Por: Daniela López
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[CIUDAD DE MÉXICO] La propuesta de modificación de la Ley General de Aguas presentada por el gobierno mexicano el 26 de febrero aún no ha sido discutida por el congreso y ya enfrenta una fuerte oposición de organizaciones civiles, ciudadanos y miembros de la comunidad científica.
“La Ley nos impacta directamente. Nuestro quehacer científico estaría sujeto a control gubernamental por lo que se coartaría nuestra libertad a conocer”, comenta a SciDev.Net Omar Arellano, biólogo y vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Según los investigadores, la iniciativa considera al agua como un bien económico y no un bien cultural lo cual potencia la desigualdad social en el acceso por el aumento de tarifas y promueve la privatización del recurso.
“Los científicos pueden enmarcar la discusión y empezar un proceso de cambio de paradigma”.
Elena Burns, coordinadora iniciativa de ley
Además, afirman que amplía los márgenes de contaminación del agua ya que define una lista de posibles contaminantes pero no sanciona la acción de agregar cualquier tipo de sustancia que afecte negativamente al ser humano o la naturaleza.
Uno de sus puntos más cuestionados es que prohíbe cualquier obra de exploración, estudio, monitoreo y remediación que no tenga permiso gubernamental. La penalización por este tipo de acciones iría de US$ 4.000 a US$230.000.
Un comunicado emitido el 16 de marzo y firmado por los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad de Guadalajara solicita a los legisladores generar un debate “amplio, plural e incluyente” para evitar que la Ley impacte el desarrollo y la realización de investigaciones.
Según Helena Cotler, ingeniera agrónoma e integrante de la Red Mexicana de Cuencas, la iniciativa no prevé propiciar espacios de participación social.
“Nuestro trabajo en la última década ha buscado fortalecer la gestión local de las cuencas, a través de diversos mecanismos de participación social, evaluando el impacto de las actividades productivas sobre la salud de las cuencas y explicando los desastres ocurridos”.
Académicos y organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora General de Agua para Todos presentaron en febrero una iniciativa de ley que garantice el derecho humano al agua.
Elena Burns, coordinadora de la iniciativa, comentó a SciDev.Net que “los científicos son quienes pueden enmarcar la discusión y empezar un proceso de cambio de paradigma: de que el agua no proviene de megaobras, sino de la naturaleza y no hay manera de dominar la naturaleza”.
“Si queremos agua –dijo– vamos a tener que armonizar nuestra relación con la naturaleza”.
Aún no se sabe cuándo se debatirá la ley en el Congreso, aunque el 6 de abril se convocó al inicio de audiencias públicas sobre el tema, situación que será aprovechada por diferentes sectores de la sociedad para propiciar un análisis más profundo e inclusivo.