Por: Pablo Corso
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Mientras la demanda de información sobre bosques tropicales aumenta en todo el mundo, las condiciones de quienes se encargan de las mediciones sobre el terreno –especialmente en los países en desarrollo– siguen siendo precarias.
Así lo advierte un trabajo publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, que propone un enfoque más justo para científicos y quienes los asisten en sus investigaciones.
Algunas de esas sugerencias son que se cubran los costos directos e indirectos de sus tareas, que las publicaciones los reconozcan como coautores de los artículos y que las investigaciones se difundan en su idioma.
También se plantea la necesidad de fortalecer las redes nacionales e internacionales de científicos para facilitar el intercambio de información. Así podrán producirse abordajes de gran escala, donde al mismo tiempo los generadores de datos decidan a qué estudios y de qué manera contribuir, señalaron en correo electrónico a SciDev.Net Renato de Lima y Oliver Phillips, coautores del estudio.
El flujo de los datos sobre la salud de los bosques tiene dos polos. Por un lado, consorcios internacionales a cargo de misiones espaciales, estados que relevan esos ecosistemas, editoriales científicas y compañías tecnológicas.
Por el otro, investigadores, técnicos y estudiantes encargados del trabajo de campo, expuestos a la precariedad laboral, enfermedades, violencia de género, catástrofes naturales, mordidas de serpientes y hasta secuestros.
“Para las comunidades locales, abrir datos sobre las especies valiosas podría tener graves consecuencias. Hay muy pocos árboles silvestres y muchos actores ilegales involucrados en su explotación. Publicar su localización sería extremadamente riesgoso para las comunidades indígenas y las autoridades de áreas protegidas. Debemos respetar su deseo de no hacerlo”.
De Lima y Phillips admiten que si bien estos conflictos son conocidos desde hace tiempo, se han agudizado en los últimos cinco años.
Los investigadores llaman la atención, por ejemplo, sobre la creciente presión de las grandes editoriales e instituciones para que la información sea de uso libre y abierto. A veces, incluso, los científicos deben proveer sus datos en bruto como condición para publicar los artículos.
Pero “sólo una porción privilegiada de la comunidad global”, recuerdan, es capaz de explotar el potencial de información “inmensamente valiosa” sobre regiones como el Amazonas o la cuenca del Congo, cuyos niveles de biodiversidad están entre los más altos del mundo.
Se trata de empresas, gobiernos y ONG –generalmente estadounidenses y europeas– con intereses creados sobre los sistemas de créditos de carbono, proyectos de manejo del bosque e iniciativas de extracción de madera.
Para las comunidades locales, abrir datos sobre las especies valiosas podría tener graves consecuencias, advierten los autores, que citan el caso de la madera de caoba: “Hay muy pocos árboles silvestres y muchos actores ilegales involucrados en su explotación. Publicar su localización sería extremadamente riesgoso para las comunidades indígenas y las autoridades de áreas protegidas. Debemos respetar su deseo de no hacerlo”.
Precisión y paciencia
El trabajo de los recolectores de datos es esencialmente manual. Después de ingresar a los bosques, establecen parcelas donde mapean, etiquetan y miden el tamaño de miles de árboles, de cientos de especies distintas.
La experiencia de los asistentes de campo –muchas veces, población local– los vuelve un eslabón indispensable, explican en otro e-mail Agustina Malizia y Cecilia Blundo, del Instituto de Ecología Regional (Argentina), que no participaron del estudio. A pesar de ello, “no gozan de estabilidad laboral, porque sólo son convocados cuando es necesario medir los árboles”.
Enfermedades, violencia de género, catástrofes naturales, mordidas de serpientes y hasta secuestros son algunos riesgos que confrontan técnicos y población local al hacer medición de árboles. Crédito de la imagen: Serfor Perú, foto en el dominio público.
Como se trata de organismos añejos, hacen falta décadas de monitoreo para inferir adecuadamente cambios como los flujos de carbono entre el suelo y la atmósfera. Muchas personas dedican toda su carrera a esta tarea, que incluye mantener y almacenar las muestras.
“El financiamiento científico suele ser a corto plazo, vinculado a una hipótesis clara que pueda ser probada rápidamente”, recuerdan de Lima y Phillips. “¡Pero entender la biodiversidad y los cambios de los bosques tropicales puede llevar décadas!”, aseguran.
Para estudiar las modificaciones de las selvas de montaña del noroeste argentino, por ejemplo, Malizia y Blundo deben monitorear una red de casi 80 hectáreas, que lleva 30 años de datos.
“Gestionar y mantener las parcelas implica una búsqueda constante de financiamiento”, confirman. “Una vez logrado, nos encargamos del trabajo de campo y luego de la sistematización de los datos, que lleva muchísimo tiempo”. Cuando finalmente consiguen generar resultados, ya están en la necesidad de conseguir más fondos para nuevas mediciones.
Un modelo enfocado en las necesidades de los recolectores debería priorizar sus habilidades, medios de vida y desarrollo profesional, plantean los autores.
“Muchas veces hemos compartido datos a cambio de coautorías”, revelan Malizia y Blundo. “Más allá de tener la intención de participar en el proceso de generación de la publicación, generalmente solo actuamos como revisores de un manuscrito casi terminado”.
“Hasta que no logremos crear un apoyo financiero global, sistemático y justo a los científicos e instituciones de bosques tropicales”, insisten de Lima y Phillips, “la generación de datos y su consecuente apertura no podrán estar a la altura de la demanda global de información para luchar contra las crisis climáticas y de biodiversidad que enfrentamos”.
> Enlace al artículo completo en Nature Ecology & Evolution
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