Por: Alvar Carranza
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Latinoamérica y el Caribe deben redefinir los criterios para preservar sus ecosistemas marinos, dice Alvar Carranza.
La directiva relativa a la protección marina definida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas (ONU), aprobada durante la 10ª Conferencia de las Partes del CDB celebrada en Nagoya, Japón (2010), establece que en 2020 al menos el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas debe ser protegida.
Dada la importancia social y económica que dichas zonas tienen para los países de América Latina y el Caribe (LAC), la meta política del 10 por ciento parece representar un desafío difícil de alcanzar. En tal sentido, e independientemente de este objetivo, los países de la región deben desarrollar su propia agenda de conservación marina basada en su particular contexto socioeconómico.
La recomendación del CDB se basa en el hecho de que los océanos ─que cubren aproximadamente el 75 por ciento de la superficie del planeta─ proporcionan la mayor parte del oxígeno que respiramos y son fuente de alimento, materias primas y sustancias de interés farmacéutico.
Además, los recursos costeros y marinos y las industrias relacionadas representan más del cinco por ciento del PIB mundial.
Últimamente, para lograr el objetivo político del CDB, algunos gobiernos han establecido gigantescas Áreas Marinas Protegidas (AMP) alrededor de territorios oceánicos prácticamente deshabitados.
“La implementación de AMP basadas en el cumplimiento de objetivos políticos basados en la cantidad de área puede resultar en una inadmisible pérdida de tiempo y dinero”.
Alvar Carranza
Como ejemplo, el AMP más grande del mundo ─situada en el archipiélago de Chagos, que forma parte del territorio británico del Océano Índico─ cuenta con más de medio millón de kilómetros cuadrados, excediendo la meta del 10 por ciento para el caso de Reino Unido. Aunque la implementación de tales AMP es positiva, esto es solo posible para un reducido grupo de países con territorios insulares.
Recursos estratégicos
El costo político de establecer medidas de protección en ambientes costeros cerca de áreas densamente pobladas en países en desarrollo es, sin lugar a dudas, un asunto mucho más complicado.
En ese sentido, los países en desarrollo de América Latina y el Caribe enfrentan múltiples retos que dificultan el acceso a la meta del CDB, al menos bajo el paradigma actual.
En primer lugar, es indudable que en la actualidad los recursos naturales y las materias primas son componentes estratégicos en los procesos económicos para gran parte de LAC.
En paralelo, un gran porcentaje de la población de la región se concentra en la zona costera, al igual que sus actividades socioeconómicas. Estas han generado impactos sobre los ecosistemas marinos, particularmente en la costa atlántica de América del Sur y la costa oriental de América Central y el Caribe, según evidencia un estudio global realizado por el National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS), de la Universidad de California en Santa Bárbara.
El círculo se cierra al considerar que la cantidad y calidad de los recursos naturales de la región depende de la integridad de los ecosistemas marinos.
Una nueva mirada
En LAC, este objetivo político quizá pueda ser redefinido, adoptando otras líneas de pensamiento, incluyendo explícitamente los conceptos de ‘integridad ecológica’ y ‘equidad intergeneracional’.
El concepto de ‘integridad ecológica’ se relaciona con los límites biofísicos de los ecosistemas y se asocia con la capacidad de mantener un sistema con una composición de especies y organización funcional comparable con los sistemas naturales de una determinada región.
En ese sentido, una visión pragmática basada en el objetivo de preservar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos reduciría el problema a la identificación de prioridades para la conservación marina ─tanto a nivel nacional como ecorregional─ considerando las siguientes cuestiones:
¿Cuánto de nuestro capital natural estamos dispuestos a comprometer para asegurar el desarrollo económico y social? y ¿Cuánto de ese capital natural se necesita para asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas marinos?
La respuesta a estas nada triviales interrogantes seguramente trascienda el concepto del 10 por ciento, el cual no asegura el cumplimiento de estos objetivos.
Sin embargo, más allá de lo antes expuesto, existen aspectos éticos a considerar. El concepto de ‘equidad intergeneracional’ hace referencia a asegurar a las generaciones futuras las mismas oportunidades de desarrollo de las generaciones actuales.
En sentido amplio, este desarrollo puede ser visto no solo desde el punto de vista económico, sino que también puede considerar aspectos de la valoración cultural de la biodiversidad. De esta manera, existe una responsabilidad histórica sobre la preservación de especies o ecosistemas únicos de nuestra región, aun en el caso de que su pérdida no comprometa necesariamente a la integridad ecológica.
Así, en un escenario donde la necesidad de desarrollo económico debe ser balanceada con la conservación y uso sostenible de los recursos de los ecosistemas marinos, la identificación de áreas a proteger cobra particular relevancia.
La implementación de AMP basadas en el cumplimiento de objetivos políticos basados exclusivamente en la cantidad de área puede resultar en una inadmisible pérdida de tiempo y dinero, dejando además una percepción negativa en la sociedad.
Para tal fin, y utilizando la mejor evidencia científica disponible, la selección de los ambientes marinos a proteger en la región debe ser realizada con extremo cuidado, tomando en consideración criterios que trascienden el mero cumplimiento de una cuota de superficie protegida. Esto implica que muy probablemente en algunos casos podría ser necesario exceder el 10% establecido por el CDB.
Afortunadamente, contamos actualmente con información y herramientas de planificación capaces de optimizar este proceso, de manera de identificar áreas relevantes para mantener la integridad ecológica de estos ecosistemas.
Algunos criterios ampliamente utilizados para tal fin incluyen la consideración de la contribución del área a la conectividad biológica regional; la presencia de especies endémicas y/o de distribución restringida; la magnitud relativa de procesos ecológicos críticos, como (producción primaria, fijación de carbono), así como la importancia del área en el mantenimiento de poblaciones de interés comercial (ej. áreas de reproducción), combinados con criterios de amenaza o riesgo y oportunidad de conservación.
Finalmente, es necesario admitir que el ser humano es parte de los ecosistemas, y que aspectos económicos como la apertura de un mercado pueden tener efectos más agudos, rápidos e irreversibles que algunos cambios medioambientales. El trabajo de investigación multidisciplinario, incluyendo expertos en ciencias biológicas y ambientales, pero también en ciencias sociales, resulta imprescindible para tal fin.
En este contexto, es fundamental una interacción fluida entre científicos, tomadores de decisión y el resto de la sociedad, de forma de lograr consensos políticos para una protección de los océanos que asegure tanto el desarrollo socioeconómico como la preservación de atributos únicos de la biodiversidad marina.
Alvar Carranza es Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República (Uruguay). Se especializa en investigación básica y aplicada sobre Ecología y Conservación de la Biodiversidad Marina y se le puede escribir a: [email protected]
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