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[MONTEVIDEO] A cinco meses de las elecciones nacionales en Uruguay, la Academia de Ciencias de ese país (ANCiU) difundió un documento dirigido a los candidatos presidenciales que incluye 10 puntos “como insumo para  al proceso político-electoral (…) y el futuro del sistema de ciencia, tecnología e innovación nacional”.
 
No es la primera vez que la academia uruguaya propone un diálogo con el sector político. En las elecciones nacionales de 2014, la institución se reunió con los candidatos de entonces, que se comprometieron a invertir 1 por ciento del PIB en la investigación en ciencia, tecnología e  innovación en los siguientes cinco años. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió: el presupuesto se mantuvo en 0,4 por ciento del PIB. Ahora, el nuevo documento insiste en alcanzar la cifra comprometida.
 
En la última década, alerta la Academia, se produjo “un grave retraso” en el financiamiento de dos de los programas de investigación, básica y aplicada, más relevantes. En ambos se aprobó “menos de 20 por ciento de los proyectos presentados, quedando afuera incluso muchos calificados por los evaluadores como de excelencia”, denuncia.
 
“No se logró el compromiso presupuestal, y eso es motivo de desazón. Sentimos que hemos perdido una gran oportunidad en cinco años. Haber llegado al 0.5 o 0.6 hubiese sido una señal interesante”, comentó a SciDev.Net Rafael Radi, investigador y presidente de la ANCiU.

Sentimos que hemos perdido una gran oportunidad en cinco años. Haber llegado al 0,5 o 0,6 [del PIB] hubiese sido una señal interesante”.

Rafael Radi - Academia de Ciencias de Uruguay

 
En el segundo punto, el documento reafirma la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia capaz de “identificar las necesidades nacionales en materia de CTI y de diseñar, financiar y ejecutar políticas científicas”. “Si bien aún queda bastante camino por recorrer hacia un ministerio”, para la Academia ha sido un avance la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT), creada en 2018.
 
No obstante, el documento critica que hasta ahora ese organismo no ha tenido las funciones adecuadas. “Esta secretaría debería encargarse de proponer las políticas, orientar las asignaciones presupuestales y coordinar el funcionamiento de las diversas instituciones de promoción de la investigación y de asesoramiento que trabajarían bajo su órbita”.
 
“Cuando la academia colaboró con el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley (para crear la Secretaría) se le dieron atribuciones que luego se fueron diluyendo. Lo que quedó en la ley al final fue una secretaría desvestida en lo presupuestal y en atribuciones concretas. Hay que lograr que gane y afine sus atribuciones coordinando con las de los demás organismos como el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), etc”, agregó Radi.
 
El documento también sugiere la creación de centros de investigación avanzada y otros enfocados en áreas prioritarias para el país. Hay que “reforzar lo que está, pero además crear nuevos centros usando el modelo del Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo), que es una sociedad entre el gobierno, la universidad estatal, y el Institut Pasteur de París, para que puedan dar conectividad a la academia con el sector productivo”, ejemplificó Radi.
 
El texto también hace referencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que en Uruguay otorga un incentivo económico a más de 1.800 científicos de acuerdo con su desempeño y desarrollo profesional. A 10 años de su creación, los incentivos se deben “mejorar para contribuir a la consolidación de nuestra comunidad científica”, pues “en valores reales son 55 por ciento de lo que eran hace 10 años”, detalla el documento.
 
Como complemento al SNI, la ANCiU propone el desarrollo de la “carrera de investigador” para aquellos científicos calificados “que no encuentran lugares de trabajo en instituciones públicas o privadas, a los efectos de darles un espacio de retención hasta lograr estabilizar su situación laboral”.
 
En Argentina, donde existe este modelo de carrera, “permitió retener investigadores que en las universidades ya no tenían cargos”, destacó Radi. “Hay necesidad urgente de un espacio del Estado que permita generar un período de retención para luego pasar a formar parte de instituciones, sobre todo luego del doctorado y el posdoctorado, para no perderlos”, agregó.
 
Desde Argentina, Eduardo Arzt, investigador senior del Conicet y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), consideró de “enorme valor que las instituciones científicas generen documentos públicos como este, que se presenten a los candidatos y sus equipos” para poner foco en la importancia de optimizar las políticas y darle la atención que se merecen como política de estado. “Los puntos que el documento toca son fundamentales”, afirmó a SciDev.Net.
 
“En los últimos años, como director del Instituto Partner con la Sociedad Max Planck de Alemania, me tocó participar en la Red de Biomedicina financiada por el FOCEM-Mercosur, donde participan instituciones de los cuatro países, y por Uruguay el IP Montevideo. Esta red generó actividades en investigación, innovación y transferencia, y formación de recursos humanos, que muestran la importancia de políticas y apoyos regionales”, agregó.

Enlace al documento.

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