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Mientras los gobiernos disponen de una enorme cantidad de recursos para el desarrollo de tratamientos y de una vacuna contra el coronavirus, aumenta la presión para asegurar que esos resultados alcancen a los más vulnerables en los países en desarrollo.

Académicos, abogados, organizaciones sin fines de lucro y líderes de algunas empresas de biotecnología han escrito a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que “cuanto más ampliamente se comparta la tecnología más vidas podrán salvarse”. La semana pasada, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, urgió a la OMS a generar un repositorio de patentes y datos científicos.

Los temores se acrecentaron luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente intentó comprar los derechos de propiedad intelectual de un proyecto de vacuna contra el coronavirus de una empresa alemana, cuyo trabajo es parcialmente financiado por dinero público, privado y de la filantropía, canalizado a través de la Coalición para las Innovaciones y Preparación Epidémica (CEPI por sus siglas en inglés).

Ali Salanti, inmunólogo de la Universidad de Copenhague que desarrolla una vacuna como parte de un consorcio que recibió US$ 3 millones de la Unión Europea, confirmó a SciDev.Net que fue abordado por muchas empresas que querían comprar los derechos de su investigación.
“Hubo ofertas a las que fue difícil decirles que no desde un punto de vista financiero”, admite Salanti.

Treinta miembros del parlamento europeo se quejaron de que, pese a que se trata de una inversión de la Comisión Europea contra el COVID-19, “aparentemente no se establecieron requisitos o disposiciones legales para asegurar que los resultados de la investigación permanezcan en el dominio público y sean productos accesibles, económicos y disponibles”.

Mientras tanto, temiendo que se les niegue el acceso, Ecuador y Chile han hecho preparativos para emitir licencias obligatorias con el fin de eludir las patentes y poder producir como medicamentos genéricos las vacunas y terapias emergentes.

Desde que se hizo evidente la gravedad de la pandemia del COVID-19, los gobiernos y las organizaciones filantrópicas han invertido grandes sumas en la investigación y desarrollo de tratamientos y vacunas.

“Es crucial preguntar sobre el acceso a la vacuna lo antes posible. Si esperamos hasta último momento, la presión para hacerla rápido será tan grande que este tipo de asuntos se pasará por alto”.

Manuel Martin, asesor en la campaña de acceso de Médicos sin Fronteras.


La Comisión Europea ha destinado US$55 millones a proyectos de investigación, lo que la ubica entre los principales aportantes de muchos proyectos relacionados con esta vacuna. En tanto, muchos donantes canalizan su dinero a través de CEPI, una nueva forma de patronazgo de organizaciones públicas, privadas, civiles y filantrópicas, que intenta generar US$2 mil millones para obtener tres vacunas y que estén listas para ser producidas. En ese marco, ya ha financiado ocho proyectos de investigación.

El Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional lidera los donantes nacionales de CEPI con US$309 millones; Alemania otorgó US$153 millones.

Los activistas señalan que la acción para asegurar que los más vulnerables no sean dejados atrás es crucial ahora, antes de que la vacuna esté lista.

“Es crucial preguntar sobre el acceso a la vacuna lo antes posible”, dice Manuel Martin, asesor de la Campaña de Acceso de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF).

“Si esperamos hasta último momento, la presión para hacerla rápido será tan grande que este tipo de asuntos se pasará por alto”, agregó.

CEPI dice que ahora busca establecer en múltiples jurisdicciones la capacidad de fabricar vacunas contra el coronavirus “para mitigar el riesgo de que algún gobierno local pueda apoderarse de la producción para uso doméstico”.

“Esta forma de actuar podrá asimismo aumentar el volumen de producción y reducir los costos”, dijo un vocero de CEPI a SciDev.Net. Incluso con una fuerte posición negociadora, Martin cree que será difícil para CEPI mantener una negociación bilateral de contratos entre un país y un fabricante de vacunas.

“Esto no es responsabilidad de CEPI. La respuesta necesita ser verdaderamente global, no puede ser nacional”, dice.

Es por eso que la alianza global de vacunas Gavi, la OMS, los gobiernos nacionales, los reguladores, la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas mantienen discusiones urgentes sobre la creación de un sistema de asignación para asegurar que quienes más necesiten la vacuna tengan acceso prioritario.

Esto es esencial por razones de justicia, dice el vocero de CEPI, pero también debido a que “si la vacuna contra el COVID-19 es usada para terminar con la pandemia, necesitaremos asegurarnos que la vacuna pueda ser distribuida globalmente”.

“En la actualidad, no hay una entidad global que tenga esa responsabilidad, por tanto es algo en lo que el mundo necesita comenzar a pensar ahora. Una idea sería establecer un sistema de asignación global justo para cualquier vacuna producida”. El mundo podría acordar un sistema de compras con un agente global, por ejemplo.

CEPI fue acusada el año pasado de debilitar su política de acceso equitativo luego de que los grandes fabricantes de vacunas argumentaron que esa política no era consistente con un modelo comercial competitivo. MSF dice que la nueva política es vaga y no es lo suficientemente fuerte para los laboratorios farmacéuticos o los estados, pero CEPI dice que el antiguo “enfoque basado en normas exigía requisitos de accesos específico que eran inviables” y que habían sido cambiados a un “enfoque basado en principios”.

De todos modos, Martin, de MSF, elogió otras medidas tomadas por la CEPI, como consagrar el principio de acceso equitativo como parte de su misión central, o invitar a la OMS y a MSF a formar parte de las “revisiones de etapas” en momentos críticos de la investigación y de los procesos de desarrollo.

> Artículo original publicado en la Edición Global de SciDev.Net.