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[BUENOS AIRES] La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) —que reúne a 26 empresas de capitales locales— anunció (22 de febrero) inversiones por U$670 millones para los próximos dos años para la producción y exportación de vacunas y anticuerpos monoclonales, entre otros insumos de salud y agropecuarios realizados con base científica.
 
La novedad se dio a conocer junto con el gobierno nacional, que decidió reglamentar una ley para el sector (que llevaba diez años de aprobada en el Congreso pero nunca se había puesto en práctica) que incluye beneficios fiscales e impositivos a manera de estímulo.
 
La inversión impactaría en la creación de unos 800 puestos de trabajo calificados, según fuentes del sector.
 
Fernando Goldbaum, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y uno de los fundadores de la empresa del sector Inmunova, indicó que “son inversiones grandes que ya están en marcha, desarrollos a escala regional y a veces mundial”.

“La ciencia impacta en la tecnología, y desencadena la inversión privada”.

Galo Soler Illia, decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín 

“Van a generar muchos puestos de trabajos para bioquímicos, biotecnólogos y biólogos que tiene experiencia en áreas industriales, puestos que no son los convencionales para la carrera científica, no son académicos”, agregó.
 
Lo mismo opinó Galo Soler Illia, decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín e investigador principal del Conicet: “Todo lo que se invierta desde el sector privado en desarrollo científico tecnológico es un paso muy importante, aunque no debemos descuidar la inversión pública. Es una excelente noticia que una industria relativamente madura funcione así”.

Soler Illia aprovechó para reclamar para su área: “Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia impacta en la tecnología, y desencadena la inversión privada. Y sería bueno verlo en otras comunidades, como en la nanotecnología”.

Entre las empresas que ampliarán su producción está Mabxience, en la localidad de Munro, en el conurbano bonaerense.
 
“Fue la primera en producir anticuerpos monoclonales en América del Sur. La idea es generar una segunda planta, que estará operativa en julio de 2019 y costará unos U$40 millones”, dice Graciela Ciccia, directora de la CAB, a la hora de enumerar los emprendimientos.
 
Pese a la buena recepción de las inversiones, Ciccia destaca que todavía falta que los investigadores se animen a pasar al sector privado. “La vida académica del científico es una y la productiva es otra. Es bueno saber escribir papers, es algo destacable, pero en el sector privado hay más exigencias en cuantos a horarios y vacaciones, más responsabilidades. La vida académica es más relajada”, opinó.
 
Y agregó que “es deseable que los jóvenes al terminar el doctorado vean la posibilidad de crear sus propias empresas”. En ese sentido, la Cámara está detrás de un sistema para la creación de startups y durante 2017 invirtieron cientos de miles de dólares junto al Estado para cinco nuevas proto empresas con proyectos innovadores.
 
Pero no hay unanimidad en el tema. Fernando Peirano, docente de la Universidad de Quilmes y ex funcionario del anterior gobierno nacional dice que “el régimen es positivo pero sesgado al dejar de lado la articulación con el sistema científico y la creación de capacidades propios de I+D industrial.

Esto marca una diferencia con el espíritu de la ley, que buscaba combinar ciencia con producción como fórmula para mejorar la competitividad del sector e incrementar el impacto de la inversión pública en ciencia y tecnología”.