[CARACAS] La reforma de la ley de ciencia venezolana permitió al gobierno recaudar más de US$ 730 millones para destinarlos a proyectos de investigación aprobados por el gobierno en 2011: nueve veces más que en 2010.

Pero la ley sigue siendo controversial, porque persisten las críticas que señalan que otorga al gobierno un control excesivo sobre los programas de investigación y llevará a una reducción en los recursos destinados a ciencias básicas y sociales, porque no figuran entre las prioridades gubernamentales.

La ley original, que entró en vigor hace cinco años, ordenaba a las grandes compañías venezolanas contribuir con entre 0,5 y dos por ciento de sus ingresos anuales a la ciencia, la tecnología y la innovación (CyT+i).

Las empresas podían optar por dar dinero a los proyectos de CyT+i en universidades, centros de investigación e instituciones públicas o privadas, o canalizar los fondos hacia  programas propios. Sin embargo, el gobierno se quejó en 2010 de que la mayor parte del dinero se quedaba dentro de las empresas y que sólo una parte se destinaba a proyectos externos.

De ahí que el gobierno modificara la ley, obligando a las empresas a pagar el impuesto directamente al Ministerio de Ciencia, que luego asigna el financiamiento según sus criterios. 

La decisión fue muy controversial en su momento, pues varios investigadores señalaron que el gobierno la usó para reforzar el control sobre la ciencia. 

Sin embargo, el gobierno sostiene que la reforma ha dado frutos, porque ha impulsado la recaudación de recursos para el financiamiento público de la investigación.

Guillermo Barreto, viceministro venezolano para el desarrollo científico, dijo en declaraciones difundidas por los medios de comunicación a mediados de mes (20 de enero) que el cambio en la legislación había permitido al país financiar 750 proyectos de ciencia y tecnología en 2011, en comparación con sólo 60 en 2010.

Rita Añez, presidente de la Asociación Venezolana de Rectores de las Universidades, confirmó a SciDev.Net que un creciente número de proyectos en la Universidad Nacional Experimental Politécnica —de la que es rectora— está recibiendo financiamiento.

"Tradicionalmente, menos del diez por ciento de nuestros profesores e investigadores recibían fondos del gobierno", dijo y añadió que ese número se ha duplicado. Sin embargo, agregó que, para determinar el impacto global de la reforma, aún debe evaluarse la cantidad exacta de dinero recibido por las universidades que no fueron escuchadas en los debates sobre la reforma.

Pero las voces críticas se mantienen. Marisol Aguilera, presidenta de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, dijo a SciDev.Net que el hecho de que un mayor número de proyectos reciban fondos públicos no es garantía de que se fortalezca el sistema nacional de ciencia y tecnología.

"Las universidades y centros de investigación reciben financiamiento sólo para el desarrollo de algunos proyectos en áreas prioritarias definidas por el gobierno", dijo Aguilera. "La nueva asignación de recursos no ha favorecido la investigación en ciencias básicas y sociales".

Las áreas prioritarias son la seguridad alimentaria, salud, medio ambiente, telecomunicaciones, educación, política y sociedad, y seguridad y defensa.

La reforma ha dado a la gestión de gobierno la exclusividad del manejo de los recursos para la investigación, dijo Aguilera. "Se ha roto la interacción entre investigadores y empresas".