Sin política científica, Nicaragua desconcierta con anuncios espaciales

En medio de una profunda crisis, el gobierno de Nicaragua creó una “Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes”, una iniciativa que desconcierta a la comunidad científica, asediada por recortes presupuestarios y que denuncia persecución ideológica.

La Asamblea Nacional aprobó (17 de febrero) la creación del organismo para la “defensa de los intereses supremos” en el espacio, donde buscará “ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica”.

Sin embargo, Nicaragua carece de programas educativos, profesionales e instalaciones dedicadas al espacio. “Hay que comenzar de cero, en vez de estar con ideas fantásticas”, criticó el geógrafo e historiador Jaime Incer Barquero.

Para el biólogo molecular Jorge Huete, miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), los funcionarios “han perdido completamente la brújula acerca de los verdaderos problemas y de las prioridades de esta nación”.

“Los funcionarios “han perdido completamente la brújula acerca de los verdaderos problemas y de las prioridades de esta nación”.

Jorge Huete, miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN)

La nueva secretaría “es una ratificación tardía de los instrumentos internacionales, en un país que a duras penas tiene condiciones para pagar atenciones mínimas en el sistema de salud”, dice en comunicación telefónica con SciDev.Net Dora María Téllez, exministra del área.

Con el segundo PBI más bajo de Latinoamérica, Nicaragua acumula tres años de recesión y un desempleo creciente. En 2020 la pobreza aumentó 15 por ciento.

La crisis se agravó en abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas por las reformas al seguro social, con más de 300 muertos, 1.337 heridos y 507 detenidos, muchos de ellos estudiantes. Las autoridades universitarias participaron de la represión dentro de los recintos, asegura Téllez, para después expulsar a quienes habían participado y desaparecer sus expedientes.

Melba Castillo, vicepresidenta de la ACN, agrega que “no existe un plan de ciencia y tecnología”. Por correo electrónico, lamentó los “despidos políticos” de científicos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y los recortes presupuestarios a la ACN y la Universidad Centroamericana.

El Ministerio de Educación “ha cerrado el acceso al sistema educativo a cualquiera que no cuente con el aval del gobierno, por lo que es muy difícil emprender investigaciones independientes”, agregó.

En la Organización de Estados Iberoamericanos, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología tampoco recibe información de Nicaragua, confirmó vía e-mail su coordinador Mario Albornoz.
Esa opacidad se trasladó a la respuesta gubernamental ante la pandemia. “Nicaragua no ha establecido, ni establecerá, ningún tipo de cuarentena”, informó en febrero de 2020 un documento del Ministerio de Salud, que tampoco fomenta el distanciamiento social ni el uso obligatorio de tapabocas.

Más de 400 trabajadores de la salud han dejado sus cargos desde 2018. “Los que no siguen las indicaciones del gobierno son despedidos u obligados a renunciar mediante cambios de turno o recargas de trabajo”, aseguró Castillo.

“Ahora han desaparecido las salas de COVID-19 para dar la impresión de que se ha logrado derrotar a la pandemia”, prosiguió Téllez. “Esos pacientes son internados en salas generales”. El Ministerio de Salud reporta hasta hoy 6.445 casos y 173 muertes, pero el Observatorio Ciudadano (que verifica reportes informales) contabiliza 13.140 casos y 2.976 muertes “sospechosas”.

Mientras tanto, el gobierno cobra 150 dólares por los exámenes PCR a quien quiera cruzar sus fronteras. “A algunos se les realizan las pruebas” gratis, reconoció Téllez, “pero no a todos los que llegan a los hospitales con sintomatología”.

Las solicitudes de entrevistas realizadas por SciDev.Net con legisladores, voceros del Ministerio de Salud y del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología fueron ignoradas. Temerosos de perder sus empleos, algunos científicos también declinaron responder.

“En primer lugar tendrían que derogarse las leyes punitivas”, dijo Castillo en referencia a las normas que sancionan a quienes difundan información que el Estado considere falsa y a quienes reciban financiamiento externo. La experta también pide la apertura de los indicadores educativos, sanitarios, ambientales y económicos, además de la recuperación de la autonomía universitaria.
“Mientras se siga persiguiendo a la libertad en sus diferentes expresiones, no podrá haber ciencia en Nicaragua”, concluyó.