Por: Aleida Rueda
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[CIUDAD DE MÉXICO] La reciente decisión del gobierno mexicano respecto al futuro de casi 300 cuencas viene suscitando protestas nacionales y un debate científico sobre una posible privatización de las aguas nacionales.
El pasado 6 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto autorizó 10 decretos que retiraron el Decreto de Veda a 295 cuencas, las cuales representan el 67 por ciento de agua superficial en el país. Se trata del territorio con mayor supresión de vedas en la historia de México.
Una cuenca en veda significa que no puede ser aprovechada prácticamente para ningún uso, debido a que está deteriorada.
Ahora, con estos decretos, que entraron en vigencia el 7 de junio, estos cuerpos de agua se convierten en reservas y, con ello, se protege un alto porcentaje de su caudal. El punto que suscita el debate es que otro porcentaje podría quedar abierto para su concesión a agentes privados.
Los decretos podrían ser revocados por el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el 1° de diciembre. El 22 de junio, días antes de cerrar su campaña, se manifestó en contra de los 10 decretos. “Acaban de firmar apresuradamente un acuerdo para privatizar el agua. Ese acuerdo va para atrás”, afirmó.
El actual gobierno mexicano niega que se trate de una privatización, y afirma que los decretos “permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, advirtió en un comunicado la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
Algunos científicos, como la ex-secretaria de Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, defienden los decretos como un instrumento legal moderno que asegura el volumen necesario para la sustentabilidad hidrológica de las cuencas y califican de "lamentable" el que se haya desvirtuado la conservación del agua con su falsa privatización.
"En conjunto, las diez reservas de agua recientemente decretadas protegen 80 por ciento del caudal de agua actualmente disponible en estas cuencas", mientras que las vedas solo protegían el 14 por ciento, aseguró Carabias en su blog.
Sin embargo, varias organizaciones civiles y miembros de la comunidad científica cuestionan que no haya claridad en el lenguaje ni estudios técnicos que justifiquen el retiro de veda. Señalan que, en realidad, son un instrumento legal para permitir que los grandes usuarios (cerveceras, refresqueras, mineras y otras industrias extractivas) exploten las aguas nacionales.
“Pretenden decirnos que lo que se busca es la protección de cuencas y el medio ambiente, pero en realidad enmascaran otro tipo de agenda: son un instrumento legal idóneo para la privatización”, afirma Pedro Barragán Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Carabias insiste en que no hay fundamento para decir que se trata una privatización, pues muchas de las cuencas que estaban en veda no se establecieron con base en su balance hidrológico. Y ahora, gracias a los decretos, algunas cuencas de importancia nacional ya están protegidas casi en su totalidad.
Uno de los problemas, de acuerdo a un análisis del Colegio de Biólogos de México, es que las evaluaciones hidrométricas de la Conagua no son recientes ni confiables, y su metodología para calcular la disponibilidad hidráulica se basa en una fórmula que ha sido cuestionada por especialistas porque tiende a sobreestimar la recarga.
Según Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, no se tienen datos actualizados sobre cuánta agua cae, cuánta escurre y cuánta se evapotranspira, lo que limita el conocimiento sobre la dinámica de flujos dentro todo el sistema.
Parte esencial del desconocimiento es la falta de especialistas en hidrogeología, capaces de ver a las cuencas no como elementos individuales y aislados sino como sistemas interconectados.“Conagua no tiene a los profesionales porque no quiere. Hay personas que estudiaron conmigo y que en cuanto llegaron a trabajar a la Conagua les dijeron: ‘No, aquí no vienen a hacer ciencia, vienen a seguir con el procedimiento’”, afirma Carrillo.
La decisión se da un contexto en el que existe, por un lado, un borrador de Ley General de Aguas, presentada a inicios de 2018, cuya evaluación está en el Poder Legislativo, y por otro lado, una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, propuesta por organizaciones y especialistas desde 2015, que no ha sido tomada en cuenta por las autoridades.
Aunque hace unos días la Conagua declaró que no hará concesiones en el resto del año, la comunidad científica coincide en que seguirá exigiendo una Ley de Aguas que se rija bajo principios ambientales y de derechos humanos.
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