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  • Panamá: primer beneficiario de fondo contra biopiratería

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El Fondo de Implementación del Protocolo de Nagoya (NPIF, por su sigla en inglés) ha anunciado su primer beneficiario: un proyecto de exploración de recursos naturales en Panamá para su uso en las industrias farmacéutica y agroquímica.

El Protocolo de Nagoya fue acordado en octubre de 2010 por 193 países para hacer frente a la biopiratería y compartir los beneficios de la investigación de los recursos naturales de una manera equitativa.

El NPIF fue creado por la agencia de financiación de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) cuatro meses después, como un fondo fiduciario de múltiples donantes para ayudar a los países a aplicar el protocolo.

El FMAM anunció a mediados del mes pasado (12 de enero) que Panamá recibirá US$ 1 millón del NPIF para llevar a cabo un proyecto de tres años en el Parque Nacional Coiba —una de las reservas naturales más importantes del país— ubicado en el Golfo de Chiriquí.

Los investigadores recolectarán muestras de plantas, hongos y algas simbióticas (de beneficio mutuo) que viven dentro de los corales, así como bacterias de agua dulce y salada, según Darío Luque, funcionario de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá.

Las muestras serán analizadas con la esperanza de descubrir compuestos para crear nuevos insecticidas naturales o medicamentos para tratar enfermedades tropicales y el cáncer.

Algunos grupos de investigación que examinan muestras de algas microscópicas de la isla Coiba ya han encontrado compuestos activos que podrían utilizarse en el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar el cáncer, explicó Luque.

Otros socios internacionales contribuirán con el resto del presupuesto requerido para el proyecto (US$3,4 millones) y compartirán sus beneficios. Estos incluyen a la Universidad de California, la Universidad de Utah y los Institutos Nacionales de Salud, en Estados Unidos, así como a empresas del sector privado con sede en Japón y los Estados Unidos.

Como uno de los socios, Panamá compartirá los derechos de todos los productos que surjan del proyecto. Pero los términos del contrato pueden ser renegociados "si los compuestos biológicamente activos son obtenidos en el primer año del proyecto", dijo Luque.

Gabriel Nemogá, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Winnipeg, Canadá, dijo que el contrato debe beneficiar al país más allá de ser un mero proveedor de la biodiversidad.

"No se sabe si Panamá tiene la institucionalidad ambiental, jurídica y la experiencia burocrática para enfrentar este proyecto", por lo que será difícil negociar un acuerdo más beneficioso, dijo a SciDev.Net.

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