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[SAO PAULO] La declaración de constitucionalidad otorgada por la Corte Suprema de Brasil a diversos cambios del nuevo Código Forestal de 2012 pondría en riesgo la restauración de grandes áreas afectadas por la degradación en la Amazonía, y ha significado un duro golpe para los ambientalistas, quienes señalan que la decisión judicial constituye una victoria para los lobistas de los agronegocios.
 
El fallo del tribunal en buena cuenta constituye una amnistía constitucional para los productores rurales que antes de julio de 2008 desbrozaron ilegalmente las reservas legales —áreas que por ley deben ser intocables— para establecer allí actividades agrícolas y ganaderas.
 
Con una votación de 6 a 5, los magistrados de la corte superior decidieron condonar las multas y archivar las demandas ambientales contra los propietarios que se hayan inscrito en programas de regularización ambiental para compensar y revertir los daños causados anteriormente. La mayor parte de los beneficiados son grandes agricultores.
 
Algunos ambientalistas dicen que la decisión es injusta para los productores rurales que cumplieron estrictamente con las reglas contra la deforestación establecidas antes del nuevo código.
 
“Para emitir su fallo del 28 de febrero, los magistrados tomaron en cuenta los intereses económicos en lugar de las evidencias científicas, e incluso uno de los magistrados llegó a afirmar que la ciencia no debía ser considerada en el proceso ya que es una ‘actividad de conjeturas’”, reseñó a SciDev.Net el agrónomo José Antônio Aleixo da Silva, del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Federal Rural de Pernambuco.

“Además, la amnistía por crímenes ambientales impedirá restaurar alrededor de 41 millones de hectáreas forestales”, denuncia a SciDev.Net.
 
El juicio comenzó en septiembre de 2017, después de que la Procuraduría General de la República presentara una serie de acciones cuestionando la constitucionalidad de 23 artículos del nuevo Código Forestal que, a su juicio, implicaban grave riesgo para la conservación ambiental.
 
El fallo también oficializa reducir de 80 a 50 por ciento el tamaño de las reservas legales en los estados o ciudades de la región amazónica que  tienen más de la mitad de sus territorios ocupados por reservas indígenas o áreas protegidas.
 

La decisión de la Corte Suprema conducirá a reducciones significativas de las Áreas de Protección Permanente, y representará una gran pérdida de áreas ambientalmente sensibles, principalmente en la región amazónica”.

José Antônio Aleixo da Silva, Universidad Federal Rural de Pernambuco
La decisión permite asimismo reducir el tamaño de las Áreas de Protección Permanente (APA), que se extienden por todo el país, algunas en cabeceras de cuencas, otras en lugares estratégicos para la agroindustria, junto a lagos o ríos, y que son fundamentales para mantener el suministro de agua y evitar desastres climáticos como inundaciones y deslizamientos de lodo.
 
Debido a la decisión del alto tribunal, los propietarios que desbrozaron ilegalmente las APA podrán obtener autorización para desbrozar un 30 por ciento más de tierra. Además permite actividades agrícolas en laderas empinadas y cimas de colinas, lo cual es nocivo porque puede desencadenar la erosión del suelo.
 
“La decisión de la Corte Suprema conducirá a reducciones significativas de las APA, y representará una gran pérdida de áreas ambientalmente sensibles, principalmente en la región amazónica”, advierte da Silva.
 
El fallo del tribunal se dio a pesar de que la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia y la Academia Brasileña de Ciencias enviaron una carta con argumentos técnicos y científicos para apoyar el análisis de los magistrados.
 
El biólogo Sérgius Gandolfi, de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP), señala que se trata de una decisión equivocada con graves consecuencias para la conservación del medio ambiente.
 
“La Corte Suprema falló a favor de los poderosos intereses de los agronegocios”, refiere a SciDev.Net. “Perpetuará la degradación ambiental en áreas protegidas, pues redujo drásticamente las áreas de restauración que ayudarían a revertir la degradación ya existente”, destaca el biólogo, quien participó en los debates que precedieron a la aprobación del nuevo Código Forestal.
 
Solo entre agosto de 2016 y julio de 2017 la tasa de deforestación en la selva amazónica brasilera ascendió a 2.834 km2, un área cuatro veces más grande que Salvador, la principal ciudad de Bahía, al noreste de Brasil.
 
Según un estudio publicado en enero de 2018 en la revista Nature Communications, si se siguen destruyendo los bosques al ritmo actual —de alrededor de 7 mil km² por año en el caso de la Amazonía—, en tres o cuatro décadas habrá una gran pérdida acumulada, lo que intensificará el proceso de calentamiento del planeta, independientemente de los esfuerzos que se hagan para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para Gandolfi, es necesario retomar el Código Forestal anterior, que obligaba a recuperar mayor cantidad de selva. Eso también permitiría una mayor y más pronta reducción de las emisiones, además de que, concretamente, se salvarían ríos, lagunas y manglares, entre otros ecosistemas.
 
Casi el 90 por ciento de los canales fluviales de Brasil tienen menos de 10 metros de ancho.
Para esas áreas, la legislación anterior, que data de 1965, contemplaba una franja de protección de la vegetación ribereña de 30 metros en cada orilla, para proteger los riachuelos.
 
“El código actual permite una reducción de la banda de protección de acuerdo con el tamaño de la propiedad, que puede llegar a ser de tan sólo cinco metros”, señala.
 
“Desde el punto de vista ambiental, es imposible tener una percepción optimista del fallo”, comenta a SciDev.Net Roberta del Giudice, secretaria ejecutiva del Observatorio del Código Forestal.
 
“Aunque los magistrados pusieron énfasis en los principios constitucionales que salvaguardan la protección ambiental, las decisiones que tomaron favorecen la reducción de la protección que existía previamente en la ley”, destaca.
 
Ahora, científicos y ambientalistas tendrán un arduo trabajo para aplicar la nueva legislación, pues el nuevo Código Forestal presenta una serie de desafíos de implementación, tales como las amplias áreas que se restaurarán y compensarán.
 
En São Paulo, investigadores del Esalq-USP han iniciado un proyecto que generará mapas, datos cuantitativos y otro tipo de información para apoyar la implementación del programa de recuperación ambiental del estado, de acuerdo con los requisitos del nuevo Código Forestal.
 
“Ya hemos generado mapas e información sobre cómo serán cubiertas la vegetación y las áreas de producción agrícola en 20 años, cuando el programa de recuperación ambiental del estado se consolide por completo”, dijo el agrónomo Ger Sparovek, de Esalq-USP.
 
"La comunidad científica cumple un rol fundamental en la generación de datos y en proteger los bosques, traduciendo sus estudios para que la sociedad, los parlamentarios y el poder judicial comprendan mejor el tema", añade Roberta del Giudice.

> Enlace al estudio de FAPESP

El proyecto de la Esalq-USP y el estudio publicado en Nature Communications son financiados por FAPESP, uno de los donantes de SciDev.Net.