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Se ha hablado y escrito mucho últimamente sobre el concepto ‘sistemas de innovación’, usado normalmente para describir los procesos e instituciones necesarias para asegurar que los resultados científicos contribuyan al desarrollo social y económico. Sin embargo, me da la impresión que gran parte del debate establecido sobre tales sistemas no supone ninguna novedad, es más de lo mismo en un nuevo formato.


En el caso de la investigación agrícola, por ejemplo, gran parte de lo propuesto bajo el lema de los ‘sistemas de innovación’ se ha venido realizando durante cierto tiempo, aunque no bajo el mismo nombre y tal vez en un ámbito menor.


Hay que admitir que el grado de éxito en la aplicación de este enfoque se reduce cuando se trata de países desfavorecidos, en parte porque son países con menos recursos para implementar algunos de los componentes individuales necesarios para que los sistemas de innovación sean eficaces.


Existe también el peligro de que tales sistemas, que en ocasiones suenan a programas de desarrollo en sí mismos, puedan oscurecer y minimizar el importante papel de la investigación y el desarrollo científico subyacente. Este hecho parece ir confirmándose en algunos de los apartados de las directrices políticas de SciDev.Net sobre este tópico, donde se afirma que la adopción de sistemas de innovación es útil, ya que “desvía la atención de la aportación científica y técnica, como por ejemplo en actividades de investigación y desarrollo” (consulte The ‘system of innovation’ approach, and its relevance to developing countries).


El concepto ‘sistemas de innovación’ podría perfectamente aportar una dimensión adicional muy útil a la creación de políticas en el ámbito de cada país. Sin embargo, sugerir minimizar la importancia de los pequeños proyectos de investigación llevados a cabo en los países en desarrollo parece prematuro y podría acarrear importantes costes de oportunidad. Lo que realmente se necesita es crear condiciones de apoyo y financiación para otros componentes de los sistemas de innovación que demuestren su verdadero valor.


La tendencia de minimizar la importancia de la investigación científica se acentúa cuando los partidarios de los ‘sistemas de innovación’ caricaturizan el proceso de innovación científica y tecnológica refiriéndose a él frecuentemente como ‘proceso linear anticuado’.


Esto parece sugerir que, en el pasado, este proceso ha sido completamente unidireccional y que no ha habido curvas de reacción importantes. Minimiza también el papel continuado de la ciencia en el fomento del desarrollo tecnológico. Ninguna inferencia está justificada, particularmente en lo que se refiere a gran parte de los proyectos de investigación agrícola, aunque tal vez pueda también aplicarse de una manera más general.


Además, con frecuencia se hace referencia a la necesidad de utilizar un enfoque que parta más de las bases a la hora de definir prioridades. En particular, esto tiende a formularse en un marco de establecimiento de prioridades de tipo vertical, determinado por los científicos, en contraposición al enfoque de base, determinado por los agricultores.


En realidad, ninguno de los dos enfoques es suficiente en si mismo. El desafío es desarrollar una apropiada combinación entre los dos grupos, así como vincular a otros sectores. Dentro de este contexto, los científicos pueden, por un lado contribuir con una perspectiva de posibilidades reales, y por otro, aprender del proceso. La interacción es tan buena para la sociedad como para la ciencia. Esto es así, a pesar del hecho que el proceso de definición de prioridades y asignación de recursos para proyectos de investigación financiados con fondos públicos forma parte, por supuesto, de un proceso político y podría no siempre representar la más eficiente asignación de recursos.


Finalmente, el enfoque de sistemas de innovación parece también pasar por alto la dimensión de ‘bien público’ de la investigación, el grado relativo en el que los programas de investigación proporcionan bienes públicos social y científicamente importantes y útiles (por ejemplo, bienes que no se agotan con el uso y permanecen disponibles para todos).


Gran parte de la retórica económica actual se formula en términos de afirmar que los bienes públicos se están convirtiendo cada vez más en bienes ‘impuros’, como resultado del creciente vínculo con el sector privado y la consiguiente restricción de disponibilidad que ello supone. Esto no es necesariamente negativo, ya que puede, por supuesto, contribuir a mejorar el producto y ofrecer mayores beneficios para la sociedad. Esta afirmación, sin embargo, también puede ponerse en entredicho. 


Ya que los bienes públicos existen en todos los niveles – global/internacional, regional, nacional y local – es importante desarrollar un proceso de determinación de prioridades y asignación de fondos acorde con cada nivel.  Un procedimiento apropiado para ámbitos locales, por ejemplo, centrado en obtener resultados a corto plazo y en investigación aplicada, puede ser bastante ineficaz en el ámbito global, donde es necesario centrarse en problemas más generales y en la producción de conocimiento científico que pueda ser usado en el ámbito internacional.


Maximizar el ‘excedente’ de la investigación – el flujo o distribución de una región a otra — es un paso importante en el proceso. De este modo, los participantes en el proceso y el peso específico relativo otorgado a los diversos factores puede perfectamente variar, dependiendo del alcance geográfico. Un sólo proceso raramente se ajusta a todas las situaciones.


El enfoque relacionado con el bien público no es todavía común en la ciencia. Sin embargo, el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) ha venido dando más atención a este asunto desde 1990 y su consejo científico enfatiza este aspecto en su proceso actual de definición de prioridades. Hubiera sido positivo si otros grupos relacionados con las políticas científicas y las prioridades de investigación hubieran dado mayor atención al asunto y hubieran pensado en los sistemas de innovación como parte de la creación de políticas en este campo.


Así como el proceso de implementación de estos sistemas presupone un diálogo muy amplio, lo mismo sucede con el tema de su diseño, ámbito y equilibrio. Hasta ahora, lo que hemos visto es más un cúmulo de aprobaciones, que análisis crítico y debate.


La autora es asesora de investigación y especialista en economía agrícola en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido del texto refleja exclusivamente su opinión personal.