06/11/20

COVID-19: Urge cooperación regional para atender a migrantes de Venezuela

migrantes Covid
Venezuela ocupa el segundo lugar, después de Siria, en la lista de países con poblaciones forzadas a emigrar. Con la pandemia, revela un estudio, la región endureció las políticas migratorias contra los venezolanos. Crédito de la imagen: MedGlobal/Flickr, bajo licencia Creative Commons 2.0

De un vistazo

  • Contexto de COVID-19 ha impactado especialmente en los migrantes venezolanos, expone estudio
  • Circulación limitada, endurecimiento de políticas migratorias y poco acceso a salud son algunos problemas
  • Se reqiere más cooperación regional para brindar acceso a pruebas y tratamientos de COVID-19

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El contexto de COVID-19 ha impactado especialmente en los migrantes venezolanos que sin documentación se encuentran con oficinas públicas cerradas en los países a los que emigraron, con poca movilidad transfronteriza derivada de la pandemia y limitado acceso a atención sanitaria.

Por eso, un trabajo publicado en la revista Globalization and Health afirma que es imperativo que haya más cooperación transfronteriza para atender las necesidades de la migración venezolana, que suma más de cinco millones de personas.

Los autores señalan que desde el inicio de la pandemia la región endureció las políticas migratorias contra los venezolanos. Por ejemplo, “sucesivas normas federales (en Brasil) discriminan específicamente a los ciudadanos venezolanos y prohíben su entrada al territorio brasileño aun cuando tengan permiso de residencia o cónyuge o hijos brasileños”, detalla la investigación.

Claire Standley, investigadora del Centro Global para la Ciencias de la Salud y la Seguridad de la Universidad de Georgetown y coautora del estudio, dijo a SciDev.Net que el declive de la cooperación multilateral vinculado a la mayor atención a problemas sanitarios de cada nación dificulta implementar respuestas efectivas. “Las crecientes restricciones a la circulación entre países de la región pueden alimentar el uso de redes ilícitas para la trata de personas”, advirtió.

“Es necesario garantizar el acceso a pruebas gratuitas para detectar el virus SARS-COV-2 y también a tratamientos cuando se requiere”.

Betilde Muñoz-Pogossian, directora de Inclusión Social, Organización de Estados Americanos

En la actualidad, Venezuela ocupa el segundo lugar, después de Siria, en la lista de países con poblaciones forzadas a emigrar. La mayoría de quienes emigraron lo hicieron a territorios vecinos en Latinoamérica: 1,63 millones de venezolanos residen ahora en Colombia, 864.000 en Perú, 385.000 en Ecuador, 371.000 en Chile, 224.000 en Brasil, 145.000 en Argentina, y al menos 10.000 en otras naciones de la región.

La crisis que causó el resurgimiento en Venezuela de enfermedades antes controladas —como malaria, difteria y sarampión— se vincula, por la migración forzada, con brotes epidémicos que ocurrieron en varios países de Latinoamérica.

El desplazamiento también presiona los sistemas de salud vecinos. El artículo cita que en el norte de Santander, en Colombia, la cantidad de venezolanos que buscaron atención aumentó de 182 en 2015 a 5.094 en 2018. “Más de 8.000 embarazadas procedentes de Venezuela se espera que den a luz en Colombia”, agrega.

En Venezuela, en tanto, una de las consecuencias de la pauperación del sistema de salud venezolano es que las autoridades de salud dejaron de publicar las cifras oficiales de enfermedades y de mortalidad desde hace más de cuatro años, cuando se detuvo la publicación del boletín epidemiológico.

Con la pandemia, la opacidad informativa no es diferente. Mientras el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro reportaba en agosto 10.000 casos y 96 muertes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaba que había 241.811 casos y 4.556 muertes para esa fecha.

Betilde Muñoz-Pogossian, directora de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, dijo a SciDev.Net que en materia de cooperación para atender la migración venezolana se implementaron esfuerzos regionales como una tarjeta unificada de vacunación, coordinada por la OPS.

“Esto permitió a los migrantes, que muchas veces están en continua movilidad de un país a otro, contar con un registro que indica que han recibido las inmunizaciones que necesitan”, dijo Muñoz-Pogossian.

Pero además señaló que “es necesario garantizar el acceso a pruebas gratuitas para detectar el virus SARS-COV-2 y también a tratamientos cuando se requiere”.

Añadió que eso requiere una regularización del estatus migratorio de los venezolanos, en el que debe trabajar la región. “Esa es la puerta de entrada a todos los derechos”, opinó. Además, hizo énfasis en la necesidad de un enfoque de género para la atención en salud sexual y reproductiva a las mujeres, una población especialmente vulnerables.

Standley señala que las tensiones políticas entre Venezuela y sus vecinos reducen las oportunidades de cooperación regional y las sanciones de Estados Unidos complican aún más la asistencia financiera y humanitaria. “Es difícil ver una solución a la crisis de salud de los migrantes sin soluciones geopolíticas más amplias”, concluyó.
 
> Enlace al artículo en Globalization and Health

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