Redes de poder en la academia acrecientan inequidad

[CIUDAD DE MÉXICO, SciDev.Net] A pesar de que hay más mujeres en las organizaciones científicas respecto a hace 10 años, persisten redes de poder que contribuyen a la discriminación y a una consistente falta de participación en roles de liderazgo, según un nuevo informe internacional emitido hoy, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

Publicado por el Consejo Internacional de Ciencia (ISC), la Asociación InterAcademia y el Comité Permanente para la Igualdad de Género en la Ciencia (SCGES por sus siglas en inglés), el reporte analiza datos de 136 organizaciones científicas del mundo y 600 entrevistas a científicos y científicas.

Según sus resultados, en 2015 las mujeres representaban el 12 por ciento en las academias nacionales de ciencia, mientras que en 2025 subieron apenas a 19 por ciento. Sólo una de cada 5 estaba presidida por una mujer y casi la mitad no tenía mujeres como vicepresidentas, lo que demuestra que la presencia de las mujeres no significa mayor equidad.

Las organizaciones no tienen restricciones explícitas para la participación de las mujeres, por el contrario, se declaran abiertas y con procedimientos de elección basados en méritos académicos; sin embargo, el reporte indica que persisten procesos y redes informales de poder que determinan quién es un candidato legítimo y quién no.

Además, “las mujeres son 2,5 veces más propensas que los hombres a denunciar experiencias de discriminación o acoso dentro de las organizaciones científicas y muestran una menor confianza en los mecanismos organizativos para abordar las conductas indebidas”, dice el reporte.

En la misma línea, un estudio reciente basado en entrevistas a más de 100 científicas de México, Argentina, Colombia y Perú, confirma que hay redes de poder en las instituciones científicas que sostienen y legitiman conductas como acoso sexual, hostigamiento psicológico, exclusión institucional, apropiación del trabajo ajeno y castigo a la maternidad.

“La violencia va más allá de un acto interpersonal: el comentario misógino del profesor o la decisión de quitarle horas de docencia a una colega. Estos actos de violencia son posibles porque existen redes de abuso de poder en la academia”.

Carolina Espinosa Luna, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México

La autora del estudio, Carolina Espinosa Luna, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, define estas violencias como “economías de legitimidad abusivas”: relaciones de intercambio desiguales —materiales, simbólicas o afectivas— incrustadas en redes de poder dentro de las instituciones académicas y validadas socialmente.

“La violencia va más allá de un acto interpersonal: el comentario misógino del profesor o la decisión de quitarle horas de docencia a una colega. Estos actos de violencia son posibles porque existen redes de abuso de poder en la academia”, dice Espinosa a SciDev.Net.

Según la investigadora, el poder de jefes de laboratorio, directores de tesis, editores de revistas o científicos premiados es sostenido por directivos y colegas. “Estas relaciones de poder no solo funcionan para la generación del conocimiento o la formación de personal, sino también para proteger a las personas agresoras”, agrega.

Aun cuando las instituciones cuentan con protocolos para prevenir la violencia de género, Espinosa encontró que las denuncias de las mujeres no tienen consecuencias para los agresores, porque es más costoso para la institución desbaratar las redes de poder que defender a las víctimas.

El peso del silencio

Para la antropóloga Menara Guizardi, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, quien lidera un proyecto que explora las inequidades en entre científicas sociales de América Latina, otro factor que legitima situaciones discriminación es el silencio de la comunidad y las agredidas.

“En nuestro proyecto, encontramos decenas de mujeres culpándose a sí mismas. Y no. No es un problema individual, es un problema social”, afirma.

Esto incluye las violencias simbólicas. “¿Por qué a los varones doctores les llaman por su apellido y a las mujeres por su nombre?”, cuestiona la chilena María Loreto Mora Olate, investigadora postdoctoral en la Universidad de Chile. “Parecen detalles, pero invisibilizan nuestros méritos académicos”, sostiene.

“Cuando hablaba, todos miraban sus celulares como si mi palabra no valiera”, recuerda la antropóloga Francisca Márquez, exdecana de una universidad chilena, cuando tenía reuniones con otros decanos varones.

Guizardi dice que estas situaciones “pasan más de lo que imaginamos y si no lo hablamos quedamos aisladas pensando ‘Yo soy la loca, el problema está en mí’”. Por lo tanto, señala, “hay que romper el tabú discursivo”.

Los datos, insuficientes

Hay algunos datos que confirman las brechas. Un estudio publicado en PLOS Biology analizó más de 36 millones de artículos biomédicos y de ciencias de la vida, y encontró que aquellos escritos por mujeres tenían tiempos de revisión entre 7,4 y 14,6 por ciento más largos que los de autores masculinos.

Helena Nader, presidenta de la Academia Brasileña de Ciencias, sostiene que, si bien hay algunas cifras, las inequidades en la ciencia deben estudiarse a fondo.

“En América Latina, las mujeres representan alrededor del 50 por ciento del estudiantado universitario. Sin embargo, conforme avanzan en sus carreras, se vuelven una minoría, ¿por qué? No tiene sentido”, interpela.

Y es necesario investigarlo porque la región adolece de datos sistemáticos. “Los datos son insuficientes, están dispersos y no podemos evaluar si la problemática está evolucionando o no”, afirma Guizardi. Y sin una visión sistémica, es muy difícil hacer políticas públicas, complementa.

Los protocolos

Sólo 4 de cada 10 universidades líderes de América Latina tienen protocolos contra el acoso y la violencia de género. En academias y sindicatos científicos, entre el 62 y el 64 por ciento, respectivamente, tienen estas políticas, según el informe del ISC.

Las especialistas subrayan que aún donde los tienen, el problema persiste por implementación, evaluación y presupuesto insuficientes. El mismo reporte indica que menos del 10 por ciento de las academias y sólo el 30 por ciento de los sindicatos científicos cuentan con un presupuesto específico para equidad de género.

Para Nader la falta de transparencia es clave. “En Brasil muchas colegas denuncian todo tipo de violencias: hostigamiento, acoso sexual o violencia moral, pero no se sabe cómo terminan esas investigaciones. Debe haber transparencia sobre por qué se condena o absuelve a una persona”.

Espinosa es más radical: “Mientras no se desmantelen las redes de poder, siga habiendo impunidad para los agresores por la posición que ocupan, y las universidades prioricen la estabilidad institucional sobre las víctimas, los protocolos seguirán siendo simbólicos”.

Pero para Guizardi hay esperanza: Chile es el único país de la región que convirtió los protocolos institucionales en política de Estado mediante la Ley 21.369, que obliga a todas las instituciones de educación superior a prevenir y sancionar el acoso sexual y la discriminación de género.

La académica reconoce que, si bien su efectividad está en evaluación, la cobertura formal está cercana al 100 por ciento.

“Tenemos que impulsar este tipo de leyes nacionales”, concluye Guizardi. “Que el Estado obligue a las universidades a medir estos fenómenos para diseñar políticas públicas con diagnósticos fehacientes, cuantitativos y cualitativos”.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net.