Por: Meghie Rodrigues
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[RIO DE JANEIRO] La decisión de un juez federal de Brasil, de dejar en suspenso un nuevo decreto gubernamental que autoriza la extinción de una reserva amazónica más grande que Suiza para posibilitar su explotación minera, abre un compás de espera sobre un tema que mantiene enfrentado al gobierno con la sociedad civil, incluidas organizaciones indígenas y científicas.
El pasado 23 de agosto, el gobierno brasileño determinó, por decreto, la extinción de la Reserva Mineral de Cobre y Asociados (Renca), ubicada en la región amazónica de los estados de Pará y Amap, de aproximadamente 47.000 kilómetros cuadrados, y rica en oro, cobre y otros metales.
“Es necesario investigar más, y posponer este proceso hasta que tengamos informaciones sólidas y condiciones para aprovechar de manera sostenible los recursos que existen allí”.
Adalberto Val, Grupo de trabajo sobre Amazonía de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.
La Reserva abarca nueve áreas protegidas, incluyendo dos tierras indígenas (Waiãpi y Rio Paru d`Este).
Tras la repercusión negativa y las protestas de la sociedad civil, el gobierno decidió revocar la decisión publicando un nuevo texto (28 de agosto), detallando la resolución anterior. El nuevo decreto, además de mantener la extinción de Renca, prohibía la explotación minera en áreas de unidades de conservación ambiental y tierras indígenas, algo ya previsto por la legislación brasileña.
Según el nuevo texto, parte de estas áreas podrían ser explotadas si el plan de manejo lo estima conveniente. Los detractores señalan que eso significa que al no ser espacio de preservación, se podrían explotar atendiendo "al interés público preponderante".
Como no contenía cambios sustanciales en relación al primer decreto, el Ministerio Público Federal de Amapá pidió la suspensión del nuevo decreto, lo que fue concedido el 30 de agosto por Rolando Spanholo, juez del Distrito Federal, quien señaló que el gobierno no puede tomar unilateralmente tal decisión sin previo debate en el Congreso.
Pero el asunto está lejos de terminar, pues la Abogacía General de la Unión apelará la decisión.
Asimismo, el día 30, el Partido Socialismo y Libertad presentó otra acción contra el decreto y el gobierno de Michel Temer, dispone de diez días para defender su propuesta, lo que puede ser un paso más para la anulación de la decisión.
"Esta es área de minería ilegal: los peces están contaminados por mercurio. La minería del cobre causa gran impacto ambiental por el enorme volumen de desechos que produce", subraya Carlos Joly, profesor de ecología vegetal del Instituto de Biología de la Universidad Estadual de Campinas.
Val lamenta que el gobierno no involucre activamente a los científicos en el debate. "Es necesario investigar más, y posponer este proceso hasta que tengamos informaciones sólidas y condiciones para aprovechar de manera sostenible los recursos que existen allí", concluye.
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