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Un aumento dramático en la adopción global de leyes ambientales no se ha traducido en mejores esfuerzos de conservación, concluyó un informe de Naciones Unidas.
El documento —que evaluó las leyes, regulaciones y políticas nacionales en todo el mundo— encontró que falta de voluntad política, agencias con fondos insuficientes, sistemas judiciales injustos y una implementación deficiente de la ley han obstaculizado los esfuerzos para abordar algunos de los mayores desafíos actuales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Para contrarrestarlo, el informe enfatiza la necesidad de fortalecer el estado de derecho ambiental, involucrar a diversos actores para que realicen evaluaciones regulares y desarrollar indicadores para rastrear el progreso.
“Lo que hemos visto (en las últimas décadas) es un aumento de las leyes e instituciones, pero gran parte de ese progreso se ha estancado”, dice Carl Bruch, investigador jurídico en el Instituto de Derecho Ambiental de Washington D.C. y coautor del informe. De hecho, ha experimentado una especie de pausa durante más de 26 años.
Luego de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, cientos de naciones fueron testigo de una explosión en la cantidad de leyes ambientales. También se observó la incorporación de protecciones ambientales en sus constituciones y la creación de ministerios de ambiente. A partir de 2017, alrededor de 90 por ciento de los países tenían al menos leyes básicas dedicadas a proteger el ambiente.
“Lo que hemos visto (en las últimas décadas) es un aumento de las leyes e instituciones, pero gran parte de ese progreso se ha estancado”.
Carl Bruch, investigador jurídico en el Instituto de Derecho Ambiental de Washington D.C.
Pero este importante logro se ha visto socavado por la aplicación ineficaz y errática de la legislación. También parece que hay un sentimiento compartido de inacción, uno que no solo puede atribuirse al mundo en desarrollo, explica Bruch: “Hay leyes que debes cumplir y leyes que puedes cumplir si quieres”. En muchos países, las leyes ambientales entran en esta última categoría.
Por supuesto que ha habido casos de éxito. Quizás ningún otro país ilustra esto más dramáticamente que Costa Rica, un país latinoamericano que depende en gran medida de los recursos naturales y está inserto en una región que a menudo ha sido devastada por conflictos políticos.
Allí, después de décadas de deforestación, el gobierno implementó fuertes controles ambientales e invirtió millones de dólares para proteger la biodiversidad. Ahora, Costa Rica ha duplicado su cobertura forestal y está avanzando rápidamente hacia el logro de la neutralidad de carbono para 2021.
Según un estudio citado en el informe, “el progreso espectacular de Costa Rica hacia el desarrollo sostenible enfatiza la importancia del consenso político forjado por los años de implementación de fuertes controles ambientales junto con el desarrollo económico que dio lugar a un profundo respeto por los tribunales y las instituciones ambientales, lo que llevó a la emergencia y mantenimiento del estado de derecho ambiental”.
Sin embargo, el mismo estudio alertó que “la falta de capacidad de gobierno local junto con las dificultades de coordinación entre los niveles nacional y subnacional representan el mayor obstáculo para que el desarrollo sostenible continúe”.
Coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente y publicado el 24 de enero, el informe también identificó una reacción preocupante a medida que los defensores ambientales son asesinados y se crean reglas para controlar a la sociedad civil.
De 2002 a 2017 hubo se cuadruplicó la cantidad de de defensores ambientales asesinados. Muchos de ellos murieron en bosques remotos de países en desarrollo, especialmente en América Latina y Filipinas, después de protestar contra industrias extractivas, represas hidroeléctricas o agronegocios.Sus muertes, la mayoría de las cuales nunca fueron resueltas, traen malas noticias para el estado de derecho ambiental. “Si tienes problemas para proteger la vida de las personas”, dice Bruch, “parece poco probable que puedas hacer cumplir, por ejemplo, permisos de agua”.
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para las Naciones Unidas, coincide. Desde que comenzó su trabajo en 2014 no ha encontrado buenos ejemplos de leyes diseñadas específicamente para proteger a quienes defienden los derechos ambientales. “No he visto a ningún país hacerlo de la manera correcta”, dice Tauli-Corpuz, que no participó en el informe reciente. “Es muy desafortunado”.
Las conclusiones del informe llevaron a Bruch y a sus colegas a solicitar la implementación de una autoevaluación sobre el estado del derecho ambiental, país por país, lo que mantendría sus acciones bajo control.
Este es un progreso, pero es esencial lograr que esas evaluaciones sean transparentes si queremos que sean precisas, dice Edith Brown Weiss, abogada y experta en derecho ambiental en la Universidad de Georgetown en Washington DC, que no participó en el informe. “Es necesario hacer mucho más para garantizar un entorno humano sólido y resistente para las generaciones presentes y futuras, y no está claro que estemos a la altura de la tarea”, dice.
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