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En Chile, los planes para incentivar la forestación y aumentar la captura de carbono iniciados hace 25 años lograron ampliar las áreas forestales pero a expensas de la reducción del bosque nativo, generando una merma en la riqueza de especies de flora y fauna y solo un aumento relativamente bajo del total de carbono almacenado en la vegetación.

Estos son algunos de los resultados de un estudio publicado en Nature Sustainability que evaluó en Chile los resultados de las políticas nacionales de restauración de bosques.

“Plantar árboles puede ser una amenaza si no se cuenta con regulaciones claras que protejan los ecosistemas. Observamos que frente a la presencia de un subsidio estatal de reforestación, se vieron negativamente impactadas áreas de bosque nativo que no debieron ser sustituidas por plantaciones de especies exóticas”, dijo a SciDev.Net Cristian Echeverría, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (Chile), uno de los autores del estudio.

Numerosas iniciativas globales promueven la plantación de árboles como una de las formas más eficaces de reducir el carbono atmosférico y detener la crisis climática. Entre ellas, el Desafío de Bonn, que aspira a recuperar, en todo el mundo, 350 millones de hectáreas de tierra deforestada y degradada para 2030.

“Observamos que frente a la presencia de un subsidio estatal de reforestación, se vieron negativamente impactadas áreas de bosque nativo que no debieron ser sustituidas por plantaciones de especies exóticas”.

Cristian Echeverría, Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (Chile)

Como este tipo de propuestas no siempre son acompañadas de evaluaciones posteriores, la investigación realizada en Chile recurrió al uso de modelos matemáticos, métodos estadísticos e imágenes satelitales, para analizar el impacto de uno de los subsidios de forestación de más larga duración en el mundo iniciado en 1974 con el Decreto Ley Nº 701 (DL 701).

Esta norma buscó acelerar el crecimiento del sector forestal de Chile estableciendo incentivos para propietarios de tierras privadas destinados a la forestación, estabilización de dunas y recuperación de suelos degradados.

Según señalan los investigadores en su trabajo, el decreto —sostenido por el gobierno chileno entre 1974 y 2012 para lograr objetivos ambientales y económicos— inspiró las políticas nacionales en la materia de Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay.

No obstante, de su análisis surge que, en el caso chileno, la forestación promovida resultó costosa y contribuyó escasamente a la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera, además de ocasionar una reducción del 12,86 por ciento de los bosques nativos.

Los investigadores hallaron que debido a las condiciones favorables de mercado, del total de plantaciones registradas, solo 3,28 por ciento no hubieran tenido lugar de no ser por los subsidios, lo que representó un costo por hectárea 30 veces superior al pago medio por hectárea efectuado a los participantes del programa.

De acuerdo con el estudio, en el caso chileno, la forestación promovida resultó costosa y contribuyó escasamente a la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera.
Crédito de la imagen: Cristian Echeverría.

En tanto, la captura de carbono solo registró un aumento relativamente bajo del total almacenado en la vegetación (1,98 por ciento en un lapso de 25 años).
“Esos resultados refuerzan la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia los actores que, de otra manera, no hubieran reforestado sus tierras, en lugar de dividir el dinero entre todos los que participaron en el programa”, detalla el estudio.

Autoridades de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile y que regula las actividades vinculadas al decreto, dijeron a SciDev.Net que el DL 701 de fomento forestal permitió cubrir más de dos millones de hectáreas que se encontraban en serio riesgo de experimentar erosión severa.

Asimismo, señalaron que facilitó la ampliación de la capacidad instalada de producción de celulosa y madera aserrada, cuya consecuencia inmediata ha sido una contribución significativa al comercio exterior del país y a la captura de carbono.

“Si bien es cierto que en el primer período de la aplicación del DL 701 no existía regulación específica sobre bosques nativos y se pudo haber incurrido en prácticas que hoy están proscritas explícitamente de la legalidad, evaluaciones posteriores concluyeron que la dimensión de la superficie de bosque nativo que pudo haber sido sustituida por plantaciones de rápido crecimiento habría sido de baja cuantía, explicó la gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de la CONAF.

Con el Decreto Supremo N°259, de 1980, que reglamenta el DL 701, el Estado incorporó al bosque nativo a los procesos de mayor regulación”, destacan.

En esa misma línea, Chile promulgó en 2008 un cuerpo legal específico para conservar, manejar y recuperar bosques nativos (Ley Nº20.283) y adopta medidas de promoción, como la inclusión de fondos destinados a la investigación asociada a la sustentabilidad del recurso y para bonificar ─vía concurso público─ a los propietarios que manejen sus bosques con objetivos de preservación.

Más recientemente, en noviembre de 2019, la CONAF, con la colaboración de FAO, anunció la realización de un nuevo proyecto de seis años destinado a la reforestación de más de 25.000 hectáreas de bosque nativo, con alcance en seis regiones del país y beneficios para 57.000 personas.

Al ser consultado Robert Heilmayr, co-autor de la investigación, sobre qué tipo de recomendaciones daría a los gobiernos de América Latina y el Caribe, en relación con el diseño de planes de reforestación, señaló: “Los gobiernos deben explicitar lo que esperan lograr mediante la reforestación. Las plantaciones pueden ser una fuente eficiente de productos forestales, pero a menudo son menos ricas en carbono y en biodiversidad que los bosques naturales”.

Por ello, las políticas de reforestación necesitan ser cuidadosamente diseñadas, con medidas de protección para los ecosistemas naturales, dijo por correo a SciDev.Net Heilmayr, del Programa de Estudios Ambientales de la Universidad estadounidense de California, en Santa Bárbara.

“Esas salvaguardias pueden mejorar la eficacia de la política, en función de los costos, y su impacto sobre el carbono y la biodiversidad”, remarcó.

> Enlace al resumen del artículo en Nature Sustainability