nativas antes de que desaparezcan.

Para Díaz, las prioridades incluyen “inyectar recursos públicos para el control de especies invasoras y que el Gobierno haga un cambio al reglamento de la Ley de Caza, permitiendo la captura y remoción de perros asilvestrados en casos excepcionales”.