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[BUENOS AIRES] Una fundación argentina pidió al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que le negara la patente de un antirretroviral a la farmacéutica norteamericana Gilead Sciences Inc.
 
El medicamento TAF (siglas de Tenofovir Alafenamide Fumarato) se usa para tratar alrededor de la mitad de los pacientes en Argentina infectados por el virus del sida (unas 45.000 personas), y está en trámite desde hace más de cinco años. Ya hay un laboratorio argentino que lo produce y si se otorgara la patente aumentaría el costo considerablemente. En Brasil idéntico pedido fue rechazado en 2017.
 
La ley de patentes argentina indica que para ser otorgada una patente debe tener los requisitos de altura (o actividad) inventiva, novedad absoluta y aplicación industrial.
 
“En este caso, no se cumplen los requisitos de novedad porque ya es un medicamento de dominio público”, dice Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) que llevó adelante el reclamo.
 
“Lo que hicieron fue hacerle una modificación pequeña a la molécula para tener otros 20 años de exclusividad”, agregó.

“Hay que buscar alternativas para que bajen los precios de las drogas y que los monopolios no impidan el acceso a tratamientos”.

Jorge Bermudez, Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.

“No es una droga con alto costo de producción, pero si se aprueba la patente podría aumentar hasta 1.000%”, expresó Di Giano, que puntualizó que idénticas situaciones se dan con otras enfermedades. Como ejemplo citó un compuesto contra la hepatitis C, cuya patente también es solicitada por Gilead y que afectaría a tres compañías argentinas que abastecen el mercado nacional. “Esta incertidumbre desalienta la fabricación local de genéricos”, remarcó.
 
Hernán D’Urso, abogado especializado en propiedad intelectual y consultor de la Fundación Sales, señala que se trata de un tema técnico pero añade que “se podría argumentar que ese medicamento tiene importancia pública y por eso no debe ser patentado”.
 
Por su parte, Jorge Bermudez, jefe del departamento de medicamentos y asistencia farmacéutica de la escuela nacional de salud pública Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, coincide con la ONG y cree que se debería apoyar y extender a otros casos similares.
 
“Hay que buscar alternativas para que bajen los precios de las drogas y que los monopolios no impidan el acceso a tratamientos”.
 
Las empresas multinacionales del rubro “entran con una patente y luego piden otra con pequeñas alteraciones cuando va a expirar. Eso impide abaratar y que haya competidores, y torna imposible para personas, programas públicos y sector privado el acceso a tratamientos. Son maniobras para perpetuar situaciones monopólicas”, afirmó. Roberto de León Sánchez, gerente general de Gilead Argentina, prefirió no hacer declaraciones: “Los temas de patentes son manejados por la casa matriz y no a nivel local, y Gilead no hace comentarios públicos acerca de temas de propiedad intelectual y patentes por fuera de las discusiones técnicas con INPI o las autoridades correspondientes”, contestó vía correo electrónico.
 
Tampoco el INPI se extendió sobre el tema por considerar que se trata de un asunto sobre el cual aún no se expresó oficialmente. “El INPI tiene a su cargo el trámite y posterior registro —en su caso— de las solicitudes de patentes, y sólo se expide sobre la misma si ésta cumple con los requisitos de patentabilidad o no, de acuerdo a la ley, guías y reglamentaciones vigentes”, dijeron fuentes del organismo.
 
Idéntica resolución tomó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) pese a que ha formado parte de las oposiciones a otras drogas.
 
Para Bermudez, la situación política actual tanto en Brasil como en Argentina no contribuye al acceso universal a los tratamientos. “En ambos países hay gobiernos neoliberales y no sé qué discuten o traman con las empresas. Los dos países fueron muy proactivos para ese acceso universal y los programas de sida de Argentina y Brasil fueron modelos, y ahora sufren”.

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