La gran diversidad de maíz en Perú podría verse afectada con la siembra de variedad transgénica

Andina/Foncodes

[LIMA] El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) realizará muestreos en campos ubicados a unos 180 km de Lima (norte chico) para determinar la presencia de maíz transgénico que habría ingresado al país como alimento para pollos, procedente de Argentina, y fue sembrado ilegalmente.

Así lo confirmó a SciDev.Net el jefe del INIA, Juan Risi, quien dijo también que en 30 días será promulgado el Reglamento Sectorial de Bioseguridad Alimentaria, que normará el ingreso, control y fiscalización de los organismos genéticamente modificados (OGM) en todo el país.

“Se ha conformado un equipo técnico del INIA y ministerio del ambiente para concordar conceptos sobre los que había discrepancia, se está avanzando bien y rápido”, dijo Risi.

La presencia de maíz transgénico fue informada en 2007 por un estudio de la Universidad Nacional Agraria, que detectó variedades transgénicas resistentes a insectos en valles costeños aledaños a Lima.

La denuncia generó una gran controversia pues mientras muchos científicos cuestionaron a su autora, la genetista Antonieta Gutiérrez, por no presentar suficiente evidencia de su metodología de muestreo en campo y trabajo en laboratorio, las entidades opuestas al ingreso de transgénicos, de inmediato le dieron su apoyo.

Pero no fue sino hasta los primeros días de setiembre, fecha en la que el ministro del medio ambiente, Antonio Brack, tildó de ‘irresponsables’ y ‘malos peruanos’ a quienes siembran maíz transgénico, cuando la denuncia quedó confirmada de hecho.

Brack acusó al INIA de no realizar acciones correctivas frente a estos hechos. Sin embargo, Risi afirmó que ya se ha realizado una colecta de plantas en la zona y la segunda se realizará en octubre, e incluirá plantas y granos recolectados en campo, centros de acopio y mercados.

Señaló también que con la aprobación del reglamento de bioseguridad se pondrá fin a estos hechos pues, entre otras cosas, se prevén fuertes sanciones para quienes comercialicen ilegalmente con OGM.

El proyecto de reglamento está en debate público desde hace ocho meses, y ha generado enfrentamientos entre los propios organismos del Estado: el ministerio del ambiente acusó al INIA de tener ‘conflicto de intereses’ al ser el organismo sectorial que debe establecer las normas de bioseguridad, pero también la entidad promotora de la biotecnología.

Sin embargo, Risi dijo a SciDev.Net haberle demostrado al ministro Brack que no existe tal conflicto porque el INIA realiza investigación pública, sin fines comerciales. “Si no hemos avanzado más es precisamente porque nos hace falta la regla”, dijo.