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Más de 60 científicos, matemáticos, infectólogos, epidemiólogos y otros especialistas asesoran estrechamente al gobierno uruguayo en el control de la COVID-19, y son señalados como uno de los factores de la privilegiada situación del país en América del Sur respecto a la enfermedad.

Con solo 24 casos activos de COVID-19 [al 16 de junio] en todo el país de 3,5 millones de habitantes, y con menos de 5 nuevos casos por día en promedio desde mediados de mayo, Uruguay se ubica en el continente como un caso singular y una excepción, según medios de prensa internacionales.

Las razones que se esgrimen son varias. Muchas son medidas que se han aplicado en otros países, como reducir la circulación de personas, que en Uruguay ha sido voluntaria pero ampliamente acatada por la población.

También se ha destacado un sistema de salud pública sólido, universal y coordinado, y en particular la voluntad política de apostar por los desarrollos científicos del país. Uruguay, no obstante, históricamente ha invertido solo 0,34 por ciento de su PIB en ciencia y tecnología.

Cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Uruguay, el gobierno nacional tenía solo 13 días en el cargo, pues el 1° de marzo, después de 15 años de tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio (izquierda), asumió Lacalle Pou, del Partido Blanco (centro derecha), que llegó al poder con una coalición de cuatro partidos más.

Con la pandemia extendida en el mundo —y ya presente en los vecinos Brasil y Argentina—, el primer acercamiento del gobierno con la comunidad científica local comenzó aún antes de asumir el mandato.

Dos integrantes del Comité de Crisis: Julio Vignolo, experto en Medicina Familiar y Comunitaria, y Jorge Facal, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas.
Crédito de la imagen: Álvaro Salas, Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

El 28 de febrero, tres días antes de ser ministro de salud, Daniel Salinas, neurólogo de profesión, fue a conversar con un grupo de investigadores.

“Como médico, mi formación científica se basa en la evidencia y se nutre de múltiples disciplinas, pero además tengo un hermano que es investigador doctorado en Cambridge, y que tuvo el ojo de avisarme que podía contactar a un virólogo joven, Gonzalo Moratorio, para asesorarme”, dijo Salinas a SciDev.Net en entrevista telefónica.

“Una mañana fui, con termo y mate (bebida tradicional en Uruguay), y me explicaron todo. En aquel momento Uruguay, ni yo, tenía la dimensión sanitaria del problema. Allí tomé conciencia de que había que hacer algo desde el primer día”, agregó.

“Por eso, al asumir reuní a prestadores de salud públicos y privados, a gremios de la salud, al Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) y a la Universidad de la República (Udelar), y desde el Ministerio de Salud (MSP) apoyamos el desarrollo de test locales de diagnóstico molecular de COVID-19, valorando las capacidades de los científicos uruguayos”, destacó Salinas.

Moratorio, virólogo de la Facultad de Ciencias de la Udelar y del IP de Montevideo, hoy recuerda aquella reunión con Salinas, que surgió cuando el entonces futuro ministro le escribiera por Whatsapp para pedirle su asesoramiento.

Reunido con el equipo liderado por Moratorio y la investigadora Pilar Moreno, y con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Marín, Salinas mostró mucho interés “y no dejó de sacar apuntes de cada slide de la presentación, como si fuera un estudiante, interrumpiendo, haciendo preguntas” sobre el tipo de virus, las técnicas de diagnóstico, los antecedentes”, contó a Moratorio a SciDev.Net. 

Ese interés quedó evidenciado al observar “cuán fuerte fue el apoyo del gobierno al sistema científico local”, afirmó Moratorio, y en cómo “se le dio preferencia frente a opciones del extranjero”, agregó el investigador que, junto a Pilar Moreno, han sido dos de los líderes del desarrollo de test de diagnóstico molecular local en estos meses. Este trabajo redujo la dependencia a test extranjeros y reactivos a precios desmedidos.

Pronto se sumó el trabajo de la Facultad de Química de Udelar, que desarrolló alternativas para el medio líquido que se utiliza para transportar y conservar la muestras, y produjo hisopos locales, dos insumos que, debido a la alta demanda mundial, son escasos o aumentaron sus costos. En tanto, ingenieros de la Facultad de Ingeniería de Udelar desarrollaron dos modelos de respiradores locales.

Estos desarrollos, además de la producción de test serológicos por un grupo interinstitucional del IP Montevideo y la Udelar, contaron con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que creó un fondo especial de US$450.000, suficiente para impulsar el trabajo científico contra COVID-19.

“En estas semanas hemos sentido un gran respeto por nuestro trabajo científico y el de los investigadores en diferentes instituciones. Es un proceso muy fértil y de gran camaradería”.

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario


Con respaldo grupal


El 18 de marzo, el MSP convocó al Comité de Expertos Científicos en Gestión de la Crisis, primer grupo asesor a nivel gubernamental que ayudó a delinear la estrategia sanitaria y a difundir la información existente hasta entonces sobre el coronavirus, los síntomas de la enfermedad y las medidas de prevención.

Graciela Lago, presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), contó por teléfono a SciDev.Net que el ministro Salinas formó el comité a instancias de un ofrecimiento realizado por su institución y por otros expertos.

A un mes del primer caso de COVID-19, el 14 de abril, el gobierno nacional creó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), un conjunto más amplio y diverso de expertos que incluyó a algunos del comité de crisis, con el objetivo de acompañar al país “hacia la nueva normalidad”.

El GACH comenzó a delinearse “a partir de un planteo que hizo el gobierno de trabajar en ciencia y tecnología de datos”, pero que luego se amplió para agregar el área sanitaria, la socioeducativa y la económico-productiva, dijo a SciDev.Net el científico Rafael Radi, coordinador del grupo.

Actualmente, el GACH está integrado por 55 expertos que, bajo la coordinación de Radi, está divididos en dos áreas de trabajo: planificación en salud, asistencia y prevención, a cargo de Henry Cohen; y ciencia de datos, coordinada por Fernando Paganini. Los tres coordinadores son científicos muy destacados en Uruguay y con gran prestigio internacional.

“El GACH dialoga con un equipo más grande, que se llama Transición, y que incluye el área socioeducativa y económico-productiva, todo coordinado por el economista Isaac Alfie”, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia, detalló Radi.

Además de reuniones semanales con los subgrupos, el GACH realiza informes quincenales al grupo Transición, mantiene reuniones expecionales en las que participa el presidente, y un contacto diario con el gobierno que se refleja en que todas las medidas anunciadas tienen el respaldo de los científicos.

“En estas semanas hemos sentido un gran respeto por nuestro trabajo científico y el de los investigadores en diferentes instituciones. Es un proceso muy fértil y de gran camaradería”, concluyó Radi.

“Los cientificos pudimos dar datos y herramientas porque el gobierno nos dejó participar. Las respuestas que se dieron los asesores fueron generando confianza a medida que avanzaba la pandemia, y sobre esa base se pudo trabajar de forma eficiente”, dijo a SciDev.Net Carlos Batthyány, director del IP Montevideo.

Para Batthyány, una de las claves de la situación de Uruguay fue “la inteligencia (del gobierno) de pedir ayuda a la ciencia, y la capacidad de los científicos de aportar respuestas sin banderas políticas”.

El GACH “suma mucho (…) porque no es fácil tomar decisiones de eventos adversos desconocidos”, opinó Salinas.

Sobre este andamiaje de asesoramiento científico, Giovanni Escalante, representante de la OPS/OMS en Uruguay, dijo a SciDev.Net que “hay mecanismos de consulta similares en Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Honduras y Paraguay, pero la densidad de los espacios colaborativos entre la academia, asociaciones profesionales y grupos científicos es mayor en Uruguay”.

Además, Escalante destacó “la velocidad” con la que las propuestas y recomendaciones de los científicos “son valoradas y asumidas por el gobierno”.

“El gobierno actual se nutre de comunidades científicas por lo que gana perspectivas más amplias; identifica opciones; reduce riesgos potenciales porque efectúan revisiones sistemáticas; además acorta la distancia entre la academia y el gobierno lo que produce decisiones informadas más oportunas con menor incertidumbre”, opinó Escalante.

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