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  • Reforma a ley de ciencia causa descontento en Venezuela

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[CARACAS] Parlamentarios, científicos y empresarios venezolanos han manifestado su disconformidad con los resultados de la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), realizada en diciembre pasado. Señalan que los cambios centralizan los recursos y disminuyen la independencia de los centros de investigación.

Uno de los aspectos que impuso la reforma fue la obligación de las empresas de entregar al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) los aportes que por ley deben destinar a investigación y desarrollo, los que oscilan entre 0,5 y dos por ciento de sus ingresos brutos.

Anteriormente, las empresas podían decidir si invertirían los recursos directamente en centros científicos o si lo harían en sus propios proyectos de desarrollo tecnológico.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Ciencia, en 2011 el estado venezolano ha recaudado 700 millones de bolívares (unos US$162 millones) provenientes de los aportes que las empresas deben hacer según la ley de ciencia.

En febrero pasado el ministro de ciencia, Ricardo Menéndez, señaló ante la Asamblea Nacional que la reforma de la ley buscaba evitar el desvío de recursos que se debían destinar a financiar la investigación, pues 95 por ciento del dinero se quedaba dentro de las empresas y no se traducía en beneficio para la comunidad o los centros de investigación.

A juicio de Beatriz Cisneros, consultora en el tema de la Locti para empresas y para la Universidad Simón Bolívar, el estado venezolano no hizo un buen seguimiento del uso de los recursos. “Si lo hubiera hecho, hubiera conocido que hay experiencias en comunidades que se beneficiaban de los recursos de la ley”, señaló a SciDev.Net.

Mencionó el caso de un proyecto para el saneamiento ambiental del complejo petroquímico de Jose, en el estado Anzoátegui. “Desde que se reformó la ley de ciencia, ese proyecto, y otros, están paralizados”.

Agregó que no reciben aportes los proyectos de investigación que no se amolden a las prioridades estatales, contenidas en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. Éstas son impacto del cambio climático, desarrollo urbano, eficiencia energética y vivienda y hábitat.

Por su parte, el diputado Tobías Bolívar, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, anunció en rueda de prensa (14 de julio), que estudian “acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la anulación de la reforma de la Locti”.

Añadió que la comisión también está impulsando el trabajo de grupos formados por miembros de universidades públicas y privadas, parlamentarios, concejales, empresarios, investigadores y representantes de organizaciones no gubernamentales que redactarán un nuevo proyecto de ley de ciencia.

La intención es someter el proyecto a consulta, para lo cual abrirán canales de participación, incluso, a través de redes sociales, dijo Bolívar.

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