Por: Claudia Mazzeo
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[Buenos Aires] Dos nuevas regulaciones del gobierno argentino sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados o drones buscan proteger la privacidad de las personas y establecer parámetros de seguridad durante el vuelo para proteger individuos y bienes.
El 27 de mayo se dispuso la inscripción en un nuevo registro nacional de quienes obtengan datos mediante drones, y en los próximos días entrará en vigencia una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que reglamenta el uso del espacio aéreo, priorizando la seguridad.
La normativa de mayo establece también que para fotografiar o filmar se necesitará permiso de las personas involucradas, salvo en actos públicos, actividades oficiales (situaciones de emergencia, o siniestros), o eventos privados. Asimismo se deberán difuminar las imágenes para impedir identificar a las personas en “estudios científicos, cartográficos, sobre recursos naturales, medio ambiente o actividades análogas (…)”.
“Se pretende que el operador mantenga visibilidad directa y continua con el dron durante su vuelo, pero es imposible en ciertos lugares”.
Raul Mingo, Director del INTI
De otro lado, la disposición de la ANAC incluyó una instancia de participación en la que se recibieron objeciones al borrador de la norma, conformándose luego un grupo de trabajo para discutirlas.
Jorge Dignani, aeromodelista y jefe del Servicio de Electrónica del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), en Chubut, cree que la normativa de ANAC es necesaria para resguardar la seguridad. El CENPAT monitorea poblaciones de ballenas y está a punto de realizar interpretaciones de suelos utilizando drones.
Fabián Schinca, jefe de Normativa Aeronáutica de la ANAC señala a SciDev.Net que el reglamento no tiene ninguna previsión específica para usos científicos, pero que si alguna actividad científica se viera afectada, es posible plantear excepciones.
Pero Pablo Ginestet, asesor agronómico dedicado a agricultura de precisión, expuso sus reparos. “¿Es necesario informar el plan de vuelo en medio de un campo y lejos de corredores aéreos?”, reflexiona.
Erikde Badts, integrante de la Asociación Remotely Piloted Aircraft Systems (ARPASA Argentina), cree que la nueva norma burocratizará el trabajo con drones. El biólogo, gerente de una empresa que comercializa imágenes, cuestiona el tope de 122 m de altura fijado para el vuelo.
“Habrá que volar más tiempo para cubrir campos extensos y trabajar más en el procesamiento posterior de los datos, encareciendo los costos”, precisa.
Raúl Mingo, director del Centro de Aeronáutica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), teme un recorte en las actividades productivas. “Se pretende que el operador mantenga visibilidad directa y continua con el dron durante su vuelo. Eso es imposible si quiero usarlo en un pozo de extracción de petróleo, en una destilería, para atravesar campos o rutas, o dirigirlo a un siniestro”.
Mingo dice que se puede recurrir a dispositivos de seguridad y ampliar ese límite, ya que “si amplío la distancia, amplío las aplicaciones”. Propone que una comisión ad hoc revise cada año la norma ANAC y realice los ajustes necesarios pues “la tecnología y sus usos van más rápido que las normas”.
> Enlace a la Disposición 20/2015, Ministerio de Justicia y derechos Humanos
> Enlace al Proyecto de Reglamentación Provisional de Vehículos Aéreos no Tripulados, ANAC 41/2015
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