Virus VIH-1 hospedado en un linfócito

CDC/ W. R. McManus Photo Credit: C. Goldsmith / Wikimedia

La Ley para la Prevención del VIH-SIDA, promulgada en Bolivia durante la semana pasada (27 de agosto) establece que todas las instituciones de salud pública, seguridad social y organizaciones no gubernamentales o privadas están obligadas a aplicar instrumentos para la captura, sistematización, consolidación y reporte de la información sobre la epidemia en el país.

Con esta medida, sumada a la disposición de pruebas obligatorias con fines de investigación y vigilancia en personas que enfrentan un riesgo potencial, las autoridades esperan mejorar los trabajos de investigación en salud pública que se han hecho al respecto y tener estadísticas más certeras acerca de la incidencia del VIH-SIDA en el país.

Sin embargo, en la inauguración del Foro Nacional de Personas que viven con VIH-SIDA el 31 de agosto, quienes consideran que el obligar a personas a realizarse la prueba con fines de vigilancia epidemiológica significa una vulneración a sus derechos, manifestaron su preocupación.

Esta ley se aprobó en Bolivia el 8 de agosto, tras cuatro años de esfuerzos ante el Congreso de organizaciones relacionadas con la problemática.

"La aprobación de esta ley es un logro", dijo Daniel Ruiz, investigador del equipo del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), entidad que trabaja en el tema hace diez años.

La ley establece aspectos largamente anhelados por quienes viven con el VIH-SIDA como la asignación de recursos y garantía del Estado para la prevención y tratamiento tanto con medicamentos antiretrovirales, como con remedios específicos para las enfermedades oportunistas.

La normativa garantiza que todas las personas afectadas tienen derecho a "beneficiarse de los adelantos científicos sobre el VIH-SIDA, necesarios para su tratamiento, cuidados paliativos y preventivos".

Además, entre otras varias disposiciones, libera de impuestos y aranceles a la importación de medicamentos, productos biológicos, materiales y equipos comprados o donados.

"Vamos a exigir que lo que está en la ley se cumpla y trabajar para que se modifique lo que no está bien", dijo el director del IDH, Edgar Valdés, durante la inauguración del Foro.