Por: Zoraida Portillo
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[LIMA] El tercer derrame de petróleo en la Amazonía peruana este año puso en evidencia la obsolescencia del oleoducto norperuano, una colosal obra de ingeniería construida hace más de cuatro décadas, pero que hoy enfrenta problemas de corrosión y falta de mantenimiento.
Pero también ilustra sobre las dificultades de las autoridades para hacer cumplir las leyes ambientales a la empresa estatal de hidrocarburos, que tenía prohibida las operaciones de bombeo de crudo desde el segundo derrame, ocurrido en febrero de este año.
“El oleoducto necesita una revisión integral y completa, desde hace mucho tiempo no se le ha hecho mantenimiento adecuado”, confirmó a SciDev.Net Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas.
El derrame de 600 barriles de crudo, ocurrido el 24 de junio en el kilómetro 213 del oleoducto, afectó 16.000 m2 de Amazonía de Loreto y dejó unos 430 pobladores en riesgo sanitario.
Por eso, el Ministerio de Salud declaró en emergencia (1 de julio) por 90 días la calidad del agua para consumo humano. Ello, pese a que la empresa estatal Petroperú — encargada de la operatividad del oleoducto— negó que el derrame hubiera alcanzado cuerpos de agua.
El 30 de junio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una papeleta (sanción) ambiental a Petroperú por un equivalente a US$3,4 millones por el nuevo derrame, “considerando el incumplimiento reiterado y sistemático de sus obligaciones ambientales”, precisó en un comunicado. Esta papeleta no exime a Petroperú de cumplir con la remediación de las zonas afectadas por los derrames.
Previamente, inspectores de la entidad comprobaron trazas de petróleo en suelos y aguas de una quebrada cercana al derrame. Aún se inspeccionan daños en la biodiversidad.
Desde 2014 a la fecha hubo 17 derrames de petróleo del oleoducto, según OEFA. Uno de los más graves ocurrió en la comunidad de Cuninico, Loreto, donde el 30 de junio de 2014 se vertieron 2.358 barriles en un área de 87.000 m2. Pero la empresa no fue multada porque la ley estipula que se deben priorizar las medidas correctivas.
Cuando a inicios de 2016 ocurrieron dos nuevos derrames, Petroperú aún no había presentado su plan de remediación ni establecido canales de comunicación con las comunidades indígenas afectadas. Tampoco había adecuado sus instalaciones, por lo que el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ordenó detener las operaciones de bombeo del ducto.
Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, “el comportamiento de Petroperú no es ni coherente ni responsable ambientalmente”.
“Petroperú no presentó los planes de rehabilitación a los que está obligada por ley, no vemos un interés por recuperar las zonas afectadas”, dice.
“Este tercer derrame deja clarísimo que el oleoducto tiene un serio problema de seguridad, y que se tiene que obligar a Petroperú a reparar o reemplazar las tuberías”, añade.
Su recomendación, alcanzada a las autoridades que asumirán el nuevo gobierno nacional el 28 de julio, es hacer una auditoría integral del oleoducto, para determinar si puede seguir transportando petróleo.
“Ese proceso no demoraría más de 3 meses, y daría un diagnóstico de su estado de operación y mantenimiento, con las recomendaciones necesarias para su reparación y dónde necesita ajustes inmediatos”, precisó a SciDev.Net.
Según Calle, además de lo tecnológico, “el estado tiene que determinar cómo cumplir con los planes de recuperación más allá de las sanciones pecuniarias, que son importantes pero que al ser una empresa estatal, salen de un bolsillo y van al otro, pero son pagadas por todos los peruanos”, enfatiza.
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