Por: Fabíola Ortiz
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[SÃO PAULO] El proyecto de ley que otorga un nuevo marco legal sobre la biodiversidad, objeto de dos votaciones por el Senado de Brasil (8 y 15 de abril), es rechazado por grupos indígenas.
Discutido en cinco comisiones antes de ir al Pleno, se modificaron puntos polémicos de la propuesta, como la distribución de compensaciones para las comunidades nativas prevista en el Protocolo de Nagoya, firmado por 91 países, incluido Brasil, en la 10a Conferencia de las Partes (2010).
Ahora será revisado por la Cámara de Diputados, sin plazo definido y, tras su aprobación, la Presidenta Rousseff lo promulgará o vetará.
“Esta ley no debería existir, se aprobó una versión que está lejos de la que deberíamos tener. Es oportunista y no nos incluye”.
Sonia Guajajara, Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil
La nueva ley reemplazará a la actual, vigente desde 2011, que regula el acceso al patrimonio genético y conocimientos nativos.
Brasil es uno de los 17 países megadiversos del mundo, según el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación de ONU. Conservación Internacional lo señala como el país tropical más extenso con la mayor cantidad de bosques intactos del planeta.
El pago de beneficios se hará mediante un fondo nacional a crearse, lo que es rechazado por los indígenas. Además, será la explotación económica del producto final el factor clave de la obligación de compartir los beneficios y no el acceso al recurso genético o conocimiento nativo, como era anteriormente.
“El gobierno no nos consultó, somos 305 pueblos indígenas en el país. Esta ley no debería existir, se aprobó una versión que está lejos de la que deberíamos tener. Es oportunista y no nos incluye”, dice a SciDev.Net Sonia Guajajara, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.
La suya es una de las 78 organizaciones sociales que emitieron un comunicado público, en febrero, rechazando el proyecto que, según ellos, “vende y destruye” la biodiversidad nacional.
Según los parlamentarios, la nueva ley facilitará las investigaciones, simplificará el acceso a materiales genéticos de plantas y animales y regulará la distribución de beneficios generados por el uso comercial.
“Hay que conciliar la relación entre industria, ciencia e interés nacional. Pero también hay que valorar a las comunidades tradicionales”, comenta a SciDev.Net la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil.
“Estamos aprensivos, los recursos del fondo serán gestionados por el gobierno. Las compensaciones deberían ser invertidas directamente en nuestras comunidades y gestionadas por nosotros”, argumenta Guajajara. Añade que no se respetó el diálogo ni la consulta a los pueblos.
Las protestas indígenas se suman a reclamos de la comunidad científica por el apuro con que se trató el tema. La nueva propuesta fue enviada al Congreso en 2014. Los diputados aprobaron el texto (10 de febrero) tramitado con urgencia en el Senado.
Elíbio Rech, miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, sostiene que las decisiones políticas deben tomarse con base científica porque la biodiversidad es una fuente de riqueza.
“Éste es un tema imperativo pues implica competitividad económica. Por haber divergencias, la discusión de la nueva ley no debería tramitarse en régimen de urgencia”, subraya.
“Hay que tener seguridad jurídica para avanzar en las investigaciones científicas y generar conocimiento. El país tiene que decidirse si seguirá el camino innovador y de desarrollo”, comenta.
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