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[CIUDAD DE MÉXICO] Un estudio revela que al sembrar árboles en zonas originalmente destinadas al pastoreo o a los cultivos agrícolas se podrían recargar las aguas subterráneas en el Canal de Panamá para que éste mantenga su caudal incluso durante la época de sequías.

Para la Autoridad del Canal de Panamá mantener el nivel del agua está directamente asociado con sus ganancias, ya que cuando escasea la lluvia y el nivel del agua en la cuenca disminuye se hace más difícil el paso de los barcos y el transporte de mercancías, que representa alrededor de 3% del comercio marítimo mundial anual.

Un grupo de investigadores estadunidenses hizo un análisis de costo-beneficio para evaluar cuál sería el resultado de un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) en el Canal.

Los PSA son mecanismos económicos por medio de los cuales se les asigna un valor monetario a los servicios que ofrecen los ecosistemas, de manera que los beneficiarios de esos servicios retribuyan a quienes los conservan sanos.

Según los autores, el problema que comúnmente tienen estos contratos es que no se estima el costo-beneficio de manera previa para saber si hay un equilibrio entre lo que cuesta la infraestructura ecológica para ofrecer el servicio y lo que se paga por él.

Miraflores by Caterina
Esclusas de Miraflores, en el Canal de Panamá.
Crédito: Caterina Elizondo Lucci / SciDev.Net.

“Los servicios de los ecosistemas son valiosos, pero también son caros. Los PSA pueden ser eficientes, pero no necesariamente de bajo costo”, dijo a SciDev.Net, Eli Felichel, investigador de la Universidad de Yale y autor principal del artículo.

En este caso, el equipo se propuso estimar qué pasaría si la Autoridad del Canal de Panamá ofreciera un pago a agricultores locales para que estos dejaran de usar sus tierras sólo para el pastoreo o para el cultivo agrícola y aplicaran en ellas la agroforestería (la combinación de árboles, ganado y pastos), lo cual permitiría incrementar las reservas de agua en el subsuelo y aumentar el caudal del Canal en las épocas de sequía.

Para ello diseñaron una innovadora evaluación que combina el conocimiento hidrológico de la cuenca con análisis socieconómicos. Primero, evaluaron el beneficio de generar más agua para el canal estimando cuántos metros se requieren para el paso normal de los barcos. Luego, estimaron cómo tendría que modificarse el ecosistema para producir ese nivel de agua: cuántas hectáreas deberían tener vegetación.

Finalmente calcularon cuánto les costaría a los propietarios de las tierras esa modificación y cómo sería el equilibrio de compensación del mercado, es decir, cuánto sería el margen de beneficio para el canal en función de las hectáreas convertidas. Y llegaron a la conclusión de que los beneficios para la Autoridad del Canal serían mínimos.

“Lo que encontramos es que, por razones sociales y geográficas, no todas las tierras serían proclives a participar en el programa y que muchas tierras no participarían en él a ningún precio razonable”, explicó Felichel. Además, identificaron que la siembra de vegetación y, en consecuencia, la recarga de las aguas subterráneas no sería inmediato, lo que podría retrasar pagos y disminuir beneficios para la Autoridad y los ejidatarios. Actualmente América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales. Existen programas en México, Honduras, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Belice, Guatemala, El Salvador, y un sistema más establecido a nivel nacional en Costa Rica. Sin embargo, pocos de estos esquemas incluyen evaluaciones con dimensiones socioeconómicas como las que propone Felichel.

“El estudio es bonito y elegante”, dijo a SciDev.Net Patricia Balvanera, investigadora de la Universidad Autónoma Nacional de México, campus Morelia, Michoacán, y especialista en PSA, que no participó en el estudio. “Es innovador al combinar datos hidrológicos muy detallados y de largo plazo de la cuenca del Canal de Panamá con elementos económicos y sociales”.

“Pero, ¿es replicable?”, cuestionó Balvanera. “En muchos lugares de América Latina no hay suficientes datos sobre los ecosistemas. Tampoco suele haber un único usuario claramente definido, como en este caso la Autoridad del Canal de Panamá. En la mayoría de los esquemas PSA, por el contrario, hay muchos servicios ambientales y muchos usuarios, por lo que definir costos es mucho más complejo”.

Ambos coincidieron en la importancia de incluir la dimensión social en los esquemas PSA y tomar en cuenta a quienes ofrecen los servicios, en este caso, los agricultores que recibirían el pago por modificar sus tierras.

De acuerdo con Felichel, “los programas de PSA son contratos y los contratos requieren respeto. La decisión que tome un propietario de la tierra sobre el costo de oportunidad de participar o no en un programa debe ser respetada. No le corresponde a un analista decir si el propietario debe aceptar participar a un precio específico”.

Pero Balvanera apunta que para eso hay que evitar relaciones de poder desiguales. “El estudio está centrado en las necesidades de la operación del Canal y no necesariamente en la gente que ahí vive. Habría que incluir una pluralidad de necesidades y de decisiones, cosa que no es tan fácil en lugares como Panamá donde hay una historia colonial tan clara”.