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En apenas veinte días, el nuevo gobierno de la provincia argentina de Mendoza tuvo que dar marcha atrás en su intento de modificar una ley que impide que el agua sea usada para fines mineros.

Entre el 10 y el 30 de diciembre, el gobierno provincial —de tendencia opositora al presidente de la república, Alberto Fernández— envió al parlamento local el proyecto de ley que había preparado, consiguió el apoyo de legisladores de varios partidos políticos, sufrió una serie de históricas manifestaciones en su contra y, finalmente, tuvo que derogar la medida ante la gran presión social y de la comunidad científica.

Pese a que Mendoza lleva más de diez años de una dura sequía, la mayor desde que se tiene registro, el gobierno provincial decidió que era una buena idea modificar la ley N°7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas propias de la minería –en pos de preservar el agua– y que había sido aprobada en 2007 con amplia participación ciudadana.

Era llamada también “la ley del agua”, porque preserva su uso para fines domésticos y agrícola, ya que la zona es famosa por su producción de vinos.

“En la Cordillera, donde se acumulan y generan los recursos hídricos de los que dependen todos los habitantes de la provincia, es imprescindible prevenir el deterioro ambiental, así como el riesgo potencial de contaminación con sustancias tóxicas”.

Párrafo del comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.

La nueva norma, que tuvo vigencia una semana, en cambio, eliminaba esas restricciones y permitía el uso de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras. Contó con el apoyo del poder legislativo local, pero no de la ciencia ni la sociedad, sectores que se movilizaron como pocas veces se ha visto.

“La minería no cuenta con licencia social aquí. Hemos logrado dar vuelta la medida con una serie de marchas y movilizaciones, y lo hicimos basados en el conocimiento científico de lo que deja la minería a su paso”, dijo a SciDev.Net María Teresa Cañas, miembro de la Unión de Asambleas de Comunidades, entidad conformada por asambleas ambientalistas de todo el país.

“Existe una gran cultura del agua en Mendoza y sabemos que la minería es destrucción de nuestras fuentes de agua, y también destrucción social porque elimina cadena productivas y hasta aumenta la trata de personas, algo que decimos porque está documentado”, agregó Cañas.

Ante la posibilidad de que se propicie la minería en desmedro del recurso hídrico, los científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla/Conicet) habían emitido un comunicado, donde señalaban que “el cuidado del agua en las tierras secas mendocinas debe ser nuestra principal preocupación y mayor responsabilidad. En Mendoza, el agua no sobra; por el contrario, es y será escasa”.

Además, puntualizaba que “en la Cordillera, donde se acumulan y generan los recursos hídricos de los que dependen todos los habitantes de la provincia, es imprescindible prevenir el deterioro ambiental, así como el riesgo potencial de contaminación con sustancias tóxicas”.

Uno de los miembros de Ianigla, el investigador Mariano Masiokas dijo a SciDev.Net que no sólo se trata de cuidar los glaciares que proveen de agua sino también a las cabeceras de los ríos y que para asumir decisiones drásticas –como las planteadas por el gobernador Rodolfo Suárez, del radicalismo– se debería consultar a la ciencia “para que aporte evidencia y se tomen las mejores medidas, sobre todo en un contexto de sequía por el cambio climático que tenderá a profundizarse”.

La intención de aumentar la producción minera en Argentina es parte de un plan para obtener recursos vía exportación, dada la situación económica crítica que recibió el presidente Alberto Fernández, quien asumió su mandato el 10 de diciembre pasado. Sin embargo, los recursos naturales son potestad de las diferentes provincias, que los administran.

En ese sentido, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié expresó en declaraciones periodísticas que “la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial”, pero que “el agua es un tema de todos” y que es evidente que la minería no tiene consenso social allí [en Mendoza].

Para el abogado ambientalista Enrique Viale, la serie de movilizaciones provinciales y el eco que tuvo el asunto a nivel nacional “es un parteaguas en el derrotero socioambiental del país; nunca más los gobiernos, ni los políticos, ni las empresas ni el periodismo van a subestimar lo ambiental”.

“La movilización fue realmente transversal e incluyó desde los pequeños viñateros, hasta la sociedad rural (terratenientes), pasando por muchos intendentes, sectores de la iglesia, artistas y la reina de la Vendimia (una celebridad local) además de científicos y académicos; en pueblos de 40 mil habitantes hubo hasta 10 mil movilizados”, añadió.

Por el momento, Mendoza seguirá sin minería, pero para los ambientalistas la pelea continúa en otras provincias que pretenden generar medidas similares. De hecho, la patagónica Chubut tiene una ley similar que prohíbe la megaminería, que se analizaba derogar, iniciativa que ante la repercusión de los hechos mendocinos y movilizaciones locales quedó por ahora en la nada.

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