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Más de 25 por ciento de los 203 sitios naturales clasificados como Patrimonio de la Humanidad están en riesgo por la caza furtiva, la pesca ilegal y la deforestación, afirma un nuevo reporte de la WWF. Y las consecuencias de estas actividades no son sólo ambientales.
 
Según el documento, publicado en abril, de los casi 50 sitios amenazados, unos 18 están en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú. Sin embargo, el número podría ser mayor, pues la extracción ilegal de especies en la región—un negocio con ganancias de casi US$ 2.000 millones anuales— no está tan estudiada como en África o Asia.
 
En 2016, WWF reportó que de 1970 a 2012 la biodiversidad se redujo en promedio 60 por ciento y que el comercio ilegal fue uno de los principales motores de pérdida de especies. De continuar la tendencia, advierte el reporte, comenzaría una nueva ola de extinciones, sobre todo porque muchos de estos sitios del Patrimonio de la Humanidad son refugios para plantas y animales en peligro de extinción.
 
Tal es el caso de las islas y áreas protegidas del Golfo de California, en México, que albergan la última población de 30 vaquitas marinas. La pesca ilegal de totoaba —una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés)— es la principal causa de su declive.
 
“Muchas vaquitas caen en redes que se ponen ilegalmente para [pescar] totoaba”, dice Andrés Cisneros Montemayor, economista de recursos de la University of British Columbia, Canadá. “Y la demanda asiática representa un incentivo enorme para la sobrepesca de totoaba. Mientras siga, este problema no acabará”.  Pero además del impacto ambiental de la extracción ilegal de especies, estas actividades también afectan a la población que vive de ellas. En Belice, por ejemplo, esta actividad, combinada con la contaminación y el desarrollo costero desmedido, deterioraron las zonas marinas protegidas y el sistema arrecifal del que dependen unas 200.000 personas, casi la mitad de los beliceños.
 
Nadia Bood, bióloga marina de WWF-Belice, advierte que las poblaciones de algunos peces, langostas y moluscos disminuyeron drásticamente en los últimos años, dejando a los pescadores y comerciantes locales con menos producto para vender. “Es una batalla constante”, dice. “A menos que las ONGs, la sociedad y el gobierno trabajemos juntos, no veremos un cambio importante”.

Enlace al informe “Detener el comercio ilegal de especies de la lista CITES provenientes de sitios del Patrimonio Natural: NO ESTÁ EN VENTA”