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[BUENOS AIRES]  El acuerdo de libre comercio que prevén firmar este año los bloques económicos de la Unión Europea y el Mercosur podría afectar el acceso de los pacientes a medicamentos y otras tecnologías médicas debido a la modificación en plazos y alcance de las patentes, según un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).
 
Las negociaciones para este acuerdo comenzaron en el año 2000 pero se han aplazado varias veces por diferencias entre los bloques. En los últimos años, sin embargo, el proceso parece llegar a su fin, y se prevé que en el primer semestre del año haya una reunión decisoria.

El acuerdo establece pautas para intercambios económicos en diferentes rubros, aranceles, cupos de exportación, cuestiones de propiedad intelectual e inversiones, entre otros temas.
 
En este marco, el diálogo no ha estado exento de dificultades y críticas, y en esa línea se presenta el trabajo del GEP, que compara costos de las drogas en distintos escenarios según algunos de los borradores del pacto y concluye que los aumentos podrían llegar a hasta 26,5 por ciento en 2050 con respecto a lo que saldría sin la firma del acuerdo.
 
Según el informe del GEP —una organización sin fines de lucro que trabaja por los enfermos de VIH—, eso ocurriría, por ejemplo, debido a la extensión del plazo de las patentes. “Las patentes en el Mercosur se otorgan por veinte años. Según el borrador al que tuvimos acceso, el acuerdo plantearía una extensión del plazo, aunque no está definido cuánto”, señaló Lorena Di Giano, directora de GEP, que espera que la difusión atenúe el impacto potencial.
 
Entre otros puntos, el acuerdo incluye clásulas de confidencialidad de datos de pacientes, y el informe del GEP señala que estas medidas también son perjudiciales. Sin embargo, lo más preocupante del estudio es que demuestra cómo se comportarían los precios.
 
Di Giano pone un ejemplo: “El presupuesto para Sida en Argentina fue de US$ 113 millones en 2016. Con la extensión de patentes, sólo para seis medicamentos (10 por ciento total), cuatro de VIH y dos de hepatitis c, se necesitarían 76 millones, es decir, una gran parte de ese presupuesto. Son datos reveladores y muestran el impacto de la firma del acuerdo así como se plantea”. El informe de GEP fue acercado a los negociadores técnicos del Mercosur que entendieron los riesgos, pero de todas maneras las decisiones se toman en esferas ministeriales y presidenciales.
 
“Es preocupante lo que plantea el informe si se firmara el acuerdo”, dice Fernando Avellaneda, presidente de la prestadora de servicio de salud obra social de la provincia argentina de Tucumán y vocal del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).
 
Avellaneda trabajó en el área de salud del Mercosur en 2009 y 2010. Desde entonces, dice, ve cómo representantes de grandes laboratorios a través de distintos organismos piden modelos de libre comercio total.
 
“Es parte de la estrategia de las compañías, que buscan concentrarse en medicamentos caros, que no puedan tener genéricos (o biosimilares)… En resumen, todo lo que impide acceso a medicamentos no debe ser aceptado, teniendo en cuenta que eso es parte de los derechos humanos”, dice.
 
Con ello coincide Rubén Sajem, presidente Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal de Argentina (COFyBCF): “Corresponde rechazar la falacia de que una protección extrema a los laboratorios innovadores funciona como un incentivo global a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”.
 
“Por el contrario, no hace más que profundizar la asimetría en la posibilidad de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y esto es grave en países que tienen una industria farmacéutica con muy buenos recursos profesionales y técnicos, que es posible desarrollar y mejorar”, agrega.
 
Los precios ya son caros y el acuerdo lo puede agravar aún más, explicó Sajem. “El laboratorio propietario de una patente tiene discrecionalidad absoluta sobre el medicamento, en cuanto a su elaboración, al precio, y también sobre los canales y condiciones de distribución y dispensa, en los que trata de maximizar ganancias imponiendo sus condiciones de comercialización”.

Enlace al informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP)

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