Radar Latinoamericano: Cómo enfrentar la crisis del agua

El cambio climático reducirá la cantidad y calidad del agua. Hay que prepararse desde ahora, dice María Elena Hurtado.

Para muchos científicos, el anuncio de la NASA el mes pasado de que el derretimiento de la Antártica no tiene vuelta atrás es la mejor prueba del impacto que ya está causando el calentamiento global.
 
En el continente americano los pronósticos del último informe del IPCC indican que la escasez de agua para el consumo humano, la agricultura, la hidroelectricidad y la industria se hará más aguda en las regiones semiáridas, los países andinos y América Central, porque lloverá menos y hará más calor [1].
 
A esto se sumará una creciente demanda por el agua a medida que crezca la población, la superficie regada y actividades productivas como la minería, que la requieren en grandes cantidades.
 
La calidad del agua también puede empeorar por los distintos fenómenos asociados al cambio climático.
 
Más desechos químicos e industriales llegarán a ríos y lagos, arrastrados por escurrimientos causados por precipitaciones extremas o por infiltración de agua salada al subir el nivel del mar, mientras que los acuíferos con un disminuido volumen de agua serán menos capaces de diluir contaminantes.
 
Los países de nuestra región ya están tomando medidas para reducir el desfase entre la cantidad de agua que hay y la que se usa, así como para también prevenir que se contamine. De todos modos, aún falta mucho por hacer para asegurar la disponibilidad de agua limpia en los años que vienen.
 

Planes de largo plazo

 
De partida, todos los latinoamericanos tenemos que entender que el agua con la que contamos y con la contaremos no es ilimitada y que, por lo tanto, hay que usarla y administrarla sabiamente como también distribuirla lo más equitativamente posible.
 
De lo contrario el número de conflictos por el agua escalará. Sin ir más lejos, en mayo 116 personas fueron heridas en la localidad de San Bartolo Ameyanco, Ciudad de México, cuando sus habitantes intentaban detener el desvío del manantial del poblado por parte de las autoridades del agua [2].
 
Al mismo tiempo, es un deber de los gobiernos y las comunidades hacer planes de largo aliento para adaptarse al impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, mitigar sus efectos y proteger a los sectores más vulnerables.
 

“El agua con la que contamos y con la contaremos no es ilimitada y, por lo tanto, hay que usarla y administrarla sabiamente como también distribuirla lo más equitativamente posible”.

María Elena Hurtado

Los planes necesitan asentarse en datos firmes.  ¿Cuánta agua existe? ¿Cuánto se está extrayendo y para qué? ¿Falta agua y dónde? ¿Está contaminada o puede serlo? ¿Cómo se recargan las napas subterráneas? ¿Qué infraestructura tenemos? ¿Cómo podemos mejorarla?
 
Las preguntas suman y siguen: ¿Qué falta hacer para garantizar el derecho al agua? ¿Qué habría que hacer para aumentar la resiliencia frente al cambio climático?
 
Como me dijo un experto, “hay un montón de investigación que hacer, porque si encontramos las teclas correctas para cada situación podremos apretarlas”.
 
La mayoría de las medidas de adaptación vinculadas al agua deben tomarse a nivel de la cuenca  —desde la fuente a la desembocadura—  pero siempre alineadas a las políticas y prioridades nacionales y considerando las necesidades y el comportamiento de los usuarios.
 

Malas prácticas en la región

 
En general, los países de América Latina y el Caribe tienen códigos de aguas, pero con frecuencia los implementan mal o no tienen herramientas o instituciones adecuadas y fuertes para fiscalizar su cumplimiento.
 
Ecuador, por ejemplo, tiene una ley de aguas que no tiene nada que envidiarle a la de países europeos pero, por falta de capacidad, no mide ni la mitad de los contaminantes de las fuentes.
 
Las autoridades a menudo no tienen el poder político suficiente para enfrentarse a industrias poderosas como la minería o la agroindustria que están contaminando o mermando el agua de los acuíferos. Tampoco tienen el presupuesto necesario para instalar redes de monitoreo del agua.
 
Otra de las grandes amenazas a la gestión coordinada de los recursos hídricos es la rigidez de las leyes, instituciones y sistemas existentes de manejo, almacenamiento y distribución del agua que ya no son adecuadas para un escenario de variaciones de lluvias y temperaturas.
 
La Laguna del Laja, el embalse natural más grande de Chile, se llena por agua lluvia y por el derretimiento de los glaciares.
 
Ambos aportes han disminuido por el cambio climático lo que, sumado a la sobreexplotación del recurso, tiene a la laguna con solo 6,9 por ciento de su capacidad. Pero los derechos de extracción otorgados a una central hidroeléctrica y a los regantes siguen siendo los mismos.
 
El convenio para gestionar los recursos hídricos de la cuenca del Laja data del año 1958 no incluye el monitoreo de la dimensión ambiental, por ejemplo cuál es el volumen de los acuíferos o cómo se recargan las napas subterráneas [3].
 

Enfoque sostenibles
 

El monitoreo, la vigilancia y la protección de la calidad del agua, así como el uso racional, y su vinculación al suelo, el bosque y la protección de áreas de recarga de agua forman parte de  la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que es el enfoque en boga hoy [4].
 
Este enfoque toma en su conjunto a los diferentes usos del agua, como agua potable y saneamiento para la población, agricultura, industria, hidroelectricidad y los efectos que uno tiene sobre el otro.
 
Los expertos señalan a Brasil como un país que se destaca en este aspecto [5]. Y también a Colombia, donde las regiones manejan sus presupuestos hídricos en forma autónoma, cobran derechos de extracción e invierten parte de lo recaudado en el manejo de la cuenca.
 
El río Las Ceibas, que baja por profundos desfiladeros desde lo alto de la cordillera oriental de Colombia ha sufrido por falta de agua en verano, cuando baja el caudal del río, y en invierno porque arrastra demasiados sedimentos por la erosión causada por la ganadería y la agricultura [6].
 
Hace cinco años se está ejecutando un plan de manejo de la cuenca financiado localmente que incluye compra de predios para reforestar, evitando así la erosión. También contempla asistencia técnica a campesinos sobre cómo producir alimentos y criar ganado sin afectar los recursos hídricos.
 
Costa Rica también tiene una política muy innovadora de manejo de agua que empezó en los años 90.
 
Consiste en que el Estado paga a usuarios que viven en la parte alta de la cuenca para que mantengan el bosque, usando recursos obtenidos de un impuesto especial a la gasolina. En otras palabras, cobra por algo malo para el medio ambiente y lo invierte en algo bueno.
 
Las buenas iniciativas recién mencionadas reflejan como distintos países están abordando en la práctica algunos de los elementos de la gestión integrada de recursos hídricos.
 
El impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua hará aún más necesario el manejo eficaz de este recurso. Las medidas de adaptación y mitigación a largo plazo pueden ser difíciles y competir por recursos escasos pero más vale no ignorarlas.
 
 
La periodista María Elena Hurtado, basada en Santiago, Chile, se especializa en tendencias, innovaciones y políticas de ciencia y tecnología, desarrollo y educación en América Latina y el mundo. Escribe para SciDev.Net y otros medios digitales.