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Centroamérica se unió al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas en inglés), la mayor coalición de gobiernos locales comprometidos en emprender acciones para reducir los impactos del cambio climático en sus ciudades y facilitar el acceso a energía sostenible y asequible.
 
El lanzamiento oficial se realizó desde Costa Rica, donde ya 20 municipios son firmantes. Además, se invitó a suscribir el pacto a autoridades de gobiernos locales de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana, que estuvieron representados durante el acto protocolario.
 
Estas naciones ya integran la Confederación de Asociaciones Municipalistas de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA), formada en 2015. Debido a que uno de los focos de esta agrupación es el tema ambiental, se pensó en que la confederación promueva el pacto entre las municipalidades que lo integran y que Costa Rica apoye a los demás países con la experiencia nacional con la que ya cuenta.
 
El pacto es respaldado por la Unión Europea, se aplica en 135 países del mundo y comprende a más de 10.000 municipios en seis continentes. Así nuclea a poco más de 800 millones de personas que representan cerca de 10,5 por ciento de la población mundial.

Composteras_1
En la Municipalidad de La Unión una de las iniciativas para el manejo de desechos orgánicos es entregar composteras a hogares con más de 3 personas. Planean entregar 400 este año.
Crédito de la imagen: Cortesía de la Municipalidad de La Unión (Cartago, Costa Rica).
 
Cerca de 400 municipios firmantes del pacto están en Latinoamérica y el Caribe.
 
Aunque el acuerdo funciona desde 2017, su presentación oficial en Centroamérica pretende aprovechar el músculo que ya tiene CAMCAYCA para difundirlo entre los municipios que la integran y lograr acciones para reducir el impacto del cambio climático en la región, explicó a SciDev.Net Eida Arce, del área de Gestión Ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) de Costa Rica.
                                                              
En Centroamérica y el Caribe, además de los municipios costarricenses, también firmaron el pacto ciudades como Tegucigalpa y Puerto Cortés, en Honduras; Guatemala, en Guatemala, y Santo Domingo, en República Dominicana.
 
Asimismo, en Panamá ya lo habían firmado alcaldes de la capital del país, San Miguelito, Arraiján, Colón, La Chorrera. Durante el lanzamiento oficial en Centroamérica se sumaron Ocú (Panamá) y Esquías (Honduras).


Las municipalidades que se adhieren al acuerdo asumen al desafío de trabajar tanto en mitigación como en adaptación, es decir, en medidas para anticipar los efectos adversos del cambio climático, explicó Arce. También se comprometen a dar a los ciudadanos acceso universal a energía segura, limpia y asequible.
 
Lo anterior implica hacer un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero y posteriormente plantear acciones para reducirlos.
 
Además de ese inventario, al firmar el pacto se comprometen a que, en los tres años siguientes, harán “la evaluación de vulnerabilidades y amenazas para definir sus riesgos climáticos, un plan de acción y metas de reducción (...) Luego se le da seguimiento al plan”, amplió Arce.
 
Entre los beneficios de ser firmantes del pacto se encuentran mejores oportunidades financieras para el financiamiento de proyectos locales sobre clima y energía, una ventaja que prevé aprovechar La Unión, uno de los primeros municipios en firmar el pacto en Costa Rica. Katherine Quirós, de Gestión Ambiental de ese gobierno local, explicó que vislumbran construir una planta para tratar residuos orgánicos y valorizables (aquellos que se pueden reciclar). Asimismo, pretenden que los que no entran en ninguna de esas dos categorías sean enviados a una cementera, para convertirse en combustible y así disminuir residuos que de otra manera se envían al relleno sanitario.
 
Además, destacó que los municipios firmantes comparten sus resultados en la plataforma CDP.net y reciben acompañamiento y acceso a capacitaciones.
 
Otro de los municipios firmantes en Costa Rica es Curridabat, en la provincia de San José, que cuenta con la iniciativa “aceras dulces”. Para contar con ese espacio urbano, los ciudadanos solicitan a la municipalidad que siembre plantas nativas en las aceras con el fin de atraen a los polinizadores, explicó a SciDev.Net Irene García, asesora de la alcaldía.
 
Con esa visión coincide Jessica Roccard, investigadora del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (OdD). Según ella, los municipios son los que “saben lo que pasa a nivel local y tienen poder para actuar en términos de residuos que provocan bastantes emisiones. También en planes reguladores y en implementar estrategias de mitigación del cambio climático”.