Pagar por servicios ambientales, como la plantación de árboles, beneficia la productividad y al medio ambiente

Archivo fotográfico ELTI

[SANTIAGO] El Pago por Servicios Ambientales (PSA), herramienta que entrega compensaciones económicas a los campesinos a cambio del manejo sustentable de sus tierras, puede ser una buena fórmula para impulsar la reforestación en América Latina.

Así lo indica un estudio publicado en AMBIO: A Journal of the Human Environment (mayo), el que se basó en experiencias desarrolladas en Costa Rica, Colombia y Nicaragua.

En estos y otros países latinoamericanos, gobiernos, privados y ONG pagan a dueños de tierras por plantar bosques nativos o exóticos en sitios degradados.

Además de permitirles enfrentar el alto costo de iniciar una plantación y de ser una oportunidad comercial atractiva, esto genera servicios ambientales tales como secuestro de carbono, recuperación de biodiversidad y protección de suelos y cuencas fluviales, dice el estudio.

Los beneficios de pagar por esos servicios pueden ser grandes en Latinoamérica tropical, donde más de 60 por ciento de las pasturas para ganado están degradadas, con la consiguiente baja en productividad agrícola, erosión del suelo, contaminación de agua, emisiones de gases invernadero y pérdida de biodiversidad.

En Quindío, Colombia, campesinos que recibieron asistencia técnica y PSA adoptaron usos más sustentables de la tierra. En uno de estos casos, el propietario logró aumentar el PSA desde US$259 anuales en 2003 a más de US$1.000 en 2007, obteniendo un total de US$6.600 en el período 2003-2007.

“El proyecto apuntaba a la fijación de carbono y protección de la biodiversidad. Al final de cada año, el propietario recibía un pago por las mejoras introducidas en su finca para generar esos servicios ambientales, las que incluían mejores prácticas de uso del suelo y aumento en la cobertura vegetal”, dijo a SciDev.Net Alicia Calle, investigadora de la U. de Yale, quien analizó este caso.

Calle destaca que “el PSA recibido en ningún caso alcanza a cubrir la inversión hecha para adecuar las fincas. El verdadero valor para los propietarios está en el aumento de la productividad ganadera como consecuencia de haber introducido los sistemas silvopastoriles”.

En Costa Rica —donde el PSA se implementó en 1996 con fondos provenientes de un impuesto a los combustibles fósiles— desde 2003 se han firmado más de 7.000 contratos de sistemas agroforestales, incluyendo la plantación de casi dos millones de árboles.

Florencia Montagnini, académica de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale y coautora del estudio, dijo a SciDev.Net que la implementación del PSA podría extenderse a otros países de la región.

Para ello, agregó, “es necesario cierto nivel de transparencia administrativa, para así lograr apoyo de entidades gubernamentales y privadas a nivel nacional e internacional. También son factores favorables la estabilidad financiera y política del país”.

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